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Le piden 19 años y 3 meses de cárcel por violencia habitual, tres agresiones y una violación a su expareja

Imagen de archivo de un cartel en una manifestación contra la violencia machista.

Juan Velasco

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La Fiscalía de Córdoba solicita un total de 19 años y 3 meses de prisión para un hombre acusado de maltratar de forma continuada a su expareja durante la relación que ambos mantuvieron durante aproximadamente cinco años, amén de afrontar un cargo de agresión sexual. El caso será juzgado en la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, durante la convivencia, el procesado habría desarrollado una conducta de dominación y control constante sobre la víctima, con episodios reiterados de violencia física y psicológica.

La Fiscalía sostiene que el acusado sometía a su pareja a actos habituales de “menosprecio”, “desvalorización” y “agresiones físicas”, que incluían “empujones, tirones de pelo y bofetadas” cuando surgían discusiones entre ambos.

Además de estas agresiones, la calificación describe tres episodios concretos de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género, así como varios ataques contra la libertad sexual de la mujer, uno de ellos constitutivo de agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera al acusado autor de un delito de violencia física y psíquica habitual, tres delitos de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género y un delito de agresión sexual con acceso carnal.

Por ello, solicita tres años de prisión por el delito de violencia habitual, nueve meses de cárcel por cada uno de los tres delitos de maltrato y catorce años de prisión por la agresión sexual, lo que suma 19 años y tres meses de cárcel.

La acusación también pide varias penas accesorias, entre ellas prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima, privación del derecho a la tenencia de armas y periodos de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena. Asimismo, solicita una inhabilitación de 25 años para ejercer profesiones u oficios que impliquen contacto habitual con menores.

El juicio deberá determinar la responsabilidad penal del acusado por los hechos denunciados.

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