De nuevo la bandera de la democracia se alza desde lugares tristes y oscuros. En estos días, en los que se ultima la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la inclusión a última hora de una nueva competencia de los claustros ha generado un triste debate tan paradójico como poco sorprendente. La enmienda presentada por Esquerra Republicana y EH Bildu, que forma parte del texto de Ley, permite analizar y debatir en el claustro otras temáticas de especial trascendencia, más allá de las hasta ahora permitidas, que debían ser de directa competencia universitaria.
Contra esta propuesta de aire fresco, democrática y de libertad de expresión, se ha presentado una carta abierta a la comunidad política firmada por más de mil profesores/as, con más de trescientos catedráticos/as pidiendo la neutralidad ideológica de la institución, en tanto entienden que la libertad de expresión es un derecho individual y que la autonomía universitaria se constituye exclusivamente como garantía de libertad de cátedra. Lo que no dice la carta es que esa libertad de cátedra solo la tienen los funcionarios de carrera, un porcentaje ínfimo del colectivo universitario, compuesto en su inmensa mayoría por jóvenes de 18 a 23 años. Ningún estudiante ni colectivo estudiantil firma la carta.
El contexto es especialmente importante. La carta ha sido impulsada por el colectivo Universitaris per la Convicència, grupo fundado en 2018 por profesorado de las universidades públicas de Cataluña (con Fernando Savater como unos de sus referentes). En la misiva, el colectivo señala que los claustrales no están legitimados para articular una voluntad política colectiva, so pena de vulnerar el esencial principio democrático de la representación igualitaria. Suena paradójico que una carta expresión de una voluntad colectiva sancione la expresión colectiva para el claustro universitario. Pero eso, el contexto es importante. En estos últimos años, universidades como las de Barcelona o la Politécnica de Catalunya han sido denunciadas cuando tras debate y aprobación en su claustro, realizaban alguna declaración institucional sobre temas políticos y sociales que afectaban a su entorno y convivencia.
La conformación actual del claustro de las Universidades Públicas es una expresión de deformación democrática basada en una representación ponderada de los colectivos de profesorado, investigadores, personal de servicio y alumnado. Con datos del curso 2019/20, en la Universidad de Córdoba, de los 14493 alumnos/as (8215 de ellas mujeres, un 56%), solo 60 alumnos/as tiene derecho a representación sobre un total de 300 claustrales. Los 1558 profesores tenemos, sin embargo, 210 representantes, asegurando así más de dos tercios de representación. El claustro es un espacio diseñado para avalar “democráticamente” las decisiones de un colectivo minoritario de funcionarios.
Pero es que además las Universidades Públicas no han dejado de tener incidencia política en debates ajenos a su competencia directa, lo que ocurre es que no lo hacen desde su “democrático” claustro sino desde su equipo de gobierno. Multitud de declaraciones apoyando leyes, pidiendo regulaciones presupuestarias o sancionando decisiones políticas han ido surgiendo de los equipos de gobierno sin pasar por el filtro del Claustro, eso sí está permitido.
La propia Universidad de Córdoba ha sido un buen ejemplo de injerencias políticas y de acciones claramente posicionadas. No sé qué hubiera pasado si la recepción oficial a VOX por parte del ex rector ahora consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, se hubiera debatido en Claustro, o si esa recepción se hubiera llevado a cabo en otra universidad del espacio europeo de universidades públicas, posicionado contra el ascenso de las ultraderechas y el fascismo.
Villamandos pasó de exigir en su primera candidatura una declaración jurada para no usar el cargo universitario de los miembros de su equipo como trampolín a la política (que fue muy aplaudida), a de forma inmediata forma parte del Gobierno del PP de la Junta de Andalucía con la complicidad de VOX. De su equipo de gobierno han sido varios los que también han dado el salto.
Pero una de las decisiones “democráticas” de directa incidencia política del equipo de Villamandos me cogió muy de cerca. A principios de marzo del año pasado el equipo de Gobierno de la UCO decidió imponernos al colectivo de profesores cortar toda relación académica con investigadores cubanos, salvo aquellos casos en los que éstos realizaran una declaración contraria a las acciones militares de Rusia en Ucrania. La noticia de este chantaje político corrió como la pólvora especialmente por los medios latinoamericanos, donde de forma generalizada fue recibida como una ofensa inaceptable y sin precedentes en el ámbito humanista universitario. Paradójicamente, en febrero de 2020, Villamandos había firmado un convenio en La Habana con las universidades cubanas de Ciencias Informáticas y de Oriente para colaboraciones de movilidad, desarrollo de fortalecimiento de relaciones conjuntas y acciones de intercambio de docentes y estudiantes de ambos países. Ahora, Villamandos y su equipo exigía un chantaje político, haciendo responsables a las compañeras/os de las universidades cubanas de las decisiones del gobierno de su país. Es como si las mujeres que forman parte de la UCO (que son mayoría) hubieran exigido al equipo de Villamados una declaración firmada en la que se posicionara contra las políticas machistas de VOX. Aunque ahora que me leo, esto me suena bastante más democrático. Finalmente Villamandos reculó, supongo que por presiones, no lo se. El daño estaba hecho y las cartas puestas boca abajo. Las universidades deben ser un espacio para las iniciativas de paz y resolución de conflictos, no para los chantajes y el odio.
