Las conexiones cordobesas de Aldama en la trama de hidrocarburos

En octubre de este año, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil desarticularon una trama dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos. En la cúspide se hallaba el empresario Víctor de Aldama, dueño del Zamora y nacionalmente famoso por ser el presunto corruptor del caso Koldo que implica al exministro José Luis Ábalos. Esta trama, diferente a la del caso Koldo que investiga el pago de comisiones por contratos millonarios para importar material sanitario en España durante la pandemia, también tiene conexiones cordobesas.

En el caso Ábalos, por ejemplo, Víctor de Aldama tenía a sueldo a un comandante de la Guardia Civil nacido y residente en Benamejí. También usó para sus negocios a un militante del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo, Cristian Corvillo, a su vez el hombre de Ábalos en la provincia de Córdoba. Pero en la red que investiga un fraude de unos 133 millones de euros se sospecha de que De Aldama usó a dos presuntos testaferros en Córdoba, que controlaban una comercializadora de combustible y una inmobiliaria.

Este caso, enmarcado en la lucha contra el fraude que se comete de manera recurrente en este sector estratégico, está dirigido por el Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Fue el pasado mes de octubre cuando el juez Pedraz acordó prisión provisional tanto para De Aldama como para su socio Claudio Rivas por su presunta participación en un fraude a la Hacienda Pública de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. El magistrado acordó la puesta en libertad del primero después de su declaración voluntaria en el 'caso Koldo', pero Rivas todavía se encuentra en la cárcel.

El juez investiga en esta causa --que permanece secreta-- a ambos como responsables de la organización criminal, como subdirectora a María Luisa Rivas, así como a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.

En la instrucción, adelantada por El Confidencial, los investigadores sostienen que Aldama usó a un par de testaferros cordobeses. El primero creó una sociedad, hoy en disolución, llamada Salamanca Fuel, con la que presuntamente se adquiría combustible a bajo precio. El segundo, una empresa inmobiliaria llamada Proyectos Prados de Alderete SL. En este extremo se sospecha que la entidad pudo haber sido usada para cometer algún ilícito penal.

El presunto fraude estribaba en que se había creado un conglomerado de empresas. Estas compraban el combustible y lo vendían rápidamente a un precio inferior al de la competencia. Las entidades obtenían el beneficio a través de unos impuestos que sí que repercutían en sus clientes pero que nunca ingresaban en las arcas de la Agencia Tributaria. En principio, se aplazaba su pago y las empresas rápidamente entraban en liquidación.

La sede de la sociedad de combustible estaba en un edificio de oficinas del polígono industrial de la Torrecilla. La de la promotora inmobiliaria en la céntrica calle Morería.

Este mismo lunes declaró Aldama en los juzgados, a la vez que la UCO de la Guardia Civil desarrollaba un nuevo operativo por toda España.