La Diputación transfiere a los ayuntamientos 65,3 millones de euros para la Ayuda a Domicilio
La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), ha rubricado los convenios de colaboración con 69 ayuntamientos de la provincia menores de 20.000 habitantes por valor de más de 65,3 millones de euros, un 8,8 por ciento más que el ejercicio anterior, para garantizar la prestación del servicio provincial de Ayuda a Domicilio del que se beneficiarán 9.294 usuarios, gracias a un convenio con la Junta de Andalucía.
En este sentido y en rueda de prensa, el presidente de la Diputaicón, Salvador Fuentes, ha detallado que el objetivo de este servicio de asistencia provincial es “la mejora de la calidad de vida, la autonomía personal y la inclusión social de las personas en su medio habitual, al igual que la prevención de las situaciones que puedan motivar un deterioro físico o psíquico y la intervención en situaciones de riesgo social o desprotección, entre otras”.
Además, Fuentes ha subrayado que, “en lo referente al presupuesto, se ha conseguido un incremento del presupuesto del 8,8 por ciento, es decir se pasa de 60.056.167,84 de euros a 65.362.671,84 euros, más de cinco millones de euros; y se va a dar servicio a 639 usuarios más que el año pasado, pasando de 8.655 a 9.294 beneficiarios”.
El máximo representante de la institución provincial ha agradecido el esfuerzo de los trabajadores del IPBS y ha añadido que “el servicio de Ayuda a Domicilio, prestado por personal cualificado, ha ido incrementando el número de personas atendidas y de horas prestadas, pasando de 4.203.293 horas de servicio a 4.276.867 en 2024 (73.574 horas más)”.
Del mismo modo, ha valorado el trabajo de la Junta de Andalucía y ha resaltado “el aumento de la hora del servicio ya que en 2021, se incrementa de 13 euros a 14,60; y en el 2023, se sube la hora de 14.60 a 15,45 euros la hora, precio en la actualidad”.
“Esta subida se ha llevado a cabo gracias a la firma un convenio colectivo del sector a instancia de la Junta de Andalucía mejorando así la seguridad laboral y la garantía de los trabajadores. El convenio contempla una subida progresiva hasta el 2026, lo que garantiza el poder adquisitivo los trabajadores ”, ha añadido Salvador Fuentes.
Por su parte, la presidenta del IPBS, Irene Aguilera, ha explicado que “desde el instituto provincial hemos creído que el servicio debe prestarse de forma descentralizada y basado en la colaboración interadministrativa, que haga que el servicio sea cercano a los ciudadanos”.
“La Diputación va a estar siempre al lado de los que más lo necesitan y, en este caso, son los mayores, las personas con discapacidad y las personas que tienen cualquier tipo de dependencia. Es por ello, el hecho de no querer acabar el año sin firmar estos convenios que tanto nos pedían los ayuntamientos”, ha concluido Aguilera.
La institución ratifica de manera definitiva las ordenanzas fiscales de gestión de residuos domésticos
La Diputación de Córdoba ha aprobado este viernes, con carácter definitivo y en un Pleno extraordinario, la modificación de las ordenanzas provinciales reguladoras de la prestación patrimonial de carácter público no tributario y de los precios públicos relacionados con la prestación de los servicios supramunicipales de tratamiento, recogida o gestión integral de residuos domésticos y municipales de la provincia. Dicha ratificación ha contado con los votos favorables del PP, la abstención de Vox y los votos en contra de PSOE e IU.
Durante su intervención, el vicepresidente primero de la institución provincial, Andrés Lorite, ha indicado que “con la aprobación durante esta sesión plenaria de la modificación de las ordenanzas, las nuevas tasas entrarán en vigor el 1 de enero de 2024”.
Además, el también presidente de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) ha recalcado que “esta modificación se ha llevado a cabo con rigor, en cuanto al análisis de la situación crítica de la que partía Epremasa; con la responsabilidad para tomar medidas que eviten la quiebra de esta empresa que cuenta con unos 60 trabajadores; y con la sensibilidad social para amortiguar el golpe fiscal”.
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