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La administración judicial del Córdoba CF SAD ya tiene fecha de caducidad

Administradores judiciales del Córdoba CF SAD, en rueda de prensa | ÁLEX GALLEGOS

Rafael Ávalos

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De manera inesperada, y casi repentina, pero no por ello menos lógica se produce una importante novedad dentro de la batalla legal en torno al Córdoba CF SAD. Ésta es de gran relevancia, si bien en principio no debe afectar a corto plazo al club -o su unidad productiva- bajo la gestión de Unión Futbolística Cordobesa (UFC) -y por ende Infinity-. Lo cierto es que este viernes se conoce el punto final para la administración judicial de la sociedad original, toda vez que la dictaminara quien hubiera de hacerlo. Se trata del titular del Juzgado de Instrucción número 5, Antonio Rodríguez, que ya tiene dictado el levantamiento de la intervención jurídica de la entidad. Dicho desenlace de la etapa se fija el 10 de septiembre según el auto del magistrado.

En efecto, la administración judicial del Córdoba CF SAD ya tiene fecha de caducidad. Así es después de que el juez que la decretó haya firmado documento al respecto, tal y como ha adelantado este viernes el programa ‘La Jugada de Córdoba’ de Canal Sur a través de redes sociales. Sobre la medida, y según ha podido confirmar también este periódico, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 dictaminó de modo favorable en relación a una solicitud de la Fiscalía. Esta última remitió escrito con recordatorio de que la administración judicial se determinó en su momento para “evitar la destrucción de documentos y mantener la actividad de la SAD”. En el escrito se indicó que “ahora se hace necesario su mantenimiento”.

Así, la administración judicial del Córdoba CF SAD cesará su actividad de forma plena justo después de agosto, un mes que este año deja de ser inhábil en parte en ámbito jurídico. Por otro lado, tanto Francisco Estepa como Javier Bernabéu, que asumieron la responsabilidad dictada por el Juzgado de Instrucción número 5, tendrán un plazo de diez días para presentar el último informe de rendimiento de cuentas, que en este caso será la denominada cuenta final justificada. Eso sí, el primero de ellos, abogado, continuará como administrador concursal del proceso abierto pero en el aire mediante auto rubricado por Antonio Fuentes, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 y en febrero recusado. Esa circunstancia y la compra de la unidad productiva de la entidad por parte de Infinity requieren firmeza.

Por tanto, se abre un nuevo escenario para el Córdoba CF SAD. Esto tiene implicación para la propia sociedad y para el club, actualmente bajo la gestión de UFC. Ocurre de tal forma porque en el aire está el futuro la totalidad del proceso jurídico, desde toda la instrucción abierta en el mencionado número 5 hasta la también referida compraventa de la unidad productiva. Entre medias, cabe recordar, está pendiente la fecha de un juicio de Azaveco (Carlos González) contra Aglomerados Córdoba (Jesús León) por la propiedad de la entidad original. Aun así, la decisión del juez Antonio Rodríguez no ha de afectar a corto plazo al conjunto blanquiverde en cuanto al primer proyecto entero de Infinity. Todo debe aclararse, por si alguien no estaba enterado, en sede judicial.

Sobre este último aspecto, es requisito apuntar que el auto del Juzgado de Instrucción número 5 está firmado antes de que haya resolución acerca de la propiedad del club por parte de UFC -y así de Infinity- y de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) adopte una medida favorable o no acerca de la inscripción de derechos. Ya en torno a la situación legal del Córdoba CF SAD, son muchos los matices existentes. De entrada, hasta que haya aprobación o negativa plena, Francisco Estepa seguirá como administrador concursal. Pero, ¿de quién es la sociedad? La propiedad está, dadas las circunstancias expuestas en un limbo, de forma que no se producirá una recuperación inmediata por parte de Jesús León. El pasado mes de enero, por otro lado, una junta general extraordinaria de accionistas dejó la presidencia a Carlos González dentro de un consejo de administración que habría de ser formalizado por el Registro Mercantil. Desde Azaveco no se tiene conocimiento de que esto último se haya certificado. Dicho de otro modo, se avecina más lío si cabe.

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