Un Decreto que mezcla política y vivienda

Nadie en su sano juicio puede negar que la vivienda y todo lo que conlleva continúa siendo un tema de rabiosa actualidad. Si hace unos años debatíamos sobre su excesivo precio de venta, la especulación que generaba, la cuantía de las hipotecas y la burbuja inmobiliaria, una vez que ésta ha estallado cogida de la mano de la grave crisis mundial que nos atenaza, centramos nuestra atención en las consecuencias de los problemas que no fuimos capaces de resolver en su debido momento. Decía Groucho Marx que “la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. Tal como pretendo demostrar, no siempre se cumple la afirmación que el famoso actor dejó para la historia pero, con frecuencia, acierta.

En mi opinión, el principal problema que vivimos radica en la situación económica que atravesamos y sus consecuencias, circunstancia que sirve para incrementar aún más una paulatina pérdida de valores sociales que nos ha hecho perder la fe en el sistema y sus instituciones. En la temática objeto de este artículo, la crisis ha mostrado que nuestras entidades financieras estaban más interesadas en la promoción de vivienda y en la celebración de hipotecas que en velar por la solvencia de sus cuentas, las cuales no han resistido las continuas embestidas que la coyuntura económica ha propiciado, originando así unos más que preocupantes números rojos que ahogan por completo la economía del país. Simplificando mucho la realidad, podemos afirmar que, si no fluye el crédito en estos momentos de dificultad, las empresas no pueden abonar sus deudas y se ven obligadas a reducir sus costes, entre ellos, los salariales, dando lugar a múltiples despidos. Por su parte, los trabajadores que han perdido su empleo no pueden hallar otro nuevo por lo que, una vez agotadas todas las prestaciones, carecen de recursos para hacer frente al pago de las exorbitantes cuotas hipotecarias que en su día suscribieron, pensando, tal vez, que la época de vacas flacas nunca llegaría.

Alcanzado este punto, la decimonónica y abusiva legislación hipotecaria española propicia que las entidades financieras incrementen sus activos con los inmuebles cuyas hipotecas no han sido satisfechas, mientras que el ciudadano, además de perder su vivienda, aún mantiene la deuda con el banco. En cualquier caso, esta situación de privilegio que ostentan las entidades financieras no sirve para aliviar su situación a corto plazo ya que, por un lado, pierden los ingresos derivados del pago de las cuotas hipotecarias y, a cambio, obtienen unos inmuebles que en su día valoraron muy por encima de su precio actual y a los que, por las circunstancias concurrentes, no puedes dar salida en el mercado. Así pues, según ha quedado expuesto, todo son problemas y contratiempos sin que se vislumbre una solución justa y con carácter de permanencia.

Continuando con la definición de la política que hizo en su día el mayor de los Hermanos Marx, una vez determinado el problema, corresponde a nuestros dirigentes hacer un diagnóstico y aplicar una solución. La protección del derecho a la vivienda de aquellos ciudadanos que se ven desprovistos de su hogar por carecer de recursos suficientes para hacer frente al pago de su hipoteca me parece un certero diagnóstico aunque, a diferencia de la postura del gobierno andaluz, recogida en el recientemente aprobado Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, no comparto la expropiación como solución al problema ya que, en mi opinión, se trata de una medida populista y jurídicamente inviable que persigue un efecto político más que una solución real. Un claro ejemplo de mi argumento, lo hallamos en que una vez publicada la referida norma, la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), entidad pública dependiente de la mismísima Consejería de Fomento, retiró de su página web la información relativa a las más de 8.000 viviendas que posee vacías, evitando cualquier petición para su expropiación por parte de afectados. Así pues, si la propia Junta de Andalucía no piensa aplicar el Decreto Ley en su propio parque de viviendas, sospecho que tampoco lo hará en el de bancos o inmobiliarias porque, entre otras cuestiones, el presupuesto autonómico carece de créditos suficientes para hacer frente a los gastos derivados del procedimiento expropiatorio. Además, el hecho de que el Decreto Ley haya sido anunciado coincidiendo con la tramitación en el Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular sobre modificación de la Ley Hipotecaria, impulsada por la plataforma Stop Desahucios, no me parece una mera coincidencia, sino una jugada de estrategia política muy bien orquestada, por cierto.

No obstante, con independencia de lo expuesto, hay aspectos de la norma aprobada por el cogobierno regional que, además de ser jurídicamente viables, sí me parecen un acierto. En concreto, me refiero a la medida que permite alquilar las viviendas vacías para su ocupación por las familias en situación de exclusión social abonando a sus legítimos titulares, como contraprestación, una renta mensual equivalente al 2% del valor del justiprecio del inmueble. Ignoro si el presupuesto autonómico albergará recursos suficientes para este fin pero, sin lugar a dudas, esta medida sirve para que la ciudadanía pueda recuperar parte de la confianza perdida en la política, demostrando así que Groucho Marx no era siempre infalible.