La Magna, la Vía y la Cruz

Una ciudad que funciona “como Dios manda” debe supeditarse a la ciudadanía que la habita. Esto es, debe desarrollarse y organizarse de tal manera que se configure en favor del bienestar y el beneficio de sus habitantes, tanto a nivel individual como colectivo.

No obstante, la definición de bienestar y beneficio social está en constante negociación. ¿Qué es lo mejor para la ciudadanía? La creación de empleo, dirán unos. La salud, la educación, dirán otras. La generación de riqueza. El cuidado de la infancia. El medioambiente. La seguridad. El descanso. El ocio. Cada grupo social, cada sensibilidad política, defiende su propia versión del bienestar, y la ciudad se convierte así en el escenario de una negociación permanente, que es eminentemente ideológica.

Sea como fuere, el interés general sobresale como criterio dominante y, por norma general, tiene primacía sobre los derechos individuales en una ciudad. Aunque es un equilibrio complejo, el interés público puede limitar los derechos individuales para el bien común, siempre bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y respeto a la ley.

La Magna y los fastos

Hemos dejado atrás los fastos de una nueva exhibición de fervor religioso: el Vía Crucis Magno. Un evento de tal magnitud, en términos de área implicada y de participación de multitudes, que jamás podría celebrarse sin alterar por unas horas —o días— el normal funcionamiento de una ciudad.

Afecta, inevitablemente, a los lugares donde se desarrolla, pero también a los barrios circundantes. Condiciona a la policía, a los negocios, la celebración de otros eventos, el acceso a las viviendas y, sobre todo, la circulación antes, durante y después.

La organización de eventos magnos —y magnos eventos— pone de manifiesto cómo una ciudad puede gestionarse priorizando unos criterios (religiosos, en este caso) en detrimento de otros (el tráfico rodado, por ejemplo).

La vía y la circulación

Ha levantado mucha polvareda entre el cordobesismo —sobre todo el no cofrade— la decisión de restringir la circulación del vehículo privado en la medina de la ciudad y los alrededores, durante la celebración de la Magna. Básicamente del coche. Y las quejas se amplificaban sobre todo en el caso de la salida y entrada a los garajes.

Las redes sociales reflejan la indignación por una medida que muchos consideran un atropello a la libertad de movimiento “por la enésima procesión del año”. Y no han sido pocas las voces que recurren al manido —y extremo— ejemplo de qué hacer en caso de emergencia.

La excepción, lo urgente, no puede siempre condicionar la regla. Por ello, si la abuelita o el abuelito se ponen malos, ya se buscará la manera de que lleguen cuanto antes al hospital. La gestión urbana no puede girar eternamente en torno al “por si acaso”.

El Ayuntamiento de Córdoba —con áreas de Seguridad Ciudadana y Vía Pública, de Movilidad, la Delegación de Casco Histórico, entre otras— tiene toda la potestad para desarrollar el plan de tráfico apropiado que propicie la celebración de eventos de gran afluencia, como ha ocurrido con el Vía Crucis. Y, para ello, la circulación en vehículo privado queda totalmente subordinada al interés general.

Esto no es un caso aislado. Planes especiales que afectan a la movilidad se desarrollan con frecuencia, desde el Carnaval a la Feria, desde la Navidad a la Semana Santa. O para que se haga una manifestación en favor de la sanidad pública.

En condiciones normales, esto no debería sorprender a nadie. Incluso en periodos del pasado donde el desarrollo normativo era menor —o quizá precisamente gracias a ello— nadie ponía en duda que el uso del espacio público debía supeditarse a lo común.

Pero la evolución del concepto de lo urbano no siempre es uniforme, y en ocasiones está tan atrofiado que la jerarquía se invierte. El coche privado se ha convertido en el sancto sanctorum de la movilidad moderna: intocable, aun cuando su uso entra en conflicto con la propia vida de la ciudad.

La paradoja institucional

Es curioso que un Ayuntamiento que no es capaz de cerrar ni una sola avenida para la celebración del Día Mundial sin Coches, o que organiza una Semana de la Movilidad Sostenible con conciertos de piano o pasacalles de la Patrulla Canina, no reconozca sus propios hitos cuando, durante días enteros, entrega la ciudad a sus habitantes y visitantes. El Área de Movilidad debería plantear desde una perspectiva más local los retos a los que se enfrenta una ciudad que se achicharra y que sólo invierte en asfalto.

La batalla cultural por una ciudad más sostenible y amable no puede presentarse con los marcos mentales que vienen de fuera. Porque, de hecho, en esos días de eventos religiosos, la movilidad NO contaminante se impone de manera natural: se prioriza el desplazamiento a pie, se evacúan los coches del centro histórico y buena parte de la periferia, y la ciudad respira.

