Recurre al Defensor porque la Junta no le certificaba que prestó servicios a esta administración

Un ciudadano ha tenido que recurrir al Defensor del Pueblo Andaluz para requerir a la Junta de Andalucía un certificado por los servicios prestados a esta administración en Córdoba, después de que pasara casi un año sin recibirlo. En concreto, trasladó su queja al Defensor para denunciar “la falta de respuesta a la solicitud de certificación de servicios prestados ante la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba”. Y en la tramitación de esta queja, el propio Defensor ha señalado que la Junta tampoco le daba respuesta a esta institución durante varios meses requiriendo información al respecto.

Así, en la queja tramitada, se explica que esta solicitud se elevó a la Junta el 6 de julio de 2023. Sin obtener respuesta para obtener el certificado solicitado, el demandante registró una queja ante el Defensor meses después, en octubre del año pasado. Y el Defensor constata que la administración autonómica aún no había respondido en mayo del año siguiente, casi un año después.

En la queja, el ciudadano exponía su solicitud de que se le expidiera un certirficado por sus servicios y, para argumentar su petición, apuntaba cómo existe normativa en la que “se establece que las certificaciones computables serán expedidas por las Unidades de personal de Ministerios, Entidades o Corporaciones, etc., donde fueron prestados los servicios, conforme modelo normalizado de certificado”.

Con ello, una vez admitida la queja a trámite, el Defensor requirió con fecha 10 de enero de 2024 a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad “el preceptivo informe en relación con estos hechos, sin entrar en el fondo de la cuestión planteada, y a los efectos de que se diera respuesta a la reclamación de la persona interesada”.

Requerimiento reiterado ante la falta de respuesta

El Defensor tampoco obtuvo respuesta a su petición de información y la reiteró ante la Junta el 20 de febrero de este año. “Se ha reiterado el requerimiento de contestación a la solicitud de información realizada por esta institución a esa Delegación (...), sin que hasta el momento se haya recibido respuesta alguna de esa administración”, exponía.

Y constata en mayo de este año que, “a pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la presentación en ese organismo del escrito de solicitud por la persona promotora de la presente queja, el 6 de julio de 2023, hasta la fecha no nos consta que se le haya notificado respuesta alguna”.

Por ello, desde la institución del Defensor del Pueblo Andaluz se requirió a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba que “sin más dilación, se proceda a dar y notificar la correspondiente respuesta al escrito presentado en esa Delegación por la persona interesada en la presente queja, informando de ello a esta Institución”.