La vicepresidenta de la Diputación declara ante el juez por el caso de las oposiciones de los bomberos

Sin hacer declaraciones a la entrada y ante una nube de periodistas, la vicepresidenta de la Diputación de Córdoba, Dolores Amo, ha declarado ante el juez de Instrucción número cuatro de Córdoba en el caso que investiga sobre el supuesto amaño en las oposiciones a bomberos de la institución provincial. Amo ha arrancado su declaración sobre las 11:20, aunque estaba citada a las 10:20. Su declaración, de la que no ha trascendido dato alguno, se ha extendido alrededor de 40 minutos. A su salida de los juzgados, la vicepresidenta de la Diputación tampoco ha respondido a las pregunta de los periodistas. Antes, y durante más de una hora, ha respondido a las preguntas del juez el gerente del Consorcio Provincial de Bomberos, Juan Carandell.

Hace dos meses se conoció que el titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, investigaba una denuncia por un supuesto amaño en las oposiciones a bombero en la Diputación Provincial y ha imputado a la presidenta del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios, María Dolores Amo, que además es la actual vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE de Córdoba.

El auto se refiere a una denuncia de varios aspirantes y a la existencia de una presunta trama en la que habrían participado la presidenta de la entidad, el gerente del Consorcio, Juan Carandell (también imputado), el sindicato UGT, 11 bomberos interinos, todo el tribunal y hasta el alcalde de Priego de Córdoba y senador, José Manuel Mármol, por la que se habrían filtrado los exámenes a algunos de los aspirantes. Todos los investigados lo serían por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y revelación de secretos.

Antes de Amo ha declarado Carandell, que ha contestado a las preguntas del juez, la Fiscalía y la acusación, según reconoció a la salida su abogado, Álvaro Cerezo. El abogado se mostró “satisfecho” con el proceso, defendió la inocencia de su cliente e insistió en que este es el paso para aclarar que no se habría cometido delito alguno.

Aunque estaba prevista su presencia, al juzgado no ha acudido el alcalde de Priego y senador, que aunque está aforado mostró su disposición a declarar de manera voluntaria.

El juez titular de Instrucción número 4 en Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, ha citado en calidad de investigados a 21 personas más en el caso que instruye sobre un supuesto amaño en las oposiciones a bombero convocadas por la Diputación de Córdoba. Según consta en el auto firmado el pasado 26 de abril, y al que ha tenido acceso este periódico, Rodríguez Laínz también cita como investigado al alcalde de Priego de Córdoba y senador del PSOE, José Manuel Mármol.

El magistrado investiva una denuncia de varios aspirantes a estas oposiciones y la existencia de una presunta trama, en la que se relaciona a la Diputación y al sindicato UGT, además de varios cargos del PSOE. Ahora, en su auto, el juez pide revisar los correos electrónicos de todos los investigados en la institución provincial, para determinar así si hubo connivencia o no.

Además, fija un calendario de declaraciones para los principales imputados en la causa. En el caso de los nuevos investigados, comenzaron a desfilar este mismo miércoles por su despacho y continuarán en lo que queda de semana. Entre los nuevos imputados están aspirantes a bomberos, acusados de delitos de prevaricación y tráfico de influencias; los miembros del tribunal, por delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y descubrimiento de secretos en perjuicio de tercero y de la causa pública; tres asistentes o colaboradores; y tres bomberos interinos más.

A partir del 30 de mayo, el juez ha fijado un calendario que ha dividido en cuatro bloques. En uno de ellos ha citado al senador socialista, aunque el juez reconoce que está aforado y que por tanto tendrá que solicitarlo a través del tribunal competente.

El juez Rodríguez Laínz establece una relación de los hechos investigados que arrancan en junio de 2015, cuando en el Consorcio provincial “comienza a hablarse de la oportunidad de convocar un proceso selectivo en el que se vieran especialmente favorecidos quienes en ese momento permanecían contratados como bomberos interinos; pactándose dar a los mismos todo tipo de facilidades, incluso con directa y grotesca contravención de la ley y de los elementales principios de igualdad de oportunidades que ha de regir el libre acceso a la función pública”.

Según afirma el juez en su auto, “la idea inicial habría sido, bajo la iniciativa o al menos con la connivencia del gerente del Consorcio, Juan Carandell Misfut, crear un grupo de trabajo en torno a la mesa de negociación sindical. Para iniciar los primeros trabajos tendentes a este fin ilícito, miembros del personal interino del Consorcio habrían designado a tres representantes del colectivo”, que “iniciaron los primeros contactos con el gerente y la presidenta del Consorcio, Dolores Amo Camino”. Entonces, y siempre según el auto judicial, “los miembros del colectivo de bomberos interinos tomaron la decisión igualmente de tratar de hacer unidad de acción en las elecciones sindicales con la idea de favorecer a un sindicato para que obtuviera una mucho mayor representación en la mesa de negociación, y así facilitar el objetivo de favorecer a los interinos en el inminente proceso selectivo. En un principio se habría pensado en el CSIF; pero finalmente se optó por UGT, sindicato que habría habría obtenido según la denuncia, y siendo éste un dato por confirmar en la investigación, un espectacular ascenso en las elecciones sindicales celebradas tras la referida reunión. No hay de momento datos objetivos que permitan determinar el grado de involucración directa de representantes de ambos sindicatos en este momento de estrategia inicial”.

