Miles de solicitudes y menos de 200 VPO al año: radiografía del déficit crónico de la vivienda protegida en Córdoba
Córdoba y provincia han registrado en los últimos 25 años un total de 4.343 viviendas de protección, según datos del Colegio Oficial de Arquitectos, la entidad encargada de visar las edificaciones. En todo este tiempo, la construcción de viviendas con precio limitado ha variado ostensiblemente de un año a otro, tal como se desprende del registro. En 2007, por ejemplo, no se visó ni una sola unidad en el Colegio de Arquitectos, mientras que dos años después fueron calificadas 934 casas como VPO en toda la provincia.
En conjunto, desde el año 2000, la media de viviendas de protección edificadas en Córdoba se sitúa en 173. El dato contrasta con la demanda de personas que necesitan un hogar a bajo precio sin posibilidad de acceder a las condiciones del mercado, nuevamente en estado de ebullición tras la crisis del ladrillo de 2008. Solo en Córdoba capital, el registro de personas demandantes de VPO se eleva a 5.041, según datos publicados por Vimcorsa en su Plan Municipal de Vivienda 2024-2029.
En estos 25 años, siempre según datos oficiales del Colegio de Arquitectos de Córdoba, se han visado un total de 20.671 nuevas viviendas. Quiere decirse que los alojamientos de protección oficial han representado un 21% del conjunto de las edificaciones. Durante muchos años, el número de VPO apenas ha llegado al centenar para toda una provincia que supera los 770.000 habitantes. En 2013, sin ir más lejos, únicamente se construyeron 27 viviendas de precio tasado y tan solo 22 en el ejercicio correspondiente a 2022.
Los ocho primeros años del siglo XXI fueron particularmente rácanos en la construcción de VPO. Solo en 2003 se superó el centenar de viviendas protegidas. La práctica totalidad fueron construidas en la provincia. Palma del Río, La Carlota, Fuente Palmera, Puente Genil, Aguilar y Baena tiraron del carro de la escasa VPO que se promovía entonces. La capital, que cuenta con 325.000 habitantes, no levantó ni un metro cuadrado de vivienda protegida hasta el año 2009.
El número de viviendas protegidas es insuficiente. Apelo a la administración a que construya más
Ese año, por cierto, la VPO experimentó un repunte inusual. Se construyeron 934 unidades de precio limitado, casi el doble que la suma de los ocho años precedentes. Lucena (166), Córdoba (120) y Cabra (118) se erigieron en el motor edificatorio de VPO en 2009. El dato es particularmente llamativo por cuanto hablamos del segundo año del crack financiero que convulsionó al planeta y el consecuente desplome inmobiliario.
Algunos años la desproporción entre VPO y vivienda libre ha sido particularmente acusada. En el año 2022, la vivienda protegida apenas alcanzó el 2,2% del total construido en toda la provincia. Los ejercicios de 2013 (8,4%) y 2023 (9,2%) no superaron el umbral del 10%; y 2005, 2011, 2017 y 2021 fluctuaron entre un 11% y un 13%. El registro estadístico también revela que Córdoba capital se erigió a partir de 2010 en la locomotora de la vivienda protegida, justo lo contrario que la década anterior. Desde entonces, todos los años, salvo 2013, la capital ha liderado la construcción de VPO en el conjunto de la provincia.
“El número de viviendas protegidas en Córdoba es insuficiente. Se necesita construir más”, afirma Juan Eusebio Benito, decano del Colegio de Arquitectos desde 2018. En su opinión, la responsabilidad de incrementar el parque de viviendas de precio limitado recae sobre el sector público. “Yo apelo a la administración, tanto municipal como autonómica y estatal. Haga usted más vivienda protegida”, recalca el arquitecto.
Las condiciones de edificación estipuladas en la normativa para VPO hacen inviable, a su juicio, la intervención de la iniciativa privada en la construcción de este tipo de viviendas más asequibles para las rentas medias y bajas. “Hoy casi cuesta lo mismo hacer VPO que vivienda libre”, subraya el decano. “Antes se hacía bastante vivienda protegida y ahora ha dejado de ser rentable”, lamenta.
Juan Eusebio Benito cree que el cometido de la administración pública en términos de vivienda es justamente actuar en los sectores que no cubre la iniciativa privada. Razón por la cual pone el acento en la responsabilidad municipal de revitalizar el casco histórico con planes de rehabilitación y “pequeñas promociones en suelo donde la inversión privada no está presente”.
En relación al desarrollo de VPO hasta el año 2010 fundamentalmente en pueblos de la provincia y no en la capital, el decano estima que la explicación podría residir en el coste más asumible del suelo. A partir de ese año, y según su punto de vista, los cambios normativos promovidos por la Junta de Andalucía pudieron favorecer la proliferación de la vivienda protegida en Córdoba capital.
En el contexto andaluz, la incidencia de la vivienda protegida no es mayor. En la última década, apenas se han registrado poco más de un millar de casas de precio tasado al año, cuando el propio Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos cifraba en 50.000 las unidades necesarias cada ejercicio para cubrir la demanda social.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo elaborado por el Ayuntamiento de Córdoba en 2010 preveía la construcción de 11.046 unidades de precio limitado en ocho años. La realidad de la VPO se quedó a una distancia sideral del objetivo marcado: solo se levantaron 1.262 viviendas protegidas entre 2011 y 2018.
La revisión del plan municipal se ha marcado un nuevo propósito para el cuatrienio 2024-2029. El documento prevé la construcción de 2.144 unidades de VPO, una tercera parte de promoción municipal. El total de inversión estimada para vivienda de nueva construcción asciende a 212 millones de euros, 82 de los cuales corresponde a financiación municipal.
Los distritos de Córdoba con mayor demanda de VPO, según el informe municipal, son Norte Centro, Norte Sierra y Poniente Norte, que incluyen a los barrios de Arroyo del Moro, Parque Figueroa, la Asomadilla, el Tablero, Electromecánicas, Parque Azahara y Las Palmeras. El 50% de los demandantes se sitúan en una franja de edad de entre 35 y 65 años, mientras que los menores de esa horquilla representan un 40%.
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