El Supremo vuelve a aplazar la sentencia definitiva de Sandokán

Los jueces se habían puesto como fecha tope ayer para decidir la condena definitiva a Rafael Gómez por el caso Malaya, pero la complejidad de la causa vuelve a retrasar la firma de la sentencia

El líder de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba y exconstructor Rafael Gómez aliasSandokán tenía que saber en enero de 2015 cuál sería su condena en el caso Malaya. Rafael Gómez, junto a 150 personas más, fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga en la mayor causa contra la corrupción judicializada en España, la del Ayuntamiento de Marbella. El concejal cordobés recurrió la sentencia, al igual que la Fiscalía Anticorrupción. El Tribunal Supremo se había dado de plazo hasta ayer para firmar la condena definitiva de Rafael Gómez. También la del resto de procesados por el caso Malaya.

No obstante, fuentes del Supremo aseguraron que la sentencia aún tendrá que esperar. La complejidad de la causa, con 150 acusados y miles de folios de investigación, ha provocado un nuevo retraso de los jueces a la hora de dar su dictamen definitivo. Las fuentes detallaron que aún no existe providencia que justifique la prórroga ni plazo que determine cuándo puede salir una sentencia que podría, incluso, cambiar el mapa electoral en la ciudad de Córdoba. Rafael Gómez es actualmente concejal y líder de UCOR. La sentencia podría conllevar aparejada inhabilitación e, incluso, impedir que Sandokán pudiese presentarse a las elecciones municipales del 24 de mayo.

En el caso de Rafael Gómez la petición del fiscal vuelve a ser la inicial: 18 meses y un día de cárcel y 1,2 millones de indemnización por un delito de cohecho activo más las costas del proceso. En el escrito de recurso de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso este medio se entiende como “injusta” la condena de 6 meses de prisión y 150.000 euros que la Audiencia Provincial de Málaga impuso en su día al empresario y líder de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba por su participación en el caso Malaya. El eje sobre el que pivota el recurso del Ministerio Público es la minoración de la pena inicialmente prevista por una circunstancia atenuante de irregularidades en el arresto del constructor.

Según el escrito del Ministerio Público, la resolución de la Audiencia es “totalmente novedosa” y, en consecuencia, no se encuentran precedentes de que una posible irregularidad en un arresto comporte una reducción en la pena solicitada. Y no la hay, continúa el fiscal, “porque no es lógico” ya que aquellas personas que hayan sufrido una detención irregular tienen fórmulas previstas en el ordenamiento jurídico para reclamar compensaciones económicas al Estado o responsabilidades civiles o penales contra el funcionario o la autoridad responsable de tal irregularidad.