PATENTES, MENTIRAS Y HEPATITIS C

La pasada semana se celebró, después de dos años de absentismo, el Consejo Interterritorial de Salud (Ministra de Sanidad y Consejeros autonómicos). En esta reunión se aprobó la extensión del tratamiento contra la hepatitis C a todos los enfermos independientemente del grado de afectación. A priori, tendríamos que felicitarnos por esta universalización de las nuevas terapias contra este virus que afecta a más de 750.000 personas y causa unas 4000 muertes al año, en España. Sin embargo existen algunas cuestiones sin resolver que nos dejan un regusto de sospecha al bucear, mínimamente, en los intríngulis de la noticia.

En primer lugar no sabemos el número real de personas infectadas, que varían entre 200.000 y 800.000, según la fuente y según se tengan en cuenta a las personas realmente diagnosticadas o se haga una estimación aproximativa del total de afectadas. Por otro lado, tampoco sabemos el coste real de cada tratamiento. De los 60.000€ por persona y tratamiento que se difundieron en 2014, hemos pasado a los 25.000€ por persona y de estos a 13.000€ en 2017. En algún simposio celebrado el pasado año y patrocinado por la empresa Gilead (la propietaria de la patente del Sovaldi y única comercializadora del medicamento) se ha llegado a hablar de 10.000€ por tratamiento. La razón de este baile de números es que el gobierno español no ha informado de los acuerdos a los que ha llegado con Gilead en cuanto a precios.

Estas cantidades contrastan con el costo de producción de estos medicamentos anti-víricos de acción directa que, distintos especialistas, han cifrado en 101€ por persona y tratamiento. En Egipto, el tratamiento completo sale por unos 900€.

Si combinamos la pre-valencia de la infección (la estimación más baja: 200.000 personas) con el precio también más bajo (10.000€ por persona) obtenemos un costo total de 2.000 millones de euros. Estas mismas personas tratadas con genéricos producidos en India podrían suponer entre 20 y 200 millones de euros. Hay que decir que el gobierno indio no admitió, en principio, la patente de Gilead, por ser un fármaco que ya se utilizaba para las infecciones de VIH, por lo que los laboratorios de India podían producir el medicamento a un costo muy asequible para las personas enfermas y para los sistemas sanitarios públicos.

Y este es otra de las cuestiones sin resolver: por su lado el Ministerio de Sanidad dice a las Comunidades Autónomas que amplíen la cobertura del tratamiento a todos los enfermos con cargo a los presupuestos de cada Comunidad y por otro lado, el Ministerio de Hacienda recuerda el control de gasto para cumplir con las directrices europeas. Esto genera incertidumbre, que puede transformarse en caos, en las distintas administraciones y nos hace sospechar que el acuerdo adoptado en el Consejo Interterritorial de Salud no es más que otro brindis al achicharrante sol de junio.

Desde nuestro punto de vista, existen otras alternativas, recogidas en los acuerdos sobre patentes (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio: se pueden realizar importaciones de otros países productores (como India) o se pueden emitir licencias obligatorias para que estos fármacos sean producidos por laboratorios nacionales a un costo soportable por la hacienda pública y el sistema sanitario español. Sólo hace falta que el gobierno declarare emergencia sanitaria y adopte las medidas consiguientes.

Si no se toman medidas realistas y eficientes no se conseguirá atajar esta epidemia y Gilead seguirá vendiendo a precios "abusivos, codiciosos e injustos" según la Organización Médica Colegial y obteniendo ganancias obscenas (más de 20.000 millones de euros entre 2014 y 2017) gracias al sistema de patentes que se nos ha impuesto y que permite que mueran personas habiendo tratamientos eficaces.

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Publicado el
3 de julio de 2017 - 20:59 h
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