El juzgado investiga si el informe que justificó el cese de Lola Baena como directora del Arqueológico se creó 'ad hoc'

El Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba está investigando si el informe de la Delegación de Cultura que justificó el cese de Lola Baena como directora del Museo Arqueológico de Córdoba fue creado ad hoc. El juez ha admitido a trámite la ampliación de la denuncia inicial presentada por Baena y el pasado miércoles interrogó al delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena, a y una de las firmantes de dicho informe. Ambos rechazaron responder a las preguntas de la letrada de Baena y negaron la tesis de la falsedad documental.

La ampliación de esta denuncia se llevó a cabo una vez que la abogada de la exdirectora del Arqueológico tuvo conocimiento de la existencia del mencionado informe de manera “sorpresiva” durante el juicio por el cese de su representada, celebrado el 18 de octubre. Este informe no constaba previamente en el expediente administrativo, a pesar de haber servido de base para la sentencia de dicho procedimiento y estar fechado tan solo dos días antes de que se comunicara el cese de Baena, el 21 de diciembre de 2023.

Por ello, la parte denunciante sospecha que el informe pudo haber sido elaborado ad hoc “para reforzar la defensa en el juicio sobre el cese”. Esta sospecha se basa en el hecho de que, a pesar de su fecha, el informe no se mencionó en la resolución del cese, sus motivos no se transcribieron en dicha resolución, no se incorporó al expediente administrativo y ni siquiera fue mencionado ni por el delegado de Cultura ni por una de las firmantes en sus declaraciones judiciales del pasado mes de julio.

Otro punto de controversia que aparece reflejado en la ampliación de la denuncia es la “autenticidad del informe”. En el juicio se aportó una simple fotocopia que, al presentarse en soporte papel, “carece de firmas digitales, lo que impide verificar su origen, fecha e integridad”. Peritos informáticos consultados por la denunciante han concluido que “el documento presentado no es original y ha perdido las firmas digitales”.

La propia sentencia dictada en el procedimiento administrativo reconoce que el informe “no constaba en el expediente administrativo, no se notificó a la demandante y tampoco se mencionó en la resolución recurrida”. Además, tal y como aparece en la ampliación de la denuncia, “el propio informe justificaba la necesidad de su inclusión en el expediente administrativo”.

Tras la declaración del pasado miércoles, la letrada de Baena anunció la aportación de un informe pericial “sobre la trazabilidad, el tratamiento y la creación del documento, considerando que, al haber sido supuestamente firmado por correo electrónico con firmas digitales, debería existir un registro de la información con carácter de no repudio”. La pericia deberá determinar si el documento presentado es parcial, original y si ha sido modificado perdiendo las firmas digitales, así como verificar su fecha de creación.