Yris, contratada por la Fundación Guadalquivir y obligada a dar masajes a miembros del PSOE
Yris Escobar es una de las caras del presunto fraude cometido en la Fundación Guadalquivir en Córdoba. Contratada por la asociación como fisioterapeuta, fue obligada a tratar a Ángeles Muñoz (expresidenta de la asociación) y a Cristian Menacho (exsecretario general de Juventudes Socialistas en Córdoba). Esta mujer denuncia su caso en el programa Malas Compañías, donde ha asegurado que sus compañeros eran “obligados a ir a mítines de Pedro Sánchez”.
Después de viajar desde su lugar de origen, esta madrileña -embarazada de seis meses en aquel momento- pasó a vivir en Córdoba. Después de buscar trabajo, su estado de gestación impidió que la contrataran en el proyecto de Emplea Joven. Sin embargo, fue entrevistada por Menacho “y ahí no les importó” que estuviera embarazada, según dijo. Escobar cuenta que su trabajo “iba a consistir en ir a domicilio” para tratar a aquellas personas “que no podían pagarse un tratamiento de fisioterapia”.
Sin embargo, Escobar explica que desde un primer momento empezó a ver cuestiones extrañas que le hicieron dudar de lo que la Fundación Guadalquivir estaba llevando a cabo. En primer lugar, esta mujer asegura que el primer día ya le dijeron que tenía que tratar a Muñoz y, más tarde, al vicepresidente de la asociación, José Antonio González, y a los familiares de éste. En aquel momento pensó que aquello “no era normal”. “Si se emprende un proyecto social, lo normal es destinarlo a lo que debería ir: a tratar a la gente que no tiene recursos”, argumenta.
En segundo lugar, Escobar también asegura que tanto Muñoz como Menacho la “obligaban” a “donar” más de 400 euros de su sueldo, una acción que los socialistas calificaban como “apadrinar a un niño”. Esta “donación” estaba justificada, según Muñoz y Menacho, en que Escobar no trabajaba las ocho horas del contrato, sino seis, “ya que no había trabajo para ocho”. La fisioterapeuta explica que “tenía que devolver todos los meses ese dinero por las horas que no iba a trabajar. Hubo protestas y ella [Ángeles Muñoz] decía que no le importaba cerrar el chiringuito si hacíamos jaleo”.
A final de cada mes, Escobar cobraba un sueldo de 1.800 euros, de los que 400 tenía que “donar” a la fundación. “Decían que íbamos a firmar un contrato y que con eso podíamos decir en Hacienda que hacíamos una donación voluntaria, pero luego no hubo ni firma de lo que se había entregado”, asegura. Comenta que no tiene “ni idea de lo que se hacía con ese dinero” pero si “fuera para ayudas sociales, ese dinero estaría justificado”.
Tras dar a luz, Escobar disfrutó de su baja maternal, momento en el que sus compañeros fueron “obligados a ir a mítines de Pedro Sánchez en horario de trabajo. Iban engañados diciendo que irían a una charla sobre xenofobia”. Una vez finalizado el contrato, buena parte de los trabajadores decidieron denunciar, lo que permitió que este caso fuera llevado a los tribunales. “La Inspección de Trabajo ha valorado que es cierta nuestra declaración y ha puesto una sanción económica importante” a la asociación y “ha cortado la subvención durante años”. Escobar ha finalizado su intervención en el programa explicando cómo “el barrio” de Muñoz y Menacho ha acudido a los juicios para apoyar a los socialistas. “Los vecinos los ven como las personas que los están ayudando y protegiendo”, ha concluido.
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