La Fiscalía impulsa seis investigaciones en Córdoba para esclarecer crímenes del franquismo

La Fiscalía de Memoria Democrática tiene actualmente en marcha seis diligencias de investigación preprocesal encaminadas a esclarecer las circunstancias de la muerte de víctimas cuyos restos han sido hallados en diversas fosas de la provincia, tal y como ha explicado a este periódico la fiscal delegada, Flor Aguado.

Las investigaciones se centran en puntos estratégicos donde los trabajos de exhumación ya han arrojado resultados o están en proceso. En la capital, las pesquisas afectan a los dos cementerios: San Rafael y Nuestra Señora de la Salud. En la provincia, la Fiscalía mantiene abiertas diligencias en Puente Genil, Adamuz, Villafranca de Córdoba y Encinas Reales. No obstante, el número de estas diligencias preprocesales podría aumentar a corto plazo, ya que “se prevé que se vayan a abrir otras más, pero todavía están en proceso”.

Esta actuación de la Fiscalía no es opcional, sino una obligación legal reforzada por la nueva normativa. Según detalla la fiscal, la Ley de Memoria Democrática y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas imponen al Estado el deber de investigar el paradero y el contexto de las muertes. Estas investigaciones abarcan a las víctimas comprendidas desde el golpe de Estado de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Un proceso “laborioso y extenso”

La labor de la Fiscalía es un puzzle complejo que combina ciencia e historia. Para cada caso, se solicitan memorias arqueo-forenses que determinen el sexo, la edad y el contexto del fallecimiento. Además, se trabaja estrechamente con el laboratorio de la Universidad de Granada para el cotejo de muestras de ADN de los restos con las de los familiares.

Sin embargo, el tiempo transcurrido es el principal enemigo. “Estas diligencias de investigación son laboriosas y extensas en el tiempo”, reconoce la fiscal, quien explica que el plazo inicial de seis meses suele ser insuficiente. Por ello, confirma que ya “se han tenido que solicitar prórrogas a la Fiscalía General del Estado para proceder a los avances”, debido a que la degradación de los restos y los grados de parentesco distanciados dificultan las identificaciones genéticas.

El proceso judicial de cada víctima terminará con la redacción de un documento oficial que servirá de reparación histórica para las familias. “Cuando tengamos una identificación positiva, se elaborará un decreto donde haya una relación circunstanciada de todas las diligencias y un relato lo más pormenorizado posible de las circunstancias de la muerte de esta persona”, explica. Este decreto no solo se basará en pruebas biológicas, sino que incluirá documentación histórica, como diligencias de enterramiento o resoluciones de la época, para que la verdad quede oficialmente acreditada.