La paz social tenía un precio

Podría ser el título de una película de Sergio Leone, pero ese titular me parece un buen resumen para todo lo que ha ocurrido para que a día de hoy haya una acusación formal en los tribunales contra dos expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán (la acusación que pesa contra él es la más grave) y Manuel Chaves. La paz social tenía un precio y es el que están pagando ahora estos dos expresidentes.

Dudo mucho que las irregularidades administrativas que han saltado por los aires con los casos ERE, primero, y el de los cursos de formación, después, transcurrieran durante más de una década sin que ninguno de los dos expresidentes supiera nada. Nadie les está acusando de haberse quedado con un duro (probablemente, de hacerlo, habrían sido detenidos) sino de algo que no es menos grave: haber hecho la vista gorda. Algo muy español, por cierto.

Antes de la crisis, cuando se infló la burbuja inmobiliaria, Andalucía no era un paraíso laboral, ni mucho menos. Recuerdo escribir en la provincia de Córdoba sobre el cierre de muchas empresas históricas, del inicio de manifestaciones que rápidamente se apagaban, desactivaban o desconvocaban, porque alguien había firmado un suculento ERE que dejaba contento a todo el mundo. Las empresas cerraban en silencio. Los trabajadores protestaban solo un poco, los sindicatos no elevaban mucho la voz y en Andalucía reinaba la paz social. Ahora sabemos que para que esa paz social reinase había un sistema detrás plagado de irregularidades, que además ha sido aprovechado por listos para, simple y directamente, lucrarse a costa de todos los andaluces.

Andalucía siempre fue una región castigada por el paro, hasta cuando mejor iban las cosas en la economía. Por eso, era anualmente regada con millones de euros en forma de ayudas europeas. Muchas de esas ayudas iban a financiar los programas como el de los ERE fraudulentos. Otras, a los cursos de formación. Ese dinero, supuestamente, debería haber servido para reconvertir económicamente los pueblos y ciudades en los que las empresas echaban la persiana, sin dar más explicaciones y haciendo mutis por el foro. Además, a esas empresas pocas veces se le pedía explicaciones. Es más: se les incentivaba a cerrar, ya que sabían que si presentaban un ERE iba a llegar la Junta de Andalucía a regarlo adecuadamente para que los trabajadores no hicieran mucho ruido.

Todo el sistema se vino abajo por el empecinamiento de una jueza, Mercedes Alaya, tras una investigación más larga de la cuenta pero que se sostenía en indicios más que sólidos. La paz social tenía un precio, y Chaves y Griñán parece que ya lo saben.