Mi Maricarmen (I)

En el año 1976 mis padres compraron una vivienda de nueva construcción con la que complementar sus ingresos, pensando en el futuro. A través de unos conocidos alquilaron aquel piso a una pareja joven de recién casados que llegó con las mejores referencias. Él tenía un buen trabajo como funcionario y ella, como la mayoría, ama de casa. Los perfectos inquilinos. 

El contrato de arrendamiento lo firmaron el 1 de abril de 1976. La renta, 59.364 pesetas al año, pagadera en 12 mensualidades y la duración un año. Para los que nacieron después del 2000, o para los que ya no se acuerdan del cambio, la renta mensual equivalía a 29,72 euros actuales.

Ese contrato, como no podía ser de otra manera, estaba sometido a la Ley de Arrendamientos Urbanos entonces vigente. Esto es, la Ley de 1964, una ley netamente franquista que, atención, era absolutamente protectora de los derechos de los inquilinos. Tanto, como para establecer la renovación indefinida de los contratos -mientras el arrendatario quisiera- y la congelación de la renta. ¿Les suena? Sí, como lo oyen. 

Y así fue como aquella pareja, alta y estilosa, estrenó el piso de mis padres, un piso con ascensor, tres grandes dormitorios, todo exterior, un gran salón, baño, cocina y hasta dos terrazas. Tenían toda vida por delante. Y tanto que sí.

España estaba inmersa en aquel momento en una transición compleja. El 4 de mayo de aquel año apareció el diario El País, publicando su primer número. El Rey Juan Carlos visitó Estados Unidos dando un discurso en el que se comprometió a democratizar España y en julio dimitió el presidente Arias Navarro, llegando al cargo Adolfo Suárez. 

En aquel momento el objetivo no eran las viviendas, sino la libertad. Una palabra que se gritaba a pleno pulmón en cada esquina, tal vez porque no había ninguna, mientras que viviendas había y, además, de protección oficial, amén de unos alquileres completamente blindados por la Ley. Tal cual. Lo que petaba entonces no era acampar por la vivienda, sino correr delante de los grises. 

Pasaron los años, llegó la Constitución y España empezó a oler de otra manera. Ya no era rancia. Tanto, que en 1985 aparece en escena un ministro socialista que se convierte en la estrella, hasta del papel couche. Economista, socialdemócrata, con mucho glamour, porte elegante y muy proclive a la liberalización económica de los mercados para que España creciera. Uno de sus objetivos para reactivar la economía, el estancado mercado de la vivienda y los alquileres.

Así que el socialista se marcó un Real Decreto-Ley y pulverizó todas las prebendas franquistas que hasta entonces tenían los inquilinos. Se acabó la prórroga forzosa obligatoria para los nuevos contratos; liberalizó el precio de la renta en base solo a la oferta y la demanda y dio rienda suelta a la duración del contrato: la que libremente fijarán las partes. Toma ya.

Mientras esto ocurría, la pareja de inquilinos de mis padres seguía con su vida adelante. Tuvieron descendencia, cada año prorrogaban sin problema su contrato y, además. seguían pagando exactamente la misma renta que el primer mes de 1976, pese a que habían pasado nueve años y la economía española había mejorado de manera importante. La modernización culminaría con nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986. 

A Juan y Mari, llamaremos así a nuestros inquilinos, les importó un pepino el Decreto Boyer y lo que supuso en el mercado de vivienda. Tanto supuso ese Decreto socialista, que fue el momento en que los baby boomers empezaron a comprar como locos sus propias viviendas. Y es que el alquiler ya no era nada seguro… salvo para Juan y Mari. Como el decreto Boyer no tenía efectos retroactivos y ellos seguían blindados por la ley franquista del 64, con sus prórrogas infinitas y cero actualización de la renta… ¿para qué iban a comprar, o tratar de mejorar ? 

Estaban donde ahora queremos estar. 

(continuará)