La conexión cordobesa del caso Leire

Rubén Villalba nació y vive en Benamejí, un pequeño pueblo del sur de la provincia de Córdoba. Es comandante de la Guardia Civil y era, hasta hace dos años, uno de los principales responsables de la lucha antiterrorista de España. Hasta hace dos años. Fue entonces cuando sus propios compañeros del instituto armado lo detuvieron, acusado de formar parte del entramado del empresario Víctor de Aldama destapado en el famoso caso Koldo que ha acabado salpicando a José Luis Ávalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.

Villalba, que fue arrestado cuando se dirigía a coger un avión a Caracas (Venezuela), su nuevo destino como guardia civil, aparece también en la causa de la Audiencia Nacional que este miércoles derivó en el registro de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, el conocido como caso Leire. Pero Villalba no aparece como uno de los implicados en la trama, sino al contrario, como víctima.

Según consta en el auto firmado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el testimonio y el trabajo de Villalba es clave para tratar de desentrañar el objetivo de la trama supuestamente auspiciada desde Ferraz para desacreditar todas las causas policiales y judiciales contra el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El magistrado sostiene en su escrito que en marzo de 2025, Leire Díaz y Rubén Villalba mantuvieron dos encuentros. De hecho, el diario El Mundo llegó a publicar fotografías de los mismos. Tras las reuniones, el propio comandante redactó dos actas de la reunión dejando constancia de su contenido, documentos que actualmente obran en el procedimiento judicial. En estos encuentros, la organización investigada, a través de Leire, le habría realizado diversos ofrecimientos con una evidente trascendencia económica. En concreto, le propusieron eximirle del pago de su nueva defensa, garantizar que recuperaría su trayectoria profesional previa y asegurarle puestos de máxima responsabilidad tras una supuesta “purga” que planeaban ejecutar.

A cambio de estos beneficios, el auto del juez Pedraz afirma el objetivo de la organización era, en palabras que el propio comandante anotó, “intentar desmontar a la Guardia Civil”. Según consta en las actas redactadas por este agente, Leire Díez le solicitó aportar toda la información de la que dispusiera sobre el fiscal José Grinda, datos sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil (especialmente de los tenientes coroneles Balas y Bonilas) y de la Jefatura de Información, incluyendo al actual Director Adjunto Operativo (DAO) y al teniente coronel Basilio Luis Sánchez Portillo.

El magistrado también sostiene que Leire le pidió declarar como testigo protegido ante el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y que acusara en la misma a la Guardia Civil, a la UCO, a sus mandos, al coronel Corbi y al teniente coronel Basileo.

Finalmente, para avanzar en la investigación de estos hechos, el juez instructor ha ordenado requerir al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) la entrega del registro de accesos y visitas a su sede en la calle Ferraz correspondientes a Rubén Villalba, abarcando el periodo desde el año 2025 hasta la actualidad. Este mismo miércoles, la propia UCO que investiga este caso acabó entrando en la Dirección General de la Guardia Civil, para investigar también todos estos asuntos.

La operación lanzada este miércoles por la Audiencia Nacional otorga una nueva dimensión al caso de las maniobras presuntamente urdidas por la exmilitante socialista Leire Díez para buscar material contra fiscales y mandos policiales. El auto del juez Santiago Pedraz atribuye por primera vez a Santos Cerdán el liderazgo de ese grupo que buscaba “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE y apunta al propio partido como financiador de esas maniobras. Agentes de la Guardia Civil permanecieron durante 12 horas recabando documentación del caso en la sede de la formación, en la calle Ferraz de Madrid.