El Movimiento Ciudadano critica que las parcelaciones aún no tienen servicios básicos ni están regularizadas

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha afirmado este martes que la “solución mágica” que “vendió” la Junta de Andalucía para las miles de viviendas que están en situación de “alegalidad” en Córdoba, a través del Real Decreto 3/2019 de Medidas Urgentes sobre Edificaciones Irregulares, “ha demostrado su ineficacia”, de modo que la Junta “castiga a seguir sin servicios básicos a la periferia” de la ciudad.

En este sentido y según ha informado el CMC, la Comisión Mixta de Periferia del CMC y de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-zahara ha criticado que “la periferia cordobesa sigue sin soluciones para la demanda de servicios básicos y de regularización de las edificaciones irregulares, tras año y medio de vigencia” del citado decreto.

De este modo, “lo que se vendió casi como una solución mágica para las más de 10.000 viviendas de nuestra ciudad en situación de alegalidad, va camino del más rotundo fracaso, demostrándose que el decreto solo estaba pensado para las viviendas de extranjeros en la costa andaluza”.

Tanto es así que, para Córdoba, “el anuncio de que el problema tendría solución entre 12 y 18 meses desde la entrada en vigor del decreto ha resultado ser un total fiasco, ante la desesperación de las personas que habitan en dichas viviendas, en una gran parte sin poder acceder a agua potable, saneamiento o electricidad” y, “en muchos casos, sometidos a procesos de regularización urbanística interminables, de más de 20 años de duración y sin seguridad de que algún día puedan concluir”.

Para estos últimos, el decreto “ha supuesto un retroceso, al derogarse la Ley 2/2018 de 1 de agosto, que permitía el adelanto provisional de servicios”. Además, “la apuesta por el sistema AFO o los planes especiales se han demostrado sin fundamento, debido a las exigencias para su desarrollo”.

En consecuencia, para el CMC, “la urgencia y provisionalidad que tenían que caracterizar al decreto, basadas en el anuncio de una nueva Ley del Suelo de Andalucía que debía entrar en vigor en año y medio se han demostrado como irreales”, pues “a estas alturas se desconoce cuándo se aprobará dicha Ley, que ni siquiera ha comenzado su tramitación en el Parlamento andaluz y que no ha pasado de la fase de anteproyecto”.

Tampoco saben en el CMC “si las aportaciones presentadas” a dicho anteproyecto legislativo “habrán sido aceptadas, pero, en caso de no serlo, se puede anticipar que la Ley volverá a no ser útil para la situación de las viviendas de nuestra ciudad como ha sucedido con la LOUA y sus sucesivas modificaciones”.

En opinión del CMC, “los afectados deben ser escuchados y sus aportaciones deben ser tenidas en cuenta, por conocer la realidad existente”, de tal modo que “la nueva Ley debe dar respuesta a la necesidad de entender que la situación de la periferia cordobesa es más un problema social y de salud que un problema urbanístico, por lo que no se puede solventar con fórmulas de planeamiento urbanístico, como hasta ahora se pretende”.

Dotar de servicios a espacios de especial protección, “que están sometidos a legislaciones sectoriales, como es el caso del entorno de Medina Azahara o de la Sierra, agilizar los procesos de regularización de las urbanizaciones que lo permitan o limitar la creación de entidades de conservación, así como el tiempo de vigencia de las mismas, son algunas de las propuestas que debería resolver la nueva Ley, para lo que se debería crear un título específico sobre edificaciones irregulares”.