La Universidad de Córdoba diseña una hoja de ruta ante la incertidumbre sobre la financiación universitaria

El consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha conocido este viernes un informe preliminar elaborado por el equipo de dirección sobre el Plan de Mitigación de Riesgos, con el que la institución pretende anticiparse a los posibles efectos del “actual escenario de incertidumbre” sobre la financiación de las universidades públicas andaluzas.

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detallado que el documento, “presentado mientras continúan las negociaciones entre la Junta de Andalucía y las universidades”, propone actuar en tres frentes: “la reclamación de la financiación pendiente, el incremento de los recursos y la contención del gasto” y, además, “prevé la creación de grupos de trabajo para concretar las medidas antes de trasladarlas a los órganos competentes”.

El informe señala “el creciente peso de los gastos de personal, derivado, entre otras cuestiones, de la ampliación y estabilización de las plantillas, la promoción profesional y el reconocimiento de nuevos derechos retributivos”, gastos que representaron “el 84,4% de los fondos recibidos por la UCO a través del modelo de financiación en 2022 al 95,8% en 2025, sin que la financiación autonómica haya evolucionado en la misma proporción”.

La UCO ha resaltado que “la mayoría de las universidades públicas andaluzas rechazó el reparto planteado por la Junta de Andalucía para 2025 al considerarlo insuficiente para atender los incrementos salariales asumidos” y “la orden de 7 de mayo, que fijó la primera asignación para 2026, mantuvo esta incertidumbre. En este contexto, el pasado 8 de julio quedó constituida una comisión técnica entre la Junta y las universidades para analizar el incremento real de los gastos de personal”, ha detallado.

Así las cosas, “para 2026, la UCO tiene asignados inicialmente 150,5 millones de euros, frente a los 155 millones estimados conforme a la cláusula de salvaguarda del modelo vigente”. De este modo, el informe cifra en “cinco millones la insuficiencia prevista para este ejercicio, a la que se añaden 3,14 millones pendientes de 2025 y los 1,1 millones adelantados para continuar la urbanización del Campus de Rabanales, a la espera de que se autorice su financiación con cargo a remanentes no afectados”.

Tres líneas

La primera línea plantea reclamar a la Junta de Andalucía “la financiación correspondiente a los incrementos salariales, la actualización de los gastos de funcionamiento, las inversiones en infraestructuras y la implantación de nuevas titulaciones”.

Por su parte, la segunda reúne distintas vías para “aumentar los recursos, entre ellas la recuperación de deudas, la captación de estudiantado y de financiación externa, la revisión de tasas y precios públicos, la mejora de la rentabilidad de los activos financieros y el impulso del mecenazgo”.

El tercer eje contempla “medidas de contención y racionalización del gasto, como la revisión de las contrataciones de personal sustituto e interino y de los servicios extraordinarios, la planificación plurianual de las inversiones en equipamiento científico-técnico y la reducción de gastos protocolarios, colaboraciones, patrocinios y material fungible”.

La activación del plan se llevará a cabo a través de grupos de trabajo que transformen estas líneas generales en propuestas concretas, estimen su impacto a corto, medio y largo plazo y las eleven a los órganos correspondientes. El documento se concibe, por tanto, como “una hoja de ruta inicial que podrá enriquecerse con las aportaciones individuales y colectivas de la comunidad universitaria”.

También en el capítulo económico, el órgano de gobierno ha conocido el informe trimestral de ejecución presupuestaria a 30 de junio de 2026 y ha aprobado los expedientes de modificación de crédito correspondientes al segundo trimestre. Asimismo, ha dado luz verde al reglamento para compensar los costes estructurales derivados de actividades financiadas con recursos externos y ha modificado el Plan Estratégico de Subvenciones de la UCO 2026-2028.

Política departamental

En el capítulo de Política Departamental, entre otras cuestiones, el consejo ha modificado la normativa que regula el ingreso de profesorado ayudante doctor y un nuevo reglamento para el ingreso de profesorado asociado en la Universidad de Córdoba. También se han aprobado las convocatorias y los perfiles de plazas de profesorado ayudante doctor correspondientes a los cursos 2024/2025 y 2025/2026; las solicitudes de profesorado emérito y honorífico para el curso 2026/2027; diversas adaptaciones de contrato y la modificación del baremo general de méritos para los concursos de profesorado ayudante doctor y ayudante doctor vinculado.

En materia de investigación, cabe destacar la aprobación de la financiación destinada a los institutos universitarios de investigación por un importe global de 110.000 euros, de los que 27.500 corresponden a una asignación fija y 82.500 se distribuyen en función del cumplimiento de objetivos.

En el apartado de másteres y doctorado, el consejo de gobierno ha aprobado las memorias de verificación de los másteres universitarios en Derecho del Vino y en Ciencias Aplicadas al Patrimonio Arqueológico, cuya implantación está prevista para el curso 2027/2028.

Plan de captación

En materia estudiantil, el consejo ha aprobado el XIII Plan Anual de Captación de Estudiantes (PACE-UCO) para el curso 2026/2027, coordinado por el Vicerrectorado de Estudiantes, Acceso y Empleabilidad. El plan mantiene una política integral de información dirigida al alumnado preuniversitario y busca fortalecer la estrategia de captación mediante un diálogo fluido y permanente entre la UCO y los institutos de Educación Secundaria, centros docentes privados, centros de protección de menores y el Centro Penitenciario de Córdoba.

En lo que respecta a internacionalización, se han aprobado las bases reguladoras de las ayudas Erasmus+ destinadas a que estudiantes de Grado y Máster realicen prácticas en instituciones y empresas extranjeras. Las estancias, de entre dos y doce meses, podrán desarrollarse tanto en países participantes en el programa como en terceros países no asociados.

Además, el consejo de gobierno ha aprobado otros acuerdos en distintas materias, ha modificado la composición de distintas comisiones, ha resuelto diversos recursos y ha aprobado o ratificado un conjunto de convenios.