Última prórroga para que Global pague los 9 millones por Pérez Jiménez

El magistrado de lo Mercantil abre un proceso previo para ir preparando una nueva opción de libre concurrencia de posibles interesados en adquirir la fábrica farmacéutica

El titular del Juzgado de Mercantil de Córdoba ha emitido un auto por el que concede una última prórroga, hasta el próximo 24 de junio, a Global Aeronautic para que presente el aval de algo mas de 9 millones de euros que se le impuso para convertirse en propietaria de la unidad productiva del Laboratorio Farmaceútico Pérez Giménez. En el mismo escrito, el juez abre una nueva convocatoria para que los interesados en esta propiedad puedan concursar a ella, en caso de que Global Aeronautic no haga definitivamente frente a este pago. El auto solo puede ser recurrido ante el propio Juzgado.

El juez pone de manifiesto que el proceso se está dilatando en el tiempo más de lo conveniente, pues tras la liquidación de los laboratorios Pérez Giménez, la unidad productiva se adjudicó hace más de dos años a Global Aeronautic. Si no se hace frente a este pago, el juez considera que hay que convocar a otros interesados para que puedan pujar por la unidad, y evitar así que el paso del tiempo sin actividad pueda repercutir negativamente en estas instalaciones.

El auto señala que Global Aeronautic “aún, a día de hoy, no ha tomado posesión de la unidad productiva ni ha abonado el precio estipulado, algo que desde luego es inadmisible e inconcebible (...). La presente situación no hace sino perjudicar los intereses de los acreedores, de los trabajadores, y en definitiva de las expectativas de volver a recuperar una industria puntera en su sector”.

En este sentido, el juez describe en su resolución que en este tiempo (más de dos años) Global Aeronautic ha mantenido “el proceso cautivo” y se ha opuesto de forma vehemente a cualquier tipo de posibilidad siquiera que otros posibles interesados puedan valorar su adquisición. Mientras tanto, las instalaciones siguen perdiendo valor, los trabajadores siguen sin trabajo y otros posibles inversores pueden que ya hallan decidido invertir en otros lugares, o perder el interés dado el “ruido” generado alrededor de este proceso.

Tras la resolución judicial que rebajaba el precio de la compra de la unidad productiva, el juez se sorprende de que “Global, después de más de dos años de saber que es la adjudicataria, manifieste ahora que tiene problemas para pagar el precio”.

Ante esta situación, el juez abre un proceso previo para ir preparando una nueva opción de libre concurrencia de posibles interesados en adquirir la UPR, y ello por cuanto debe agotarse las posibilidades de venta de la UPR y no “desguazar” la empresa con todo lo que ello podría conllevar (no mantener empleo u obtención de un precio menor).