Las reformas silenciadas

Esta Navidad, el Gobierno aprueba gracias a su mayoría dos nefastas reformas: la de las pensiones y la de las administraciones locales. No salen en la tele, pero son las que más afectan

Abres los periódicos del día y solo se habla de Caja Madrid y Miguel Blesa, de Artur Mas y las famosas preguntas del referéndum catalán, de Merkel y su victoria en Alemania, de UGT y los desvíos de fondos públicos. A lo sumo, se habla un poco del tarifazo eléctrico, eso sí, los medios más conservadores informan sobre el tarifazo del PSOE y los más ‘progres’ del tarifazo que impondrá el PP desde enero. Sin embargo, este mes se están tramitando dos reformas que están pasando totalmente desapercibidas para la mayoría de los ciudadanos y que, paradójicamente, son dos de las que más le van a afectar. Por eso el silencio, supongo. Ambas, a cual más peligrosa, se aprueba en estas fechas navideñas para que entren en vigor el 1 de enero. Todo un clásico eso de sacar adelante reformas peliagudas en Navidades, agosto, puentes o fiestas de guardar. O al día siguiente a ganar un Mundial. Todo vale para que se entere poquita gente.

La primera de la que quiero hablar es la reforma de las pensiones del Partido Popular. ¿A que no se habían enterado de que estamos en pleno proceso de aprobación de esta nueva ley? Miento, de hecho, ya está aprobada. Salió del Senado con la mayoría del PP y con el voto en contra de toda la oposición en bloque que presentó nueve enmiendas a la totalidad y 90 parciales. Ninguna fue escuchada.

 Pues bien, con esta nueva reforma, solo las pensiones máximas se librarán de las poderosas tijeras de Mariano y compañía. Los medios han hablado de ella en segundo plano y poco sabemos de lo que trae esta ley bajo el brazo. (Aquí el enlace). En un par de semanas, todos los pensionistas españoles empezarán a sufrir los recortes. Entre 2014 y 2022, el Gobierno prevé ahorrar 33.000 millones de euros. De esto se desprende que en los próximos años los jubilados van a perder poder adquisitivo, aunque claro, la reforma no lo especifica. Pero, si hay que recortar 33.000 millones de las pensiones, ¿cómo no se van a recortar las pensiones?

No obstante, el ahorro se produce de forma creciente. Para el próximo año, el impacto se notaría muy poco: unos 809 millones (el gasto presupuestado en pensiones contributivas este año es de 106.000 millones). Al siguiente, ya sumaría 1.637,74 millones. La cantidad crece año a año hasta 2020, cuando el recorte asciende a 5.234 millones. Entonces la cantidad se estabiliza.

Ahorrar no es recortar dicen desde el Gobierno… Eso sí, todos las previsiones que han hecho para ajustar esos 33.000 millones son en base a una inflación del 1%, algo difícil de creer cuando en 2014, el propio Gobierno, ya prevé una inflación del 1,5% y de un 1,7% para el siguiente año. Es decir, si la inflación está por encima del 1%, algo totalmente previsible, el recorte sería mucho mayor, casi el doble para ser exactos solo durante el próximo año.

Entonces, ¿cuál es el objetivo oculto de esta reforma? Muy sencillo: Potenciar el plan privado de pensiones. Ofrecerlo como algo más que necesario, vital. Una medida que, lógicamente, hace muy felices a los bancos, puesto que obtienen grandes beneficios de estos fondos. Eso sí, la rentabilidad de los fondos privados casi siempre es negativa y, por otro lado, ¿quién se fía de la estabilidad de un banco como para dejar en sus manos su futura jubilación?

La ley tiene muchos más entresijos, pero lo fundamental es lo que aquí se expone: nuestros jubilados van a perder poder adquisitivo gracias a esta nueva reforma. Una reforma, por cierto, obligada por la famosa Troika (BCE, Comisión Europea y FMI) que es quien nos ha dejado el dinero pero para salir de esta, eso sí, con unos intereses que nos van a condenar. A partir de ahora, el dinero que se invertía en el sistema público de pensiones se va a invertir en pagar las deudas, especialmente la de la nacionalización de los bancos. Esos bancos que, paradójicamente, son quienes se van a beneficiar de la privatización de las pensiones. ¿Alguien lo entiende?

Reforma de la Administración Local

La segunda gran reforma que se está aprobando sin hacer ruido alguno es la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, también conocida como Ley Montoro y que no es más que una desamortización encubierta. En apenas dos meses va a salir adelante esta ley a pesar también del rechazo en bloque de toda la oposición, excepto el PNV, que le ha dado la mano al PP. El resto de la oposición había presentado siete vetos a la totalidad y, atención, 447 enmiendas parciales. Oídos sordos una vez más.

El Gobierno sigue con el “mantra” de la estabilidad presupuestaria y ahora, con una estrategia silenciosa y al amparo de su mayoría absoluta, van a vaciar de competencias a los pequeños municipios y entidades locales menores, en un claro afán recentralizador en el que las economías de escala son la justificación neoliberal y tecnocrática de la eficiencia, y las diputaciones provinciales se convierten en las grandes beneficiarias de las reformas previstas y del control del mundo rural.

En pocas palabras, los ayuntamientos de los pueblos con menos de 20.000 habitantes, las juntas vecinales, parroquias y concejos (Entidades Locales Menores), que funcionan especialmente bien en Castilla y León, desaparecen, acabando así con la autonomía del mundo rural. ¿Y qué será de estos pueblos? Pues pasan a manos de los ‘entes’ más baldíos del sistema político español: las diputaciones provinciales, cámaras donde asentar todos esos culos que no caben en el Senado. En primer lugar, los servicios públicos desaparecen de los pueblos o dejan de estar controlados por estos. Es decir, pasan a manos de la Diputación de turno que, a su vez, los privatizará: arreglo de calles, recogida de basuras…  Y cómo no, las juntas municipales que a modo de cooperativas sacan adelante multitud de proyectos sociales, están condenadas a desaparecer. Pero hay más, todos los montes municipales y recursos naturales que posean estos pequeños pueblos y mancomunidades pasan a manos de las diputaciones.

¿Y cuánto ahorramos? Pues los cambios sustanciales que se proponen respecto a entidades locales y mancomunidades suponen un 1% del ahorro total previsto por el Gobierno: 72,8 millones de euros –poco más de lo que cuesta el mantenimiento anual de la familia real– ahorrados al precio de alejar los centros de decisión y mermar la cantidad y la calidad de los servicios rurales traspasando la gestión a manos de ayuntamientos más grandes y diputaciones.

Los Concejos, Pedanías y Parroquias se han unido en un frente común, pero nadie les quiere escuchar. Los pueblos son nuestro pasado y nuestro futuro, pero para el todopoderoso sistema no son nada. Solo cabe esperar un milagro en el Congreso y que el PP escuche alguna de las múltiples enmiendas presentadas. Aun así, al igual que con la Ley de Educación, toda la oposición se ha posicionado ya y ha asegurado que cuando el PP pierda su mayoría, esta ley desaparecerá. Aun así, ¿será entonces demasiado tarde?