Acusan a un condenado por maltrato animal de incumplir la prohibición de tener y criar animales

La Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur ha solicitado al Tribunal de Instancia de Córdoba la revocación de la suspensión de la pena de 18 meses de prisión impuesta a uno de los dos cazadores condenados por el caso de la conocida como finca de los horrores de Cabra, donde decenas de perros fueron víctimas de maltrato y abandono. La entidad reclama que el condenado ingrese en prisión al considerar que habría incumplido la prohibición judicial de tener animales.

La petición, presentada con la asistencia jurídica de la letrada especializada en derecho animal Dulce Aguilera, se produce después de que se haya acordado la apertura de juicio oral contra el investigado por un presunto delito de quebrantamiento de condena. No obstante, estos nuevos hechos todavía están pendientes de ser juzgados y no existe una sentencia que declare probado el supuesto incumplimiento.

El origen del caso se remonta a octubre de 2022, cuando el Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba condenó a los dos responsables de la finca a 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para la tenencia de animales y el ejercicio de actividades profesionales o comerciales relacionadas con ellos.

La sentencia consideró probado que ambos mantuvieron durante meses a 29 perros en condiciones extremas de abandono y sufrimiento. Los animales permanecían encadenados a olivos, sin agua ni comida, rodeados de basura, excrementos y restos óseos de otros perros, sin refugio y con graves problemas de salud. Dos de ellos fallecieron como consecuencia de aquella situación y otro tuvo que ser eutanasiado debido a su gravísimo estado.

Galgos del Sur participó en el rescate de los animales, haciéndose cargo de 21 de los 24 perros decomisados, y ejerció la acusación particular durante el procedimiento judicial.

Dos informes de detectives privados

Según ha explicado la asociación, tras conocer indicios de que uno de los condenados podría estar incumpliendo las prohibiciones judiciales, contrató a investigadores privados para documentar sus actividades. El trabajo se plasmó en dos informes periciales de detectives privados que, según la entidad, recogerían indicios de que el condenado habría continuado con la posesión, cría y comercialización de animales en determinadas fincas, pese a la inhabilitación impuesta por el juzgado.

Estos hechos dieron lugar a un nuevo procedimiento por un supuesto delito de quebrantamiento de condena, recogido en el artículo 468.1 del Código Penal. Tanto el Ministerio Fiscal como Galgos del Sur, en calidad de acusación particular, han presentado escritos de acusación contra el investigado.

Además, mediante un auto de fecha 15 de junio de 2026 se acordó la apertura de juicio oral, un avance procesal que la asociación considera relevante para volver a solicitar la revocación de la suspensión de la pena.

La entidad recuerda que anteriormente el juzgado rechazó su petición de revocación porque los hechos que denunciaba todavía se encontraban en fase de investigación. Ahora, tras la apertura de juicio oral, ha vuelto a solicitar que se revoque la suspensión de los 18 meses de prisión y se acuerde la ejecución de la condena, con las correspondientes órdenes para hacer efectivo el ingreso en un centro penitenciario.

Desde Galgos del Sur sostienen que las condenas por maltrato animal deben cumplirse y que las inhabilitaciones judiciales no pueden quedarse en meras declaraciones sin consecuencias. La asociación ha reafirmado su compromiso de utilizar todas las herramientas legales a su alcance para defender a los animales y conseguir que las resoluciones judiciales se cumplan.