El caso es que cuando salió esta declaración/chantaje, el profesor Ruslan Muñoz, decano en funciones del grado de arquitectura en la Universidad Tecnológica de La Habana y uno de mis compañeros en el equipo de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación del que soy responsable, ya tenía los billetes de avión para pasar una breve estancia en Córdoba y Sevilla, donde impartimos una serie de conferencias sobre los resultados de nuestro proyecto. Ruslan fue inmediatamente alertado por el rectorado de su universidad y preocupado se puso en contacto conmigo. Profundamente triste y avergonzado le animé a venir, asegurándole que yo asumiría las posibles consecuencias y en todo caso optando por la desobediencia a la imposición del equipo de gobierno de la UCO. Ante la norma y la justicia no me hagáis elegir.
Y también el contexto es importante en esta ocasión. Las personas no son los gobiernos ni piensan como ellos. El proyecto que llevamos a cabo en Cuba es sobre la recuperación de la obra y la memoria del arquitecto Martín Domínguez, uno de los más destacados arquitectos de la generación del 25, miembro de la Residencia de Estudiantes y exiliado bajo pena de muerte por haber participado en el diseño de las defensas de Madrid contra el golpe militar fascista. Domínguez, profundamente demócrata (durante sus años en Cuba se negó a trabajar para el gobierno del dictador Batista), volvió a sufrir un segundo exilio con la llegada de la revolución, terminando sus días como profesor en la prestigiosa Universidad de Cornell (NY). Estos años estamos catalogando su producción cubana, trabajos que han culminado con una reciente exposición en La Habana donde han participado un buen número de profesoras/es y alumnado con un empeño encomiable. Reponer el castigo del exilio a través de la investigación académica es uno de los caminos que nos quedan para llegar a la verdad de los hechos. Y eso ha sido posible en Cuba.
En una de estas estancias de trabajo en La Habana, Ruslan me invitó a su boda con el también profesor Abel Tablada. Fue uno de los primeros matrimonios entre parejas del mismo sexo en Cuba tras la aprobación en consulta popular de esta medida. La ley, aprobada de forma tardía, venía a culminar décadas de luchas por este derecho fundamental en los que ambos han sido muy activos. Abel, su compañero, es parte de esta dolorosa historia. Con el triunfo de la revolución su tío Benjamín fue internado por el gobierno en un campo de trabajo forzado de la Unidad Militar de Ayuda a la Producción donde ingresaban jóvenes que no entraban dentro de los parámetros revolucionarios. Por supuesto, entre ellos estaban los gais. Su tío terminó suicidándose, con 24 años, en 1968, año I de la Revolución. Las lecciones de la lucha por los derechos fundamentales y la dignidad en todo caso, las deben dar los propios cubanos, todos diferentes, con vivencias únicas y muy difíciles. Unos odian la revolución de forma visceral, otros la ensalzan hasta los altares, pero la inmensa mayoría se encuentra en una especie de limbo defendiendo la dignidad, el pan y la alegría en un contexto muy difícil, agredidos desde fuera y desde dentro.
De todo este proyecto me quedo con la implicación de las compañeras/os cubanas mucho más allá de lo exigible, en una situación complicadísima cómo la generada por la pandemia, la crisis energética y la profunda crisis que está viviendo la sociedad cubana. Nunca dejaron de apoyar y trabajar por la memoria de este doble exiliado, reescribiendo su propia historia, haciendo visibles las heridas.
De todo este proyecto también me queda la vergüenza y profunda tristeza que sentí con la declaración del equipo de gobierno de mi universidad.
En fin, no me alargo más. Solo unas palabras a estos que defienden la neutralidad política y el silencio de los claustros invitándoles a alzar primero la voz contra los equipos de gobierno y sus declaraciones políticas unilaterales, a alzarla por la democratización de los claustros y el fin al sistema actual que es reflejo del poder del funcionariado, e invitándoles también releer la historia de nuestra sociedad y el papel que han tenido las universidades públicas y especialmente los estudiantes en las luchas sociales contra la opresión y las injusticias, en España, en Cuba y en todo el mundo. Muchos de los que escriben esa carta por la neutralidad política, disfrutan de su libertad de cátedra y privilegios claustrales en parte porque centenares de estudiantes salieron a la calle luchando por la autonomía política de la Universidad contra el control de la dictadura militar, y fue precisamente en Cataluña, en marzo de 1966, donde se dio quizás el episodio más emocionante, la Caputxinada.
La Universidad debe ser un pilar para la evolución de nuestra democracia. No para su estancamiento. Aquí sería posible otra forma de hacer política. Política limpia.
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