Las quejas al Defensor del Pueblo aumentaron en Córdoba un 57% en el año de la pandemia

El número de expedientes de queja tramitados ante el Defensor del Pueblo en la provincia de Córdoba creció un 57% en el año de la pandemia. Concretamente, según los datos incluidos en el balance anual de esta institución, en Córdoba se tramitaron el año pasado un total de 270 quejas, por los 176 del año 2019.

Se trata de un incremento considerable, en la línea del aumento registrado a nivel nacional, donde el número de expedientes aumentó un 40%, y que se explica por la multiplicación de quejas relacionadas por motivos sanitarios y de empleo vinculadas a la pandemia. 

Así, según los datos del informe, las quejas tramitadas en la provincia de Córdoba supusieron el 8,93% del total de expedientes gestionados por este organismo en Andalucía, donde el aumento en esta modalidad de litigios fue del 25%.

En cuanto al número de expedientes que el Defensor del Pueblo elevó como recurso ante el Tribunal Constitucional en 2020 desde Córdoba, fueron siete. En 2019 no se solicitó este trámite en la provincia.

Actuaciones más reseñables en el informe anual

En el informe de gestión del Defensor del Pueblo aparecen varios casos registrados en Córdoba, así como el habitual informe sobre el estado de las prisiones, que sitúa al Penal de Alcolea como el tercero más poblado de España, y donde este organismo tuvo que actuar de oficio por algunas agresiones que sufrieron los funcionarios del centro por parte de los internos. El documento advierte que, tras el concurso el Defensor, “la Administración penitenciaria ha analizado estos casos y ha propuesto cambios para mejorar la prevención de estas situaciones de riesgo para los funcionarios”.

Uno de los casos más llamativos que aparecen está relacionado con las medidas de contención de la Covid-19 en los calabozos de la Policía Local de Córdoba. El informe refleja que, ante el requerimiento de información por parte del Defensor, el Ayuntamiento de Córdoba no contestó a esta cuestión. El organismo finalmente selló la queja con una serie de recomendaciones para evitar los contagios tanto en los calabozos como en las dependencias policiales (https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medidas-contra-el-covid-19-en-calabozos-policiales-2/).

El Ayuntamiento de Córdoba también aparece entre el listado de administraciones contra las que ha habido quejas relativas a la tributación de terrenos que tienen la calificación de urbanos pero que no han sido desarrollados, por lo que se atribuye a sus titulares una capacidad económica de la que carecen.

El Ayuntamiento de Córdoba, entre el listado de administraciones “no colaboradoras”

El consistorio cordobés también aparece en el listado de “administraciones no colaboradoras o entorpecedoras”, por haber eludido contestar hasta tres veces los requerimientos del Defensor del Pueblo en algunas quejas. Concretamente, se cita un caso de denegación de renta mínima de inserción social a familia sin recursos, así como información relativa a la obra de reparación en el techo derrumbado del aula del CEIP Colón de Córdoba y en relación con la acreditación de servicios sociales para obtener la ayuda para menores de 3 años escolarizados. En todos estos casos, no hubo respuesta por parte de la autoridad municipal.

En cuanto a las sugerencias, el Defensor del Pueblo exhorta al Ayuntamiento a “adoptar las medidas necesarias para retirar las ramas acumuladas en el puente del Arenal y asegurar la adecuada limpieza del cauce del Guadalquivir a su paso por Córdoba, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.4 Ley del Plan Hidrológico Nacional”, otra queja de la que no obtuvo respuesta por parte de la institución.

Además, al Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba le recomienda agilizar la elaboración de la relación de puestos de trabajo del personal municipal para su definitiva aprobación por el Pleno y aplicación de la misma, mientras que al de Pozoblanco le pide que revise el Reglamento de la Bolsa municipal de empleo, suprimiendo la baremación del empadronamiento como mérito de los candidatos “por ser contraria al principio de igualdad”, una cuestión que también demanda al Ayuntamiento de Fuente Palmera.