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Los sindicatos en huelga en la justicia muestran su desacuerdo con el decano del Colegio de la Abogacía

Pasillos vacíos en la Ciudad de la Justicia.

Redacción Cordópolis

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Los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y Staj han mostrado su “desacuerdo” con el presidente del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Carlos Arias, en reacción a la huelga convocada en el sector de la justicia. “Sentimos profundamente los perjuicios que está ocasionando el conflicto abierto en la Administración de Justicia al usuario, al ciudadano en general y a los operadores jurídicos”, han asegurado a través de un comunicado conjunto en el que han asegurado que “este conflicto no es caprichoso y supone una merma importante en las exiguas remuneraciones que percibimos, por lo que somos los más interesados en que se resuelva, pero tiene una base importantísima en el desarrollo de nuestra actividad profesional”.

“Por desgracia, la relaciones laborales que tenemos con la administración, no se negocian como en cualquier empresa, se imponen a través de leyes orgánicas, en las que no sólo no se negocia, no nos preguntan, ni les importa la opinión de quien las desarrollamos”, aseguran, al tiempo que condenan que “tenemos una organización del siglo XIX y a través de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, pretenden modernizar la Administración de Justicia, a nuestra costa, organizando los recursos humanos como si fueras objetos donde nos puedan mover como al mobiliario, infringiendo un importante retroceso en los derecho laborales conquistados en los últimos años”.

“No podemos estar más en desacuerdo con el decano del Colegio de Abogados que con un discurso de tiempos pasados afortunadamente y enarbolando la defensa de sus clientes, contribuye al mantenimiento del estado de decrepitud del sistema judicial, siendo complaciente con los poderosos y arrogante con los débiles”, aseguran en el comunicado. “Sin embargo nos ha gustado el símil que hace entre ciudad de justicia y un hospital, que usaremos para argumentar otra de sus contradicciones”, explican.

“Si acudiera a un hospital para que le asista un médico, no consentiría que la asistencia se la prestara un celador actuando por delegación del médico. Pues esto es lo que ocurre en los Juzgados, abogados acompañando a sus clientes para que le asista uno de los cuerpos más preparado de la Administración y al final es atendido por un funcionario de la categoría profesional de un celador”, condenan. “Pero en estos casos no hemos visto al señor decano exigir la presencia del alto funcionario para salvaguardar los derechos de su cliente”.

“Tampoco sabemos si defiende a todos los colegiados o a unos pocos privilegiados que acaparan la gran mayoría del trabajo o también a los que colaboran con ellos, los antiguos pasantes y que en muchas ocasiones sólo reciben ingresos por el turno de oficio después de extenuantes jornadas de trabajo”, afirman en el extenso comunicado. “Si defendiera los intereses de estos últimos estaría haciendo las manifestaciones de su homólogo del Colegio de Abogados de Madrid, del que le recomiendo su atenta lectura”. “Sin embargo el señor decano entiende que los privilegiados son los funcionarios de los cuerpos generales por hacer el trabajo que le pagan a otros, a cambio de un salario que supera por poco el salario mínimo interprofesional a un número importante de los Empleados Públicos que los prestan”, concluyen.

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