El caso Infraestructuras se divide en seis piezas que investigan tres jueces distintos

El caso Infraestructuras que provocó la detención del concejal del Ayuntamiento de Córdoba David Dorado ha sido dividido en seis piezas diferentes que investigan tres jueces distintos, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales. Así, el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba investiga dos causas, la primera, que emana de la denuncia que en su día presentaron los concejales de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba al detectar presuntas irregularidades en contratos de obras del Área de Infraestructuras, y una más que acaba de asumir: el descubrimiento por parte de la Policía Nacional del pago con cargo a los fondos públicos de una obra de reforma en un garaje privado de la plaza de Cuba.

Además, de las diligencias policiales se han derivado nuevas piezas separadas que han sido dividido en otras cuatro partes. Dos de ellas han caído en el Juzgado de Instrucción número ocho de Córdoba y otras dos en el Juzgado de Instrucción número 7, tras el reparto ordenado por el juez decano. Este reparto se produce, precisamente, a petición del primer juez, el de Instrucción 4, José Luis Rodríguez Laínz. El magistrado advirtió que la causa sobrepasaba los presuntos delitos que se investigan al principio. Ante su volumen y para evitar la creación de una macrocausa que podía provocar años de investigación (similares al caso ERE, por ejemplo), el juez optó por enviar las diligencias al juez decano para que las repartiese, algo que acaba de hacer.

Eso sí, el caso Infraestructuras se acaba de encontrar con un grave problema: la huelga de los secretarios judiciales. Este paro indefinido que mantiene colapsada a la Administración de Justicia ha provocado que los jueces no hayan podido incoar aún las diligencias de investigación. Al no hacerlo, tampoco han podido revisar todo lo descubierto por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco del caso Infraestructuras. La Policía Nacional, por su parte, lo ha llamado operación Caronte I y Caronte II, sin descartar la apertura de un nuevo operativo especial por los descubrimientos que está haciendo.

En diciembre, el juez que ya investigaba la primera causa del caso Infraestructuras, referida exclusivamente a las obras financiadas a cargo del Plan de Choque del año 2020, entendió que había otras cuatro más, tras recibir el informe de la Policía Nacional: Así, señalaba una “facturación falsa o sobredimensionamiento del ejercicio 2022” en el Área de Infraestructuras, una segunda línea relacionada con el supuesto intento de David Dorado de cobrar una mordida al dueño de una agencia de publicidad de Córdoba, una tercera sobre los presuntos sobornos cobrados por el funcionario investigado en la trama y una cuarta sobre el “supuesto intento de destinar fondos púbicos del Ayuntamiento de Córdoba para la impermebealización del aparcamiento de la plaza de Cuba”. Esta última es la que ha asumido él mismo, después del reparto del juez decano.

A estas cinco causas se ha sumado una sexta, después de la reciente detención de un empresario cordobés. En un auto fechado el pasado 30 de enero, asume el último atestado de la Policía Nacional en el que se da cuenta de nuevas investigaciones realizadas en este caso, con la detención y puesta en libertad con cargos del último empresario involucrado en el mismo. “Dicha persona y empresa son relacionados con una serie de facturas emitidas en el ejercicio 2021, correspondientes a labores de pintura, albañilería, fontanería y jardinería del área de Infraestructuras. Parte de estas facturas se habrían correspondido con trabajos realizados directamente por operarios del Ayuntamiento de Córdoba, simplemente no se habrían realizado, o habrían trabajado en ellas empleados de otra (sociedad) mercantil”, aduce el juez en su auto, derivado de la investigación de la Policía Nacional.

Y una séptima investigación por la denuncia del propio Dorado

Aunque no está relacionada con esta causa, en la Ciudad de la Justicia de Córdoba se investigan otras diligencias por una denuncia que presentó el propio David Dorado contra otro funcionario, el encargado del Alumbrado Público. En este caso, el Juzgado de Instrucción número dos abrió diligencias después de un extenso escrito de la Fiscalía Provincial de Córdoba. La investigación de la Fiscalía se inició por la denuncia de Dorado y sentó como testigos a trabajadores de estas empresas. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, estos testigos detallan reuniones previas con el jefe de alumbrado público antes de que se sacasen a concurso los contratos. La propia Fiscalía pidió al Ayuntamiento que le remitiese los contratos con tres empresas entre los años 2016 y 2022. Eso sí, también ha solicitado el envió de contratos en alumbrado público firmados en el año 2012.

Luminarias y telemandos

En su escrito la Fiscalía de Córdoba incide en dos materiales concretos: las luminarias y los telemandos de gestión eléctrica. Una ciudad como Córdoba tiene miles de luminarias y más de un centenar de telemandos. Estos telemandos son precisamente los que se encargan de vigilar que las luces se encienden cuando deben y que el sistema funciona de manera correcta.

En el caso de las luminarias, desde el año 2012 el Ayuntamiento de Córdoba ha sustituido las luces de miles de farolas de la ciudad por otras más eficientes. El fiscal cita varios contratos en concreto que se hacían por lotes y que estaban valorados, cada uno, en más de 500.000 euros. En los contratos, en el pliego, se solicitaba un modelo de luminaria llamado Simon que solo vendía en Córdoba un comercial en concreto. El modelo no estaba ni en la web ni en los catálogos de las empresas. Según el fiscal, cuando las empresas llamaban para pedir precio se sorprendían al ver que costaba un 40% más que la media del resto de modelos, según el escrito. Esto provocaba que muchas empresas desistiesen.

Estos mismos modelos se introducían en pliegos para la reforma de calles donde también había que sustituir el alumbrado público, según señala la Fiscalía en su escrito, que enumera varias decenas de contratos que corresponden a los tres últimos mandatos municipales.

En el caso de los telemandos, desde 2012 hasta 2020 se han sustituido un centenar. El sistema en este caso es similar al de las luminarias, aunque con un matiz tecnológico que hacía imposible que se pudiese adquirir otro modelo. En este caso, el modelo que se ha venido solicitando en todos los pliegos es el llamado Grial, que también fabrica en exclusiva una empresa de Córdoba. El telemando funciona con un software concreto. Parte es libre pero otra parte está patentado por la compañía. Es decir, ese modelo no lo puede producir otra compañía que no sea la cordobesa que se encuentra bajo investigación.