Visto para sentencia: León y González insisten en la prescripción y la Fiscalía modifica la pena

Punto final a la vista oral del juicio por el conocido 'caso chalet'. Este miércoles se ha celebrado la tercera y última sesión del proceso que se está llevando a cabo en la Audiencia Provincial de Córdoba, en una jornada donde han comparecido los últimos testigos y varias personas en calidad de peritos, además de las propias partes implicadas, que tan solo han accedido a responder las preguntes hechas por sus defensas. Con todo, la misma ha transcurrido de una manera exprés en su mayor parte, aunque sin grandes sorpresas, dado que la argumentación de todos los presentes se ha mantenido por el mismo sendero.

La posición de la Fiscalía, nuevamente, se ha sustentado en el informe hecho por la Guardia Civil, que ya en la segunda sesión del juicio certificó que, a través de su investigación, podía concluir que la reforma de la casa de Carlos González en Madrid, un proyecto llevado a cabo por la empresa Grucal, propiedad de Jesús León, se financió con dinero del Córdoba CF SAD. De hecho, otros dos agentes han testificado este miércoles, ratificando dichos argumentos. Los agentes hicieron hincapié en que “había una serie de transferencias del Córdoba CF SAD a Grucal, a dos cuentas corrientes diferentes”, y a su vez “detectamos que todas estas transferencias” estaban suscritas para “acopio de materiales para la Ciudad Deportiva”, la cual “nunca se hizo”.

En este sentido, el Fiscal hizo hincapié en que la cuantía que el club transfirió a Grucal era aproximadamente de 1.226.000 euros, al tiempo que el coste de la reforma del chalet del empresario tinerfeño rondó 1.224.000 euros, por lo que eran “cantidades similares”, puntualizando además que “la cuarta certificación concuerda al céntimo con la certificación de la obra”. Igualmente, se recordó de nuevo unos correos electrónicos por parte de la abogada de Grucal, en los que pedía explicaciones sobre cómo se había pagado la reforma de la casa, remarcando los agentes que “del contenido se puede deducir que el pago ha salido de las cuentas del Córdoba CF”. Es más, añaden que uno de los intervinientes confirmó que el dinero salió de las arcas del club, a excepción de la primera certificación, que la pagó el propio González.

Sin embargo, otro de los peritos llamados a declarar por parte de la defensa de Carlos González, subrayó que, a su juicio profesional, resulta un “error cruzar las operaciones”, lo cual “carece de lógica”, pues “casi el 99% de las acciones del club eran de Carlos González, el dinero de la sociedad es suyo. Una sociedad que tenía nueve millones de beneficios, que ha repartido dividendos” y elucubró que, “desde un punto de vista económico, pudo haberlo hecho para reformar su casa”. El citado expresidente del Córdoba CF, durante su declaración ante las preguntas de su defensa, reconoció que pagó a Grucal la primera certificación, además del arquitecto y las licencias, aunque “tuvimos muchos problemas durante la obra y decidí cortar hasta que se solucionase”. Además, admite haber recibido un burofax por parte de Grucal reclamándole la cantidad adeudada.

En este sentido, González explicó que la reforma se llevó a cabo por un incendio en la vivienda, tras el que el seguro “me indemnizó con 700.000 euros”. Ante todo ello insistió en que para él era “innecesario” usar dinero del club para el pago de su casa, puesto disponía de recursos suficientes, contando con un conglomerado de empresas con “2.500 trabajadores entre España y México, 100 millones de euros de beneficios”, por lo que podría haber hecho “dividendos de cualquiera de mis compañías”.

En otro orden de cosas, los mensajes que intercambiaron Jesús León y su esposa Isabel Madueño, igualmente acusada, también volvieron a ponerse sobre la mesa. En este sentido, su defensa presentó el testimonio de una psiquiatra que ha hecho un informe sobre el estado de salud de la implicada, la cual reconoció sufrir un “trastorno de ansiedad generalizada”, y que “en momentos de más estrés se agudiza”. Asimismo, durante su intervención, visiblemente afectada, recordó que se puso al frente de la Fundación del Córdoba CF “por los proyectos sociales y humanitarios”, pese a que pasó de “vivir en Sevilla en un entorno anónimo, a un boom mediático de acoso, insoportable”, declarando a su vez que estaba allí sentada “por un sueño, por una conversación intima con mi marido”.

En definitiva, todas las partes acusadas han solicitado una sentencia absolutoria, agarrándose nuevamente a la prescripción de los delitos por los que se les acusa. Por su parte, el Ministerio Fiscal, en sus conclusiones, realizó una modificación de la pena para los delitos de administración desleal hacia Carlos González y Jesús León, pasando a solicitar cuatro años de cárcel en lugar de tres. A todo ello hay que sumar los dos delitos societarios de León, por los que se piden tres años y ocho meses, así como dos años a Carlos González por un delito societario en el ámbito del Córdoba CF SAD. En el caso de Madueño, la pena solicitada es de un año de prisión por delito societario en el ámbito de la Fundación del Córdoba CF SAD.