Transparencia para todos

El próximo diez de diciembre entra en vigor la nueva legislación de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. El principal destinatario de esta ley es la administración pública. Dará a conocer sus actuaciones, empezando por un organigrama de sus responsables y sus retribuciones. Se harán públicos todos los contratos y subvenciones concedidas, así como sus cuentas anuales.

Estas obligaciones no afectarán únicamente a la administración, sino también a las entidades privadas que reciban ayudas públicas. Como criterio de sujeción se ha establecido un umbral mínimo a superar, fijado en 100.000 euros o el 40% de los ingresos de la entidad. Esto hará más transparentes, al fin, a partidos políticos, sindicatos y entidades religiosas. La aplicación a estos sujetos será la más controvertida, por los ambiguos conceptos de las ayudas públicas que reciben.

El caso de la Iglesia Católica es el más especial, por recibir unos ingresos millonarios de difícil clasificación, la asignación del IRPF. La dificultad estriba en no ser técnicamente una subvención al no destinarse a un fin concreto que deba justificarse. No encaja por no tener nombre, por ser un privilegio único. Para entender su inclusión en la ley de transparencia no hay que pensar que marcar la casilla del IRPF es hacer una donación a la Iglesia. Más bien, lo que supone es una salida de dinero público de los Presupuestos Generales del Estado. Esto sólo puede significar dos cosas: que es una ayuda pública o que la Iglesia es parte del Estado. Queremos pensar lo primero.

La Diócesis de Córdoba destaca por la oscuridad en su gestión económica. El dogma de fe que han sido sus cuentas hasta ahora debe acabar con esta nueva normativa. Deberá hacer pública su contabilidad real y completa, incluyendo la explotación de la Mezquita-Catedral. No sobraría una explicación de las cuentas anteriores, que son todo lo contrario. Deben ofrecer un organigrama completo de sus responsables con su trayectoria profesional, con hitos como la sanción por el Banco de España por su gestión de Cajasur. Tendrán que dar a conocer las retribuciones de sus altos cargos, para que veamos su encaje en lo que propugnan. En resumen, deben cambiar su modelo de actuación, y deberían cambiar sus responsables. Pasar de su oscuridad egoísta a la transparencia de lo que es de todos, de lo público.

Claudio Rodríguez Vera Licenciado en Derecho

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21 de septiembre de 2014 - 04:01 h