La litigiosidad aumentó en Córdoba durante el año pasado a las puertas de una huelga que ha paralizado la justicia

Es una especie de tormenta perfecta para la justicia en España y también en Córdoba. El año 2022 concluyó en Córdoba con un aumento del 4,3% de la litigiosidad. En el mismo ejercicio, los juzgados cordobeses redujeron el número de asuntos resueltos en un 1,3%. Y todo a las puertas de una huelga de letrados judiciales que ha provocado ya la suspensión de más de 2.500 juicios en toda la provincia de Córdoba.

Según los datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la provincia de Córdoba se ingresaron casi 100.000 asuntos durante el año pasado. Más de la mitad, unos 57.000, entraron por la vía penal, 37.000 por la civil, 4.500 por la social y 1.220 por lo contencioso administrativo.

El año pasado, además, fueron resueltos un total de 97.760 asuntos judiciales y unos 2.000 se quedaron pendientes. Los números son muy similares a los de los ingresos judiciales, con una gran mayoría de asuntos penales, frente a los civiles, los sociales y los de lo contencioso administrativo.

El informe del CGPJ ya calculaba que en la provincia de Córdoba a finales del 2022 la tasa de congestión estaba en el 2,2%. Con la cantidad de asuntos judiciales suspendidos a causa de la huelga de letrados esta cifra ya se ha quedado más que anticuada y la tasa de congestión puede llegar a ser histórica.

La litigiosidad también crece en Andalucía

Durante el año 2022, los juzgados y tribunales de la Comunidad Autónoma de Andalucía registraron un total de 1.296.913 asuntos, un 4,1 % más que en 2021, y resolvieron 1.290.378 procedimientos, un 0,7 % más que en el ejercicio anterior. También aumentó, en un 2,6 por ciento, el número de asuntos que quedaron pendientes de resolución a 31 de diciembre, en total 653.512.

Los datos de la actividad de los órganos judiciales durante el pasado año están incluidos en el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales, hecho público hoy por el Consejo General del Poder Judicial. Como consecuencia de la huelga de letrados de la Administración de Justicia, ha sido necesario realizar estimaciones ante la ausencia de datos de algunos juzgados; permanecen en revisión de errores también otros 20 órganos judiciales. 

El aumento de la actividad jurisdiccional es consecuencia del incremento que, durante el pasado año, experimentaron los asuntos de nuevo ingreso en los órdenes Civil y Penal. En la jurisdicción Civil, se registraron 467.674 nuevos asuntos, lo que supuso un crecimiento interanual del 6,7 % respecto al año anterior. En esta jurisdicción se resolvieron 460.941 asuntos, un 0,6 % menos que en 2021, y quedaron en trámite 339.019, un 3,7% por ciento más que al final del año anterior.

El ingreso de nuevos asuntos aumentó un 4,1 % en la jurisdicción Penal, en la que el número de causas registradas durante 2022 ascendió a 715.841. Los órganos judiciales de esta jurisdicción resolvieron 712.191 asuntos, un 2,3 por ciento más respecto al ejercicio anterior, quedando en trámite 170.459 asuntos, un 4,9 por ciento más.

En los órdenes Contencioso-Administrativo y Social la tendencia fue la contraria. En el primero de ellos, durante 2022 se registraron 37.814 asuntos, lo que supuso una disminución del 16,5 % en relación con el año anterior; se resolvieron 46.665 asuntos, un 3,6 % menos, y quedaron en trámite a final de año 47.597 asuntos, un 14,8 % menos.

En la jurisdicción Social el número de asuntos de nuevo ingreso (75.585) tuvo un mínimo aumento interanual del 0,7 por ciento. Mostraron una disminución, del 3,9 por ciento, los asuntos resueltos, que sumaron 70.581, mientras que los asuntos pendientes, que en total fueron 96.438, fueron un 5,4 por ciento más que en 2021.

Canarias y Andalucía a la cabeza en litigiosidad

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 140,8 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (181), Andalucía (149,6), Asturias (145,4), Madrid (145,2), Murcia (144,8), Cataluña (144,6), Baleares (142,3) y Comunidad Valenciana (141,3). Los territorios con la tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (101,7), País Vasco (105,3) y Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra (113,5).