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Córdoba CF
Jesús León, ante su primer juicio, declara que hizo todo lo posible por salvar al Córdoba CF

Jesús León durante su llegada a la Ciudad Deportiva

Cristian López

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Este jueves se ha producido un momento relevante respecto al entramado judicial que rodea al Córdoba CF (SAD). El Juzgado de lo Mercantil ha iniciado el turno de declaraciones del juicio relativo al segundo concurso de acreedores, y el cual llega como consecuencia del informe de calificación del administrador concursal, quien solicita cerca de 7 millones de euros, además de la inhabilitación, para distintos exdirigentes del club. En este sentido, en el mismo han estado presentes el propio administrador concursal, Francisco Estepa, Alejandro González en representación del Córdoba CF SAD, además de los implicados, que no son otros que el expresidente Jesús León, y los exconsejeros Alfredo García Amado, Magdalena Entrenas, Manuel Garrido y Francisco de Paula. Hay que puntualizar, eso sí, la ausencia de Luis Oliver, uno de los principales protagonistas, declarado en situación de “rebeldía procesal”.

De este modo, la situación respecto a De Paula y Garrido se ha resuelto rápidamente, ya que sus defensas han llegado a un acuerdo mediante el que aceptan “parcialmente” la pena, en concreto, solo lo que no conlleva lo económico. Así, Jesús León, para el que se pide “inhabilitación para administrar bienes ajenos, así como para representar a cualquier persona” durante un periodo de 15 años, además de 5,3 millones de euros por “daños y perjuicios”, ha sido el primero en comparecer, y el cual ha sido preguntado por todas las partes, a excepción de la representante del club. Entre otros asuntos, ha explicado y reconocido que los miembros del consejo pertenecían al club, en primer lugar (de enero del 2018 a enero del 2019), como representantes físicos de una sociedad propiedad del propio empresario montoreño, y a partir de esa fecha se constituyó un nuevo consejo con dichas partes ya como personas físicas únicamente.

Referente al tema económico del club, León ha indicado que “a fecha del 30 de junio del 2019 estaba todo en regla a nivel económico”, aportando para ello unos correos de miembros de LaLiga en los que se justifican dicha situación. Asimismo, ha puesto en cuestión la imparcialidad respecto al proceso de venta de la unidad productiva, recordando que “en las fechas próximas a que me intervinieran club, el 7 de noviembre me detienen, el 8 me dejan en libertad con cargos, el 9 se nombra administrador concursal, el 11 se inscribe UFC (Unión Futbolística Cordobesa)” y “el 18, el administrador judicial mete por registro la solicitud de compra y pone tres millones de depósito de UFC. Lo hace todo en cinco días, y deja una semana para que se presenten ofertas”. Por tanto, “y para quien entienda algo de estos procesos en el fútbol, me da a mí que UFC estaba constituida antes de mi detención”.

Igualmente, ha querido reiterar que “desde el 30 de junio (de 2019) y hasta la intervención, el club solo tuvo deudas transitorias y la causa de liquidación, que iba a ser resuelta con la cesión del estadio”. Es más, especifica que “estaba todo pagado y había una deuda a corto plazo que afrontar”, subrayando que no disolvió el club “porque estábamos en negociaciones con el Ayuntamiento”, referente a esa idea de cesión y donde ha afirmado que tuvo parte activa Magdalena Entrenas.

Así, el de Montoro ha insistido en que se dedicó a “intentar levantar capital”, algo que también ha puntualizado durante su intervención García Amado, al tiempo que Entrenas no ha podido comparecer después de que el administrado concursal decidiera renunciar a su petición de interrogarla. Sobre esas negociaciones para la cesión de El Arcángel, León ha puntualizado que “hay muchísima diferencia entre tener un contrato de alquiler a uno de cesión. El valor que se da es cuasi de propiedad”, puntualizando que “cuando llegamos nosotros, Magdalena y yo negociamos con (Isabel) Ambrosio y se habla de una cesión por 50 años. Se pretendía buscar otros servicios de utilidad dentro del estadio, las negociaciones eran estupendas al principio, pero se va posponiendo y posponiendo y llegamos a otras elecciones, todavía están con ello los de ahora”.  

Por su parte, García Amado también ha sido cuestionado sobre ese aspecto, en su caso admitiendo que no mandó la disolución del club, pese a que las cuentas estaban en negativo, “porque es una situación normal en el fútbol. Los jugadores de cantera no se pueden tener como activos, y sin la cesión de los estadios, el 60 o 70% de los clubes de España estarían en causas de disolución”, además de que “teníamos jugadores con los que afrontar el mercado”.

Ese ha sido otro de los puntos más relevantes de la intervención, puesto que Jesús León ha recalcado la importancia que tuvieron las ventas de Sergi Guardiola, Álvaro Aguado, Javi Galán, Jovanovic y Andrés Martín durante el mercado de invierno del 2019, ya que “se obtienen unos 12,5 millones de eso, todo sirvió para pagar. Todos esos ingresos fueron controlados por LaLiga, y sobró algo más de un millón de euros que se devolvía al club”. En concreto, la operación de Guardiola es la más significativa para el administrador concursal en el informe de calificación. Hay que recordar que el delantero fue cedido al Getafe a comienzos de la 2018-19, y en el mercado de invierno, el Córdoba CF pagó al club madrileño para obtener su vuelta y posteriormente venderlo al Valladolid. León ha afirmado que los pucelanos lo querían “en enero sí o sí”, especificando que “Ángel Torres (presidente del Getafe) empezó por más”, aunque la operación quedó en un millón y medio de euros. Para el exdirector general del Córdoba CF, la operación fue “brillante”, ya que, en junio, Guardiola iba a valer menos.

Finalmente, el montoreño hizo hincapié durante varias ocasiones en que “todos los partidos se jugaron y se pagaron desde mis sociedades, el avión a Canarias lo pagué yo”, además de hacer un repaso de cómo se produjo la llegada de Luis Oliver al Córdoba CF. “Se negocia con el señor González, era un acuerdo 50% con Oliver, se firma que en una sociedad mía entre el hijo de Oliver, y en ese momento inyecta un millón de euros, se firma a primeros de diciembre del 2017, pero ”González ve que va a participar Oliver, monta en cólera y no firma porque no quiere a Oliver dentro“.

Así, “se llega a un acuerdo para que ellos salgan (Oliver y su hijo) y se aporta, vía préstamo, otro millón de euros que complementaba. Esos prestamos se utilizaron para la compraventa del club. Él (Oliver) tenía el 50% del club (no escrito) y el dinero se lo devolvía cuando hubiese beneficios. De hecho, no ha reclamado y me ha dicho que lo ha dado por perdido”, antes de especificar que “puso personas en infraestructuras, en taquilla, en seguridad y en la dirección deportiva, reforzada por la situación que teníamos in extremis de salvación”. “El señor Oliver no es bien querido en el mundo del fútbol. Yo negocio con él con la idea de que me ayudara a la salvación del equipo”, aunque “había un conflicto entre (Javier) Tebas y Oliver; Tebas me reúne y me dice que tengo que quitar a Oliver del fútbol profesional. Me dijo que lo tenia que echar o las consecuencias serían graves”, por lo que “decido echarlo. Él quería sacar cuanto más mejor”.

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