Las inhibiciones entre juzgados bloquea la causa de los altercados entre ultras del Córdoba CF y el Almería

La causa judicial abierta a raíz de los altercados entre seguidores radicales del Córdoba CF y la UD Almería permanece completamente paralizada debido a un complejo conflicto de competencia entre varios juzgados, según ha podido saber este medio. Esta situación ha dejado a los investigados en un limbo legal, sin posibilidad de ejercer su derecho a la defensa y con medidas cautelares aún vigentes.

El origen del caso se remonta a los incidentes ocurridos el pasado 12 de enero entre grupos de ultras de ambos equipos que derivaron en la identificación de 32 personas. Sobre diez de ellas pesa una causa penal y se les impusieron medidas cautelares, entre ellas, la prohibición de aproximarse a menos de 400 metros de estadios de fútbol de Primera y Segunda División durante las horas previas y posteriores a los partidos. Sin embargo, desde que se dictaron dichas medidas, el expediente ha estado “deambulando” entre diferentes órganos judiciales sin que ninguno asuma su tramitación definitiva.

El procedimiento comenzó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba, en funciones de guardia, que se inhibió en favor del número 7. Este último también se apartó del caso, remitiéndolo al número 8, que posteriormente declaró que la competencia correspondía a los juzgados de Almería. Finalmente, estas instancias devolvieron el expediente a Córdoba. La causa se encuentra, cinco meses y medio después, en el Decanato a la espera de un nuevo reparto.

Mientras tanto, los diez investigados continúan sujetos a las medidas de alejamiento impuestas inicialmente, “sin que puedan realizar escritos, presentar alegaciones ni acceder a información básica como el número de procedimiento o el juzgado competente”. Según fuentes consultadas por este medio, “no existen copias completas del expediente ni posibilidad de consulta por parte de la defensa, lo que agrava la situación de indefensión”.

A pesar de esta parálisis judicial, la Audiencia Provincial confirmó las medidas cautelares que se impusieron al principio de la causa.