El PSOE propone medidas urgentes por la sequía y servicio de taxi en la provincia

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, y la diputada provincial socialista Mamen Pozón han presentado este jueves las mociones que el Grupo Socialista llevarán al próximo Pleno de la institución provincial, relativas a medidas urgentes “de auxilio ante la sequía y los problemas de abastecimiento de agua”, y sobre “una línea de ayudas” para que los ayuntamientos “puedan contratar un servicio de taxi que garantice la movilidad y acceso de los vecinos a los servicios básicos, sobre todo de quienes viven en zonas rurales”.

Así, según ha avanzado Romero en rueda de prensa, defenderá una propuesta para instar a la Presidencia de la Diputación “a crear y convocar con carácter de urgencia la Mesa del Agua de Córdoba, compuesta por representantes y personal técnico de todas las entidades competentes en materia de agua, con objeto de establecer líneas de trabajo coordinadas que garanticen el abastecimiento a la población, así como las líneas de actuación preventivas para evitar que otras comarcas” cordobesas sufran “la misma situación” que la zona Norte, “garantizando el suministro de agua de calidad en nuestros pueblos”.

Igualmente, Romero ha defendido la necesidad de instar al Gobierno andaluz a aprobar, “de manera urgente, una convocatoria extraordinaria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a cofinanciar los gastos extraordinarios realizados por ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y consorcios, generados por el transporte de agua destinada al consumo doméstico mediante vehículos cisterna, o por la ejecución de obras o actuaciones de urgencia equivalentes destinadas a resolver de forma inmediata los problemas de potabilidad o carencia de agua para abastecimiento humano”.

A juicio del portavoz socialista, “es completamente inasumible el coste del transporte diario de agua al Norte de la provincia” que, mediante camiones cisterna, lleva a cabo la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), dependiente de la Diputación y “cuyo déficit podría oscilar ya entre los cuatro y los seis millones de euros, según las estimaciones que nos llegan”.

Para Romero, la Junta “no puede dilatar por más tiempo su responsabilidad y competencias en el asunto”, aprobando “un plan de obras de emergencia para el impulso de los sistemas municipales y supramunicipales de todas las provincias andaluzas, que garanticen el acceso universal, de carácter domiciliario y a un precio accesible y unitario, de un volumen de agua apta para el consumo humano para atender las necesidades básicas, así como al saneamiento en todos los municipios de Andalucía”.

El portavoz socialista ha recordado que la escasez de recursos hídricos “está provocando restricciones en el uso del agua desde hace ya cuatro meses en los municipios del Norte de la provincia, afectando a más de 80.000 habitantes, a los que hay que abastecer con camiones cisterna por la no potabilidad del agua embalsada en La Colada”.

Por ello, ha exigido al Gobierno andaluz que ponga en marcha “un plan para garantizar la sostenibilidad a corto, medio y largo plazo de este frágil recurso, comenzando por la ejecución de las obras que el Gobierno de Moreno declaró en 2020 de interés de la comunidad en el embalse de La Colada, que aún no han sido llevadas a cabo”.

También debe la Junta, a juicio de Romero, continuar “con la asistencia que le marca la Ley 9/2010 de Aguas para Andalucía, cuyo artículo 11.2.c atribuye, como función de la Administración andaluza en materia hidrológica, la de su regulación, así como la de establecer el apoyo técnico y las medidas de auxilio económico y fomento a corporaciones locales, otras entidades y particulares para la realización de los objetivos de la planificación hidrológica”.

En este sentido, Romero ha relatado que la Diputación, junto a mancomunidades y consorcios de Córdoba “están asumiendo gastos extraordinarios y urgentes para financiar la llegada de agua a la población mediante camiones cisternas, mientras que la administración que debe auxiliarles, la Junta de Andalucía, no propone ni aporta soluciones, ni ayudas al sector”.

Transporte comarcal

Por otra parte, la diputada provincial socialista Mamen Pozón, junto al presidente de la Asociación del Taxi Rural de Córdoba, Antonio Barón, y el vicepresidente de la Unión de Autónomos del Taxi en Andalucía, José Hoyo, ha reclamado al gobierno de la Diputación “que convoque una línea de ayudas dirigidas a las entidades locales de la provincia cuyo objetivo sea la contratación anual de servicios de transporte discrecional en taxi en sus municipios, para cubrir las necesidades de movilidad obligada de la propia entidad o de la población en general”.

Pozón ha implicado también a la Junta de Andalucía, para que establezca conciertos con las asociaciones del taxi rural, “para los desplazamientos obligados de la población para atención sanitaria o social”, así como a aumentar en la provincia el número de rutas dentro del Programa Andalucía Rural Conectada, ahora con “sólo cuatro rutas, en las que se prestan dos servicios semanales, debiendo ser concertados con una antelación mínima de 24 horas, resultando del todo insuficiente”.

La diputada socialista ha señalado que el reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre declara el “carácter de servicio de interés público del transporte de viajeros en taxi”, dada la naturaleza de la actividad, “ya que ha de garantizar un servicio de calidad para todos los usuarios, no discriminatorio y con una cobertura de prestación suficiente en todo el territorio”.

Pozón ha recordado que “nuestra provincia está compuesta en su mayor parte por municipios pequeños, muchos de los cuales sufren un aislamiento geográfico, siendo zonas con baja demanda de transporte público, que hace inviable la prestación de servicios por empresas concesionarias del transporte público colectivo, y no contando con un recurso regular que facilite el desplazamiento de los vecinos a los núcleos de población de referencia para el acceso a servicios básicos”.

Ello afecta en mayor medida “a los vecinos de avanzada edad, que suelen tener limitaciones a la movilidad, y que ven en el taxi rural su única opción para satisfacer sus necesidades de movilidad obligada”, y para ello en Córdoba existen ahora 221 licencias de taxi operativas, “disminuyendo su número en los últimos años debido a la falta de servicios por la despoblación”, y por “el cese de conciertos con la Junta de Andalucía para atender desplazamientos para servicios sanitarios, que se ha visto reducido al programa de diálisis”.