El panorama del Córdoba CF SAD (IV): un presupuesto ‘cogido con alfileres’

Administradores judiciales del Córdoba CF SAD, en una rueda de prensa | ÁLEX GALLEGOS

Cada dato, cada cifra resulta de una compleja labor. Tanto es así que más un mes les hiciera falta a sus responsables -de la revisión y formulación, no de los números en sí-. Esto después de que los documentos necesarios fueran desprecintados por orden del Juzgado de Instrucción número 5, encargado del proceso penal sobre el Córdoba CF SAD -sobre todo acerca de la gestión de Jesús León-. No en vano, desde noviembre del pasado año todo está enmarañado en torno a la sociedad, incluidas las cuentas de la temporada 2018-19 y el presupuesto de la 2019-20. Dichos trabajos contables son al fin una realidad, con más de un año de atraso por las circunstancias mencionadas, de la mano de los, hasta el 10 de septiembre, administradores judiciales de la entidad, Francisco Estepa y Javier Bernabéu. A ellos corresponde la elaboración de la memoria financiera en este sentido, que deja no pocos detalles.

Repasados algunos de los apuntes más significativos del balance del curso 2018-19, el único bajo la propiedad y presidencia de Jesús León, CORDÓPOLIS se aproxima al presupuesto del siguiente ejercicio. Lo curioso es que éste es el anterior, es decir un 2019-20 que está finiquitado deportivamente pero que depara dudas, como es lógico, a nivel económico. Un hecho éste que los propios administradores judiciales señalan en la documentación publicada el lunes para la junta general ordinaria de accionistas convocada para el 26 de agosto. “En relación con la información del presupuesto para la temporada 2019-20, la previsión inicial, previa a la situación de liquidez, declaración de concurso y efectos sobre la actividad de la pandemia a nivel mundial descrita, era la recogida en el cuadro siguiente”, aclaran Estepa y Bernabéu.

El matiz es importante pues de entrada el presupuesto se realiza en base a los datos requisados en su momento por la Guardia Civil -el 7 de noviembre, en la operación de detención de Jesús León-, a posteriori y con muchos condicionantes después. Entre lo último se encuentra la falta de cash, la apertura -todavía por confirmar- de un segundo concurso de acreedores o la ausencia total de actividad por el estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria de Covid-19. Por ello, los administradores judiciales tienen a bien resaltar que “la ejecución del presupuesto con posterioridad al cierre se ha visto afectada” por los factores citados, por lo que obligatoriamente “se va a ver modificado en determinadas partidas en base a los acontecimientos acaecidos en la sociedad y las proyecciones de la misma”.

Antes de continuar, cabe reseñar que la formulación de este presupuesto se produce no por capricho sino en virtud a la Ley de Sociedades Anónimas. Ha de cumplirse, en este sentido, con la presentación de las cifras en previsión al igual que el balance del ejercicio anterior. Lo cierto, es que el supuesto de la 2019-20 está cogido con alfileres, como suele decirse, ya que son muchos los asuntos por recoger de cara a las cuentas de la sociedad. En cuanto a los detalles, de entrada se vaticina un superávit de poco menos de 16.000 euros -en concreto, de 15.980-. Un resultado positivo que parece un tanto improbable -o imposible incluso- dada la realidad financiera del club en el tramo final del paso año y más aún tras la venta de su unidad productiva.

Dentro de las distintas partidas, el guarismo más significativo es quizá el relacionado con el traspaso de jugadores. Porque en este aspecto la administración judicial hace una previsión de dos millones de euros, que a todas luces no se va a cumplir. Eso sí, la SAD va a contar con beneficios gracias a la venta de futbolistas pero a posteriori. De entrada, aunque estas cantidades han de quedar consignadas en sede judicial por el teórico proceso concursal, la entidad debe recibir 25.000 euros por la incorporación de Sebas Moyano al Lugo -hecha por contrato pero por confirmar definitivamente- y entre 300.000 y 500.000 por parte del Huesca en concepto de variables por la operación de Javi Galán en enero de 2019. Aun así, el club está muy lejos de llegar a los referidos dos millones. Más allá de esta cifra otras de interés surgen en materia de ingresos. Se encuentran por ejemplo 1.666.000 euros de ayuda al descenso, 845.500 por abonos, 800.000 por publicidad o 730.000 por competiciones.

Por otro lado, en el ámbito de gastos la administración judicial anota casi 3,5 millones de euros -3.491.810 para ser más exactos- de inversión en plantilla deportiva. De esta cantidad 3.124.400 corresponden al primer equipo. Sin embargo, según palabras de la nueva propiedad (provisional) de la entidad este guarismo puede ser mayor ya que el presupuesto ideado por Jesús León está rebasado claramente. Además, sobresalen los 2.111.000 euros de “otros gastos de explotación, con una elevada cuantía 1,5 millones en servicios exteriores. Mientras, en relación al personal no deportivo se hace previsión de un coste de 918.100.

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