Muestras de apoyo al activista juzgado por denunciar la usurpación de un camino público

El club de montaña de Córdoba Llega como Puedas, que agrupa a más de 150 senderistas y cuenta ya con casi 30 años de historia, quiere expresar públicamente su solidaridad con Manuel Trujillo y la Plataforma A Desalambrar, que será juzgado este martes 22 de febrero por participar en un acto simbólico para denunciar la usurpación del camino público del Bañuelo, situado en el término municipal de Córdoba.

En un comunicado, este colectivo considera injusto el proceso judicial que se sigue contra una asociación que se distingue precisamente por defender el derecho a transitar libremente por nuestro medio natural a través de vías pecuarias y caminos públicos protegidos por la ley, aunque sometidos cada vez más a la ocupación y usurpación de terceros.

El del Bañuelo, además, figura en el Inventario de Caminos Públicos de Córdoba y data del siglo XV, por lo que la clausura arbitrariadel propietario de la finca contraviene claramente la normativa. La intervención de Manuel Trujillo y la Plataforma A Desalambrar el pasado mes de abril formaba parte de un acto simbólico de denuncia, tal como evidencia el hecho de que el corte de la valla de alambre, que cerraba el paso del camino público, se produjo ante la presencia de varios medios de comunicación, que fueron convocados voluntariamente por los organizadores.

El club de montaña Llega como Puedas lamenta la creciente fragmentación del territorio, la proliferación incontrolada del vallado y la apropiación de nuestros caminos históricos, que dificultan el derecho ciudadano al disfrute de nuestra excepcional sierra de Córdoba. Por todo ello, exige a la administración, tanto local como autonómica, que proteja nuestro tesoro natural y vigile el cumplimiento de la ley y el respeto a los senderos catalogados como públicos. 

Ecologistas en Acción considera intolerable la acusación

Ecologistas en Acción considera intolerable que quien cierra y corta el tránsito por un camino público, que figura en el actual inventario municipal de caminos públicos de Córdoba con el número 27, vaya como acusación en un juicio contra quien defiende el acceso público al mismo. El juicio tiene como prueba un vídeo de Canal Sur donde se observa cómo se hace un corte simbólico para las cámaras de televisión de un peligroso alambre de espino, que además está expresamente prohibido por la normativa ambiental.

El vídeo mencionado anteriormente se grabó durante una marcha reivindicativa por el citado camino público, a la que asistieron concejales del Ayuntamiento de Córdoba, como Cristina Pedrajas y la recientemente fallecida Amparo Pernichi, señalan en un comunicado.

Para la organización ecologista el Ayuntamiento de Córdoba es el principal responsable de lo que está ocurriendo con el patrimonio caminero municipal. Los gestores municipales son conocedores de este conflicto, ya que cuando se produjo el cierre del camino, en diciembre de 2020, recibió la correspondiente denuncia, y no hizo absolutamente nada. Posteriormente, cuando se realizó una marcha reivindicativa, se volvió a denunciar, y se realizaron intervenciones en el Pleno del Ayuntamiento.  

En junio se presentaron más de 3.000 firmas exigiendo el libre tránsito por este camino público y por los demás caminos públicos cortados. La única respuesta del Ayuntamiento de Córdoba fue anunciar la creación de una comisión para determinar qué medidas se debían de adoptar para revertir la situación.  

Esa comisión municipal no ha tomado medida alguna por parte del consistorio. Recientemente, ante una nueva interpelación en el pleno municipal, se insiste en que se reunirá la comisión para estudiar el asunto. 

Ecologistas en Acción considera que el Ayuntamiento de Córdoba es el responsable de que este camino esté cerrado, de que las personas que intentar ejercer su derecho a paso se vean en la situación de tener un juicio, y de que algún día pueda pasar algo aún peor por su absoluta dejadez y complicidad con los usurpadores de caminos públicos. La organización ecologista muestra todo su apoyo y solidaridad con Manuel Trujillo y exige que se apliquen las ordenanzas municipales, se imponga la sanción correspondiente al propietario de la finca y le obligue de inmediato a abrir el camino público que nunca debió estar cerrado a la ciudadanía.