El Vía Crucis Magno puede que sea la mayor campaña por la movilidad sostenible que se haya celebrado en los últimos años. Las plazas y las calles llenas de personas de todas las edades. Y no de coches. Así que quizá haya que darle una vuelta a la Semana de la Movilidad. Cambiarla de fecha o aprovechar lo autóctono para ir robando espacio al coche privado.

Ya podrían implementarse políticas de movilidad así en otros ámbitos, con la misma contundencia y con mayor frecuencia. Porque lo que es seguro es que si una ciudad puede cerrarse para un desfile religioso, a razón de una procesión cada cuatro días. También puede, y debe, hacerlo para auto proveerse de salud, de sostenibilidad y de bienestar para su gente. A diario.

Magna circulatio

Un caso aparte es el acceso peatonal a la vivienda. Ese sí es un derecho fundamental, que puede verse condicionado temporalmente por causas de interés general, pero que no debería restringirse de manera recurrente ni abusiva bajo pretexto del uso público religioso o de cualquier otra índole.

La circulación y el acceso a determinados lugares en vehículo a motor privado, en cambio, no son derechos. Son una distorsión del concepto de ciudad y una exacerbación de lo individual que no encuentra respaldo en ninguna legislación.

De hecho, cuando se convoca una manifestación, los sectores opuestos suelen aprovechar los atascos para criticar tanto a los manifestantes como a sus proclamas. Se pone el grito en el cielo por el caos y blablablá. Cayendo en la misma lógica de orillar la verdad inapelable de que el tráfico, ¡oh sorpresa!, se caotiza por sí mismo: en condiciones normales, el tráfico ya es generador de caos. No necesita manifestaciones ni procesiones para saturar la ciudad. No hay avenidas lo suficientemente anchas para evitarlo ni se requiere ayuda cofrade alguna para demostrarlo. Y unas gotitas de agua bastarán para el colapso.

Puestos a rasgarse las vestiduras, mucho más aberrante aún es la celebración de un rally de coches —¡un rally!— en pleno casco histórico. O, hablando de esta “magna”, más criticable es que la sala hipóstila del templo más importante de Al-Andalus se convierta en un burdo “parking completo” de parihuelas de dudoso encaje estético y de patrimonial.

La cruz magna

Podremos opinar y debatir sobre hasta dónde queremos saturar el casco histórico, el colapso del entorno de la Mezquita, o si es de recibo una procesión cada cuatro días. Si queremos ruido y caídas por cera de manera permanente. Quizá hay espacios más apropiados para ello. El propio mundo cofrade comienza a dar síntomas de hastío, e incluso los mandamases de la iglesia muestran sus reticencias.

También deberíamos preguntarnos si estas son viables económicamente, pues no olvidemos el pingüe capital que suponen los dispositivos de seguridad, de limpieza y otros costes públicos. La ingente cantidad de basura y suciedad que se genera. O si ciertas actividades son compatibles con el derecho al descanso. La vecindad se solivianta, por ejemplo, por un sólo evento de la Quilombera del pasado fin de semana, en el Cine Fuenseca, pero muestra más docilidad cuando la molestias proceden de otros ámbitos.

Pero cuidado con caer en la lógica falaz de criticar las consecuencias en el tráfico (que todo lo engulle), en función del lado que nos toque; cuando la causa no nos interesa. Con un razonamiento tan endeble la crítica se puede volver en contra como un bumerán.

En consecuencia, de lo que podemos estar seguros es de que, si una mayoría de ciudadanos aprovecha un evento para apropiarse de la ciudad y ello implica expulsar el coche privado y limitar su uso, existe toda la legitimidad para hacerlo. No sólo es lícito, sino que además es una pugna que juega en favor de casi todas las políticas medioambientales, de salud y pacificación de la movilidad urbana, en consonancia con los cacareados Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde este espacio defendemos una ciudad entregada a la ciudadanía, a la salud y al bienestar general. Por ello entendemos que el tráfico rodado es una herramienta, no un fin en sí mismo, y debe estar subordinado. El contenido que luego se dé a esos cortes de tráfico —religioso, festivo o político— es otro debate, y quizá el que realmente deberíamos abordar.

Retomando la idea principal de todo lo anterior podemos concluir que el conflicto, en este caso, juega a favor de la ciudadanía y en contra de la circulación motorizada y contaminante que, junto con la vivienda, es la cruz máxima que martiriza nuestras ciudades.