Las familias de Córdoba confían en que la Junta asuma o frene el cobro del comedor del día que se suspendieron las clases

Las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAs) de Córdoba han trasladado este lunes al delegado de Educación de la Junta, Diego Copé, su malestar tras conocer la intención de la empresa concesionaria de comedores escolares Mediterránea de cobrar a las familias el servicio correspondiente al día 4 de febrero, jornada en la que los centros educativos permanecieron cerrados por decisión de la Junta de Andalucía ante las alertas meteorológicas.

La secretaria de las AMPAs de Córdoba, Pilar Tena, ha calificado la situación de “chocante e injusta”, al considerar que las familias no pueden asumir el coste de un servicio que no se prestó y cuya contratación corresponde a la administración autonómica.

Según explica Tena, la sorpresa llegó cuando algunas direcciones de centros comenzaron a recibir comunicaciones de la empresa indicando que ese día se cobraría igualmente el servicio de comedor a las familias usuarias. “Nos dicen que ese día hay que pagarlo y que además tienen que asumirlo las familias, no la administración”, señala.

La empresa concesionaria justifica el cobro alegando que ya había realizado los gastos necesarios para prestar el servicio, como la compra de alimentos, personal o logística. Sin embargo, desde las AMPAs cuestionan este argumento y sostienen que no se produjo ningún desperdicio de comida. “Es más sangrante todavía porque a principio de mes envían un menú con lo que se va a comer cada día. Tras el cierre de los centros nos enviaron otro menú modificado en el que simplemente trasladaban al día 5 lo que estaba previsto para el día 4”, explica Tena. “Eso demuestra que la comida no se tiró, simplemente se cambió de día”.

Para las familias, el problema trasciende el importe —unos cinco euros por alumno— y se centra en el principio de que no deben pagar por un servicio que no han recibido. “No puedo pagar por algo que no se me ha dado y que además no es culpa mía que no se haya prestado”, subraya.

Desde las AMPAs insisten además en que la responsabilidad contractual no recae en las familias, sino en la administración educativa. “Nos derivan una responsabilidad que no es nuestra. Las familias no tenemos contratado el servicio con la empresa, lo tiene la administración. Si hay que pagar ese día, tendrá que hacerlo la Junta, que es quien firmó el contrato”, afirma Tena.

Las asociaciones trasladaron su preocupación al delegado territorial de Educación, quien, según Tena, les aseguró que la administración intentará evitar que el coste recaiga sobre las familias. “Nos han dicho que era algo imposible y que lo van a pelear”, indica, aunque las AMPAs esperan confirmar el resultado cuando se cobre la cuota mensual del comedor, sin saber de momento si es posible que, en algunos colegios, incluso ya se haya podido cobrar.

La polémica surge después de que Mediterránea enviara una circular a las familias explicando que, pese al cierre de los colegios por seguridad, las empresas concesionarias “ya habían asumido la totalidad de los gastos necesarios para garantizar el servicio”. Entre estos costes citan alimentos perecederos, personal, logística y transporte, que califican de “inevitables” al generarse con antelación.

En el documento, la empresa asegura que solicitó a la Junta de Andalucía que se hiciera cargo del coste de esos días, pero que la administración respondió que “no dispone de competencia para regular la aportación familiar”. Ante esta situación, Mediterránea sostiene que debe repercutir el cobro para garantizar la “viabilidad del comedor” y el “equilibrio económico del contrato”.