La Policía aplicó la “Ley Mordaza” a varias personas que se concentraron por un asesinato machista en Córdoba

Varias personas han sido sancionadas con multas de 601 euros cada una tras los hechos ocurridos el pasado 13 de abril durante la concentración de repulsa celebrada en la barriada de la Fuensanta (Córdoba) tras el asesinato machista de Tulia, una vecina de 64 años presuntamente asesinada por su expareja.

Según informan Adelante Andalucía y la Asociación de Mujeres Marianne, las sanciones han sido impuestas en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, una decisión que ha generado la protesta de estos colectivos, que consideran que se trata de una aplicación desproporcionada de la normativa en una concentración que, salvo por un momento de tensión concreto, reunió pacíficamente a alrededor de un millar de personas para mostrar su rechazo al crimen, acompañar a la familia de la víctima y exigir justicia.

El incidente durante el traslado policial

Aquella tarde, el momento de mayor tensión se produjo cuando un furgón de la Policía Nacional trasladó al presunto autor del asesinato pasando a escasos metros del lugar donde se desarrollaba la concentración, coincidiendo con el desarrollo del acto. En ese contexto se produjeron gritos de indignación y algunos asistentes se acercaron al vehículo policial. Tanto Adelante Andalucía como Marianne reconocen que hubo reacciones de enfado, en un ambiente marcado por el impacto del crimen, aunque rechazan que existiera una obstrucción real al convoy, que es el ilícito penal que se ha sancionado a varias personas, y que la ley entiende como “grave”, en vez de “leve”.

En este sentido, la Asociación de Mujeres Marianne ha denunciado en su comunicado que la actuación policial fue “negligente” por generar una situación de tensión evitable en un momento especialmente sensible. En palabras de la organización: “En el mismo momento en que la hija de Tulia estaba compartiendo su dolor, la Policía Nacional dejaba ver al presunto asesino a escasos metros, dando lugar a la indignación y el desconcierto”.

También critican que el dispositivo policial no actuara para alejarse rápidamente del lugar, sino que se produjera una detención del convoy para identificar a asistentes tras los primeros incidentes. En este sentido, denuncian una actitud “camorrista y bravucona” por parte de los agentes en ese momento. Asimismo, sostienen que “el furgón se detuvo voluntariamente, teniendo vía libre para alejarse del lugar”, por lo que consideran que las sanciones impuestas por supuesta obstrucción no están justificadas.

Por todo ello, la Asociación de Mujeres Marianne reclama la retirada de las multas y una disculpa pública de la Jefatura de la Policía Nacional hacia la familia de la víctima y la ciudadanía cordobesa.

La posición de Adelante Andalucía

Por su parte, Adelante Andalucía ha mostrado su apoyo a las personas sancionadas y ha exigido también la retirada inmediata de las multas, además de la derogación de la Ley Mordaza. En su comunicado, la formación afirma: “Queremos mostrar nuestro apoyo a las personas sancionadas tras la concentración celebrada el pasado 13 de abril en la Fuensanta”.

Añaden además que la concentración fue una respuesta legítima ante el crimen: “Alrededor de 500 personas se concentraron de manera pacífica para acompañar a la familia de Tulia y exigir justicia”. La organización denuncia que el traslado del detenido “generó una situación de tensión e indignación” por coincidir con un acto de duelo y protesta, y consideran “grave la falta de sensibilidad” en la actuación policial.

Adelante Andalucía sostiene que las sanciones impuestas “representan un nuevo ejemplo de cómo la Ley Mordaza se utiliza para limitar el derecho a la protesta y la libertad de expresión”. En su comunicado también reclaman la retirada de las multas al considerar “injustificado y desproporcionado” que personas que acudían a una concentración contra la violencia machista terminen sancionadas económicamente.

Finalmente, la formación hace un llamamiento a la ciudadanía y a los colectivos sociales para apoyar a las personas afectadas y organizar iniciativas solidarias para afrontar los costes derivados de las sanciones.

Las dos organizaciones coinciden en señalar que este caso reabre el debate sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana en contextos de protesta social, especialmente en concentraciones vinculadas a la violencia machistas e insisten en que su uso frecuente en este tipo de situaciones contribuye a limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de reunión.