Un juez abre diligencias contra el presidente del COE y Luis Rubiales por la venta del Córdoba CF

Más lío judicial en torno al Córdoba CF. Mientras la Audiencia Provincial celebra estos días la vista oral contra Carlos González, expresidente y máximo accionista de la entidad blanquiverde, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión, otro frente se abre paso. Y es que el titular del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Córdoba ha iniciado las diligencias previas para investigar una querella presentada por Hartmann & Morato Sports S.L., antigua Bitton Sport, contra varios de los protagonistas de la operación que terminó con la venta de la unidad productiva del Córdoba Club de Fútbol SAD y con la posterior inscripción de la Unión Futbolística Cordobesa SAD como Córdoba CF.

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso Cordópolis, acuerda el inicio de diligencias al apreciar que los hechos descritos en la querella podrían presentar, al menos en esta fase inicial, “características constitutivas de alguna infracción penal”. De manera más concreta, se habla de presuntos delitos de administración desleal, cohecho, corrupción entre particulares, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Entre los querellados figuran el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales; el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco; el ex CEO de la entidad cordobesista, Javier González Calvo; el administrador concursal Francisco Estepa, sociedades vinculadas a Infinity y parte del Consejo de Administración del actual Córdoba CF.

La querella sostiene que la operación que permitió a la nueva sociedad hacerse con la unidad productiva del Córdoba CF SAD fue, en realidad, una maniobra diseñada para separar los activos deportivos y comerciales del club de sus deudas, dejando a los acreedores en una posición gravemente perjudicada. Hartmann & Morato Sports S.L. (integrada por los hijos del malogrado Joaquín Zulategui, antiguo consejero del club) afirma en su escrito que era acreedora del club en el concurso de acreedores y que tenía reconocidos créditos por más de 3,1 millones de euros, además de otras cantidades superiores a los 30.000 euros. Según esta versión, la venta permitió que la nueva entidad conservara los elementos esenciales del proyecto deportivo (la plaza, la identidad, el nombre de competición y la continuidad federativa) mientras el viejo Córdoba CF SAD quedaba en concurso y con sus acreedores sometidos a una quita del 80% y una espera de 119 meses.

El escrito, de casi una treintena de páginas, reconstruye la operación desde la detención en noviembre de 2019 del entonces presidente del Córdoba CF SAD, Jesús León, hasta la venta de la unidad productiva y la posterior inscripción de la nueva sociedad en competición. “La operación CORDOBBA CF (sic) se ha señalado públicamente como el gran fraude del fútbol español y no sin razón”, dice. Tal y como recoge la querella, apenas unos días después de aquella intervención judicial se solicitó el concurso voluntario del club y se presentó una oferta para adquirir la unidad productiva, lo que levanta, por la rapidez de los acontecimientos, las suspicacias de la parte demandante. En el escrito, incluso, se pregunta cómo la solicitud entró un viernes por la tarde (20:23 horas) y el lunes siguiente el Juzgado Mercantil nº 1 de Córdoba acordó el concurso, nombró administrador concursal a Francisco Estepa y autorizó la venta de la unidad productiva. Entienden que esa celeridad no fue casual, sino el síntoma de una operación preparada con antelación.

Uno de los ejes del texto es la supuesta falta de transparencia en el proceso de venta. La querellante afirma que hubo otros interesados en obtener información e incluso en formular ofertas superiores (alguna, según el documento, de hasta nueve millones de euros), pero que no se les habría facilitado una posibilidad real de competir. El documento llega a calificar la operación como una “expropiación en toda regla”, al entender que se produjo una venta a bajo coste, sin tasación suficiente y sin garantías de que el precio respondiera al valor real del club.

El giro de la RFEF y la “supuesta intervención” institucional

La querella, y aquí radica bastante de lo novedoso del asunto, dedica buena parte de su relato al papel de la RFEF. Según el escrito, el ente federativo, liderado en ese momento por Luis Rubiales, mantuvo en un primer momento una posición contraria a la inscripción de UFC SAD como Córdoba CF, al entender que los derechos federativos y de competición no podían transmitirse sin más dentro de una venta de unidad productiva. El documento cita el principio de mérito deportivo y las normas federativas, de FIFA y de UEFA, para sostener que la inscripción de la nueva sociedad no era jurídicamente viable. Sin embargo, la querellante afirma que la Federación cambió de criterio en el último momento y acabó inscribiendo a UFC SAD en Segunda B como “Córdoba CF”, pese a que, según su interpretación, el auto judicial no ordenaba esa inscripción, sino que remitía a la Federación la comprobación de dichos requisitos.

Es en ese cambio de criterio donde la querella sitúa la supuesta intervención de Alejandro Blanco y Luis Rubiales. El documento sostiene que el presidente del COE habría actuado como puente entre Javier González Calvo, los inversores bareiníes y el entonces presidente de la RFEF. La querella cita apariciones públicas de Alejandro Blanco en Córdoba junto a representantes de Baréin y dirigentes de la nueva sociedad, así como viajes posteriores al Golfo Pérsico para apuntalar la tesis de que su presencia no era meramente institucional. También alude a conversaciones publicadas por medios como El Confidencial y OK Diario, de las que, según la querellante, se desprendería que Alejandro Blanco habría solicitado a Rubiales su intervención para facilitar la inscripción federativa de la nueva entidad.

La parte querellante vincula esa actuación con posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho, al entender que personas con cargos de relevancia institucional habrían podido actuar en beneficio de terceros. El escrito también apunta a un posible delito de administración desleal en la actuación del administrador concursal, Francisco Estepa, al que acusa de haber favorecido a la sociedad compradora en perjuicio de la concursada y de sus acreedores.

Dudas sobre la “trazabilidad” de los tres millones de euros

Otro de los puntos que la querella pide investigar es el origen del dinero empleado en la operación. El documento hace referencia a una transferencia SWIFT de tres millones de euros consignada en el Juzgado Mercantil nº 1 de Córdoba y plantea dudas sobre su procedencia, la sociedad que la ordenó, la cuenta de origen y la trazabilidad de los fondos. Hartmann & Morato Sports S.L. sostiene que, en aquel momento, no estaba claro quién estaba realmente detrás de UFC SAD ni cuándo entraron en su capital las sociedades vinculadas a Infinity. Esa falta de claridad sirve al escrito para invocar, además, la posible existencia de un delito de blanqueo de capitales, extremo que ahora el juzgado deberá valorar si procede investigar en profundidad.

La querella pide, además, un amplio paquete de diligencias: que la RFEF remita el expediente completo de su intervención en el concurso y en la inscripción de UFC SAD; que se identifique quién ordenó y firmó la inscripción; que se aporten informes jurídicos, actas de reuniones y comunicaciones internas; que se requiera documentación sobre la transferencia de tres millones; que medios de comunicación entreguen audios, mensajes y WhatsApps atribuidos a conversaciones de Rubiales con Blanco y González Calvo; y que declaren testigos como Javier Tebas, Gerardo González Otero, Miguel García Caba, Magdalena Entrenas o Daniel Pastor.

Este medio se ha puesto en contacto con el Comité Olímpico Español, Unión Futbolística Cordobesa, Javier González Calvo y Francisco Estepa, que han preferido no hacer declaraciones hasta conocer con exactitud la querella a la que Cordópolis ha podido tener acceso en exclusiva. No ha sido posible recabar la versión de Luis Rubiales.