Una jueza ordena retener ingresos del Córdoba CF para cumplir una sentencia

González Calvo y Juanito, en la Ciudad Deportiva

La temporada que está realizando el Córdoba CF en la cuarta categoría del fútbol español está siendo excelsa en cuanto a nivel rendimiento deportivo se refiere. Tras una campaña muy irregular donde los resultados no terminaron acompañando, la dirección deportiva ha reformado el vestuario para buscar ascender lo antes posible a Primera RFEF y parece que lo está logrando, ya que el primer equipo dirigido por Germán Crespo se ha consolidado en el liderato del Grupo IV de Segunda RFEF, aunque los problemas extradeportivos no terminan de desaparecer. Esta vez, los ingresos de Unión Futbolística Cordobesa (UFC) -actualmente la propietaria de la unión productiva del Córdoba CF- han sido retenidos por los Juzgados tras el pleito con los servicios médicos de Beiman.

En efecto. CORDÓPOLIS ya anunció el pasado 23 de diciembre que el organismo judicial tramitó la demanda que Beiman realizó a UFC sobre el acuerdo firmado con el Córdoba CF SAD en enero de 2019. De hecho, el Juzgado de Primera Instancia número uno de Córdoba falló nuevamente en contra de dicha propiedad para que abonase 295.579 euros más costas, tal y como aparece en la sentencia que tuvo acceso a este periódico, pero, dos meses después, los Juzgados han vuelto a personarse en este asunto y esta vez han embargado las cuentas de UFC.

En un nuevo auto firmado el 9 de febrero y a la que nuevamente ha tenido acceso CORDÓPOLIS, el Juzgado de Primera Instancia número uno de Córdoba declaró retenidas “las devoluciones que, por cualquier concepto tuvieran pendientes de percibir los ejecutados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria” y “los pagos o ayudas que por cualquier concepto el ejecutado Unión Futbolística Cordobesa SAD de las siguientes entidades: Liga de Fútbol Profesional, Real Federación Española de Fútbol y Real Federación Andaluza de Fútbol”.

Asimismo, el mismo organismo judicial deja claro que UFC debe tener el dinero suficiente -los 295.579 euros más las costas que rondan los 85.000 euros- en los próximos diez días para “cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes”. Además y según confirman desde el propio club, el Córdoba CF considera este tema como “menor” y declara que ha solicitado “la ejecución provisional”, mientras que cumplirán con sus “obligaciones mientras sale la sentencia de segunda instancia”. En esta decisión, la entidad blanquiverde se muestra optimista y cree que el organismo judicial le dará la razón, por lo que se centra únicamente en “devolver al Córdoba CF a donde se merece”.

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