El TSJA alerta de un “futuro incierto” en los juzgados de lo Social ante un aumento de la litigiosidad por la crisis

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha advertido en su memoria anual del “futuro incierto” al que se enfrentan los Juzgados de lo Social de la comunidad ante el previsible incremento de la litigiosidad como consecuencia de la actual coyuntura económica, en un contexto en el que cerca de la mitad de los asuntos que se tramitan en esta jurisdicción requieren de una “pronta solución” al afectar a prestaciones básicas para el ciudadano pero “cuya resolución está tardando en llegar meses cuando no años”.

Así lo expone el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en la memoria anual correspondiente a 2021, consultada por Europa Press. En ella se refleja que en el último año los despidos han descendido un 11 por ciento en los juzgados de lo Social --pasando de 17.484 asuntos frente a los 19.563 del año anterior-- pero matiza que esto, “sin duda”, se debe a las medidas extraordinarias introducidas con motivo de la covid-19.

Las estadísticas evidencian, no obstante, que casi todos los juzgados de lo Social de la comunidad están “sobrecargados” desde hace años y la pendencia --asuntos pendientes de resolución-- es a juicio de Lorenzo del Río “preocupante”, aunque haya bajado en el último año. Ello pone de manifiesto la necesidad de crear nuevas plazas judiciales en muchos partidos judiciales y mantener y ampliar las medidas de refuerzo en esta jurisdicción.

El presidente del TSJA advierte en la memoria que “se presenta un futuro incierto y una previsión del incremento de la litigiosidad en índices elevados, como consecuencia de las situaciones producidas por la crisis económica que, sin solución de continuidad, venimos padeciendo por diversas circunstancias de todos conocidas”, agrega.

Una parte muy importante de la materia que se tramita (que puede estar cerca del 50 por ciento) son procesos en materia de prestaciones de Seguridad Social (incapacidad permanente, incapacidad temporal, discapacidad o desempleo), procesos que requieren de una pronta decisión al afectar a prestaciones básicas para el ciudadano pero cuya resolución “está tardando en llegar meses cuando no años”, advierte Lorenzo del Río.

En la mayor parte de estos procedimientos, la única prueba que se practica en el juicio es la documental, por lo que tras el examen de la misma y las conclusiones queda el juicio concluso para sentencia. El juicio en sí no aporta ni añade información relevante que no pueda hacerse llegar al órgano judicial por escrito, por lo que el TSJA apuesta por introducir una tramitación escrita similar a la existente en el ámbito procesal civil para el juicio verbal, dando la posibilidad de dictar sentencia sin vista, lo que permitiría que en un corto periodo de tiempo pudiera dictarse la resolución final con las mismas garantías.

Esta modificación podría llegar a afectar a una tercera parte de los procesos conocidos por los Juzgados de lo Social, permitiendo una respuesta judicial rápida. Junto a ello, el presidente del alto tribunal andaluz aboga por tomar medidas de optimización en la agenda de señalamientos en esta jurisdicción, donde hasta un 30 por ciento de los señalamientos se suspenden por diversas causas.

Asuntos

Concretamente, los Juzgados de lo Social ingresaron el pasado año 64.544 asuntos (un 6 por ciento más que en el año 2020) y resolvieron 65.333 asuntos (un 45 por ciento más) quedando pendientes a final de año 83.420. Por materias, los asuntos registrados en los Juzgados de lo Social se distribuyen principalmente en reclamaciones de cantidades (32 por ciento); despidos (27 por ciento) y Seguridad Social (31 por ciento).

La movilidad geográfica y otras modificaciones en el trabajo representa el dos por ciento del total de asuntos laborales; finalmente, los conflictos colectivos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, entre otros, están en torno al uno por ciento del total de asuntos ingresados en estos juzgados.

Por su parte, en los Juzgados de lo Mercantil se ha incrementado en el último año el número de asuntos presentados y ello pese a la moratoria establecida legalmente con motivo de la pandemia.

Por ello, Lorenzo del Río llama a “estar muy atentos ante la anunciada avalancha de solicitudes en los próximos meses ante la coyuntura económica actual teñida por la subida de los precios de la luz y los carburantes, la devolución de los créditos ICO, la conclusión de la prórroga de los ERTE, y la finalización de la moratoria que exime a los deudores en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso hasta finales de junio de 2022”.