Inundaciones, parcelas y refranero

Dicen que el deporte es sano pero no siempre es así. La semana pasada falté a mi habitual cita con los lectores de Cordópolis por una lesión que sufrí en la mano derecha durante la práctica de mi deporte favorito -el balonmano-, la cual me ha mantenido alejado de todo teclado durante una semana. Como “no hay mal que por bien no venga”, a partir de ahora tengo la prueba irrefutable para silenciar definitivamente a todos aquéllos que alguna vez dudaron de mi “mano izquierda”. De hecho, mientras escribo estas líneas, aún percibo un pequeño dolor en la muñeca pero es probable que éste no se deba a al impacto recibido, sino a la humedad reinante en el ambiente, la cual  nos ha deparado un comienzo de mes de marzo más que lluvioso. No obstante, las precipitaciones no han servido para calmar los ánimos de ciertos parcelistas que andan bastante caldeados por la posible amenaza de una nueva inundación en sus viviendas, circunstancia que se ha convertido en una triste realidad durante los últimos años.

Si bien el golpe recibido me ha imposibilitado escribir, ningún problema he tenido en seguir los contenidos de los distintos medios de comunicación y, sinceramente, estuve a punto de sufrir otra lesión, en esta caso cardíaca, cuando tuve la oportunidad de leer ciertas declaraciones que, como el reflujo de una mala digestión, se repiten una y otra vez cuando en este época del año concurren las causas y efectos que nos ocupan. No es de recibo que un representante público de cualquier formación insinúe que el problema de las inundaciones en las parcelas cordobesas radica en la política de desembalses de la Administración competente en política hidráulica. Esta paupérrima afirmación que he escuchado directa o indirectamente en boca de unos y otros según ocupen el sillón del gobierno o la bancada de la oposición, tiene su base en una supina ignorancia o, lo que es más grave, en una nítida intención de confundir a la ciudadanía con argumentos peregrinos que de antemano se saben falsos de solemnidad. En algunos casos, los máximos responsables de comunicación deberían recordar a sus cargos que “en boca cerrada no entran moscas” ya que cada uno, y más en el ámbito público, será “esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios”

La construcción de cualquier desembalse está acompañada de un plan de gestión que es visado y aprobado por técnicos competentes. Además, existen unos protocolos de seguridad cuya observancia es total y absolutamente rigurosa. En la materia objeto de este artículo, los protocolos de seguridad establecen que los embalses de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir deben estar por debajo del 90% de su capacidad a inicios de marzo ya que aún quedan meses lluviosos por delante y, como ya se sabe, en “abril aguas mil”. Además, los perjuicios que pudiera originar un desembalse planificado siempre serán, en comparación, mucho menores que los producidos por un hipotética apertura descontrolada de las compuertas.

En cualquier caso, no quiero centrar mi reflexión en la actuación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En primer lugar, porque creo que su comportamiento a este respecto se adecúa al sentido común y a sus normas reguladoras. En segundo término, porque creo que le seguiría el juego a todos aquellos que pretenden desviar la atención del principal problema que, a mi leal entender, no es otro que la ubicación de los inmuebles potencialmente inundables. Con los avances técnicos y el acervo estadístico que actualmente posee la Administración, me parece inconcebible que se haya permitido edificar en suelos con riesgo de inundación que, para más inri, suelen ser suelos no urbanizables. No hay que remontarnos muchos años para evocar imágenes de terrenos que tradicionalmente estaban o habían estado ocupados por el río Guadalquivir y sobre los que hoy se levantan viviendas o infraestructuras que, obviamente, quedan anegadas cuando las precipitaciones son más copiosas. Quien construyó era consciente del riesgo que corría y, quien lo permitió, también aunque, en honor a la verdad, es cierto que muchos particulares fueron vilmente engañados por especuladores sin escrúpulos que vendieron unos terrenos sobre los que bajo ningún concepto se debía edificar. Bajo estas premisas, no considero que los únicos culpables de esta realidad sean los parcelistas pero tampoco demonizo en solitario a la Administración. Así pues, si verdaderamente existe intención de resolver este problema, apelo al compromiso de ambas partes. La clase política no puede emplear este realidad como arma arrojadiza y, con un amplio consenso, ha de poner punto y final a esta situación proponiendo soluciones como, por ejemplo, ofrecer (ojo, no regalar) viviendas públicas a las familias afectadas. Por otro lado, los parcelistas han de asumir su cuota de responsabilidad y facilitar la actuación de la Administración, siendo conscientes de que las soluciones faraónicas que algún iluminado propone no son viables técnica ni presupuestariamente ya que, como bien ha plasmado el saber popular, “El agua siempre busca su cauce”. En cualquier caso, continuando con el refranero, quiero poner punto y final a este artículo recordando que Nunca llueve a gusto de todos“ aunque, tal como he expuesto, algunos ”sólo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena“.