El siguiente paso vendría dado con una reunión con el colectivo de bomberos interinos, y que tendría lugar en una fecha no determinada en el otoño de 2015 en la planta baja de la sede del Consorcio en la avenida Del Mediterráneo de Córdoba; a la cual asistieron tanto el gerente como la presidenta del Consorcio, según el relato de los hechos dibujado por el juez. “En ella habrían expuesto ambos su intención de favorecer a los interinos en el proceso selectivo; así como recomendado abiertamente que se votara masivamente a UGT en las elecciones sindicales”, expone.

El togado añade que “obtenida supuestamente una mayoría abrumadora de UGT en las elecciones sindicales, el representante sindical de UGT llega a advertir a distintos interinos que él manejaría lo que definiera como información reservada, dando a entender que tendrían garantizado el dominio del proceso selectivo, garantizando la aprobación de los interinos. Hecho éste que encontraría como primera confirmación la aprobación de las bases del concurso con la sola aprobación de UGT”, afirma Rodríguez Laínz.

“La primera estrategia diseñada para tal objetivo sería preparar un temario en connivencia con el colectivo de interino, introduciendo temas muy específicos que serían objeto de publicación con muy breve espacio de tiempo para que opositores que no manejaran esa información pudieran preparárselos con un mínimo de solvencia”, sigue relatando el juez.

“Controlado el diseño del temario y las posibles preguntas que pudieran formar parte del ejercicio teórico, se ofreció a los bomberos interinos la posibilidad de asistir a clases en un Centro Cívico de La Carlota”, añade el togado. “Paralelamente se organizaron oficialmente cursos de formación en el ámbito de la Mancomunidad de Municipios de la Subbética, dirigidos en un principio a bomberos interinos que no contaban con puntuación suficiente en horas de formación. La denuncia refiere la existencia de presiones por parte del alcalde de Priego de Córdoba [que el juez no identifica] a la hora de seleccionar a los alumnos, hasta el punto de descartar a interinos e introducir a personas que ni siquiera lo eran. Destaca cómo entre los méritos que se tendrían en cuenta en la oposición, se valoraría hasta en un 20% de la puntuación a otorgar a cada aspirante; y la formación 10 puntos. De estos últimos, hasta 6 de esos diez puntos lo serían por participación como asistente o alumno a cursos de formación”, afirma.

Más irregularidades

El juez sigue sumando presuntas irregularidades en su escrito: “El examen teórico, realizado en el Campus de Rabanales se realiza en hojas que tenían impresos los datos personales de cada opositor. El ejercicio era introducido, una vez finalizado en un sobre identificado por su exterior con un sistema de códigos. Aunque estaba previsto remitirse los sobres convenientemente cerrados a una empresa externa ubicada en Madrid para su corrección, fueron previamente escaneados íntegramente los ejercicios en dependencias de la Diputación Provincial de Córdoba por orden de la secretaria del tribunal”, expone.

“Ante la convocatoria de las pruebas psicotécnicas, tal y como se refiere en la denuncia y reconocen testigos, uno de los tres representantes del colectivo de interinos, convoca a un grupo de los interinos aspirantes a una reunión en una casa de campo ubicada a las afueras de Posadas”, expone el magistrado, en lo que supuestamente sería otra irregularidad más. “En esa reunión, el convocante exige igualmente absoluta discreción y que todos apagaran sus dispositivos móviles les proyecta en una pantalla los test psicotécnicos y las preguntas y respuestas que habrían de corresponderles que entrarían en el ejercicio (BAT 7 y PF 16); indicándoles insistentemente que se prepararan bien el concepto de aquiescencia, dado que el psicólogo estaría muy atento a ese concepto. Igualmente les indicó al grupo que el resto de los compañeros interinos habían recibido la misma información; y que él actuaba por instrucciones del director técnico”, agrega Rodríguez Laínz.

El juez añade más hechos: “El examen es realizado, haciéndose uso de lápiz. Igual que sucediera con el ejercicio teórico, el psicotécnico fue escaneado en dependencias del Consorcio antes de remitirse a la empresa encargada de su corrección. Tras ser corregido por una empresa externa, se recibe la puntuación el 4 de julio de 2017, apareciendo varios de los interinos con la calificación de no aptos”, argumenta.

“Convocado el ejercicio práctico, volvió a filtrarse entre los aspirantes interinos que los ejercicios que habrían de superar serían los conocidos como Era y Bodyguard”, señala el juez.

“El proceso selectivo acaba de culminar el 26 de enero de 2018 con la publicación de la propuesta de nombramiento de los 54 aspirantes que habiendo superado los ejercicios eliminatorios habrían superado la oposición. De ellos solamente catorce no serían interinos del Consorcio”, concluye el togado, antes de citar a todos los imputados.