UGT SP Córdoba denuncia incumplimientos laborales en el servicio de ayuda a domicilio en Palma del Río
UGT Servicios Públicos (UGT SP) Córdoba participó ayer en una marcha y concentración, junto al resto de sindicatos presentes en el Comité de Empresa de Óbolo, adjudicataria del servicio de Ayuda a Domicilio en Palma del Río a través de una licitación municipal financiada con fondos públicos de la Junta de Andalucía. Más de 250 personas salieron a la calle para denunciar la situación laboral que atraviesan las trabajadoras del servicio.
La secretaria de Salud y Servicios Sociosanitarios de UGT SP Córdoba, Mari Carmen Heredia, denunció “el incumplimiento reiterado del convenio colectivo por parte de la empresa, con prácticas que vulneran los derechos de las trabajadoras: contratos con más horas de las que realmente se trabajan para pagar menos, jornadas partidas sin reconocimiento del tiempo intermedio, nóminas con errores y retrasos o diferencias salariales injustificadas”.
Heredia subrayó que “se trata de un servicio esencial para personas dependientes, financiado con dinero público, y la Administración no puede desentenderse ante estos abusos”.
La responsable sindical detalló otros incumplimientos, como “trabajadoras que no reciben copia de su contrato, llamadas para cubrir servicios no previstos sin aviso ni compensación, pérdida de festivos que coinciden con días libres, falta de equipos de protección adecuados o graves descoordinaciones en la asignación de personal, enviando dos auxiliares a un domicilio mientras otros quedan desatendidos”.
UGT SP Córdoba exige el cumplimiento íntegro del convenio colectivo, el respeto a los derechos laborales y la garantía de condiciones de trabajo dignas, estables y seguras. Asimismo, pide la implicación del Ayuntamiento de Palma del Río y de la Junta de Andalucía para que exijan responsabilidades a la empresa adjudicataria.
“Estamos cansadas de que se repitan estos hechos en empresas que ganan concursos públicos sin que después se controle el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Estas trabajadoras son quienes cuidan de nuestros mayores y de personas dependientes; merecen respeto y dignidad”, señaló Heredia.
Finalmente, la representante sindical instó a la empresa y a las administraciones a “alcanzar un acuerdo inmediato para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales. Si esto no es posible, debe resolverse la licitación y asumir el servicio desde el propio Ayuntamiento, ya que hablamos de un servicio público esencial y de dinero público que no puede destinarse a empresas con ánimo de lucro que no cumplen”.
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