El juzgado de Aguilar es el único mixto de Andalucía que rechaza más órdenes de protección de las que concede

El juzgado de Aguilar de la Frontera es el único de instancia e instrucción -es decir, mixto- de un pueblo de Andalucía que rechaza más órdenes de protección de las que concede a víctimas de violencia de género. Según el análisis elaborado por elDiario.es a partir de los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde 2005 a 2022, este juzgado ha denegado el 51,9% de las medidas que se han solicitado.

Es la primera vez que el CGPJ detalla, juzgado por juzgado, el porcentaje de concesión y rechazo de órdenes de protección desde la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que se produjo en 2005. Según estos datos, el juzgado de Aguilar ha concedido en 17 años el 48,2% de las órdenes de protección solicitadas, que pueden ser a instancia de la víctima, de familiares o de la Fiscalía. En números totales, de las 258 pedidas en este período, el juzgado concedió unas 133. El primer juzgado en Andalucía que rechaza más órdenes de las que concede pertenece a una capital: Sevilla. Según los datos del CGPJ, de 2005 a 2022, estos juzgados han denegado el 64,7% de las 18.404 medidas que se han solicitado.

Cabe recordar que las órdenes protección pueden ser penales o civiles. En el primer grupo están las privativas de libertad, las órdenes de alejamiento, la prohibición de comunicación o de volver al lugar del delito residencia de la víctima, y la retirada de armas u otros objetos peligrosos. En el ámbito civil, las medidas que pueden acordar los tribunales son la atribución del uso y disfrute de la vivienda, el régimen de custodia, visitas, comunicación con los hijos; la prestación de alimentos y una medida de protección al menor para evitar un peligro o perjuicio.

La ley establece como requisitos para su concesión la existencia de indicios fundados de delito o de una situación “objetiva” de riesgo. En este sentido, la responsable de la comisión de Violencia de Género del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Concepción Ortega, defiende que estas órdenes de protección son “medidas cautelares”, por lo que “deben estar fundamentadas”. “Muchas veces no hay necesidad para poner esa orden porque, por ejemplo, no haya menores o tampoco riesgo evidente para la víctima”.

Según los últimos datos difundidos también por el CGPJ, en el segundo trimestre de este año, los juzgados de Córdoba han registrado 115 solicitudes de órdenes de protección: 101 a petición de la víctima, 13, bajo solicitud de la Fiscalía y una, de oficio. De todas ellas, se han adoptado 103 y 12 se han rechazado; es decir, se ha aceptado el 89,5% de las solicitudes. Este porcentaje ha aumentado con respecto al del primer trimestre, cuando se concedió el 84,7% de las medidas.

Después del juzgado de Aguilar, todos los mixtos de Córdoba y el especializado de la capital conceden más del 70% de las órdenes que se solicitan. Así, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba ha autorizado, de 2005 a 2022, el 71% de las órdenes de protección, seguido de los de Cabra (79%), Posadas y Pozoblanco (81%), Lucena y Montilla (82%), Peñarroya (84%), Baena y Montoro (85%) y Puente Genil (92%). El juzgado que más órdenes de protección ha concedido es el de Priego, con un 96%.

Comparación por provincias

Si comparamos el porcentaje de órdenes de protección adoptado por provincias en Andalucía, en los intervalos entre 2005-2010 y entre 2017-2022, cuatro provincias experimentaron un aumento. El mayor fue el de Granada, que de un período a otro incrementó su porcentaje en diez puntos, seguida de Huelva, en seis puntos; y Cádiz y Almería, en dos puntos cada una. Por contra, donde más han bajado entre esos años las medidas adoptadas ha sido en Sevilla y Málaga, en nueve puntos cada una; Córdoba, en tres puntos; y Jaén, en dos.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la novena que más órdenes ha concedido en este tiempo: de 65.579, ha aceptado el 74,8%. Liderando esta lista se encuentra Extremadura, con un 76,9% de las concesiones, y en último lugar, Cataluña, donde tan solo se han autorizado el 46,7%.