Critican “la pérdida de refuerzos docentes” en Córdoba y piden a la Junta datos sobre “los recortes”

La parlamentaria andaluza por Córdoba de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA), Ana Naranjo, ha criticado este lunes “la pérdida de refuerzos docentes en Córdoba” para el presente curso y ha exigido a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía “datos oficiales sobre el cierre de unidades y líneas en la provincia”.

En este sentido y en rueda de prensa, Naranjo ha señalado que “todavía no sabemos con certeza cómo va a afectar a cada provincia el recorte de más de 2.700 docentes con respecto al curso anterior, ni cómo van a distribuirse los recursos, con la consiguiente dificultad para la planificación del curso por parte de los centros”.

Por ello, Naranjo pedirá en el Parlamento andaluz información concreta sobre la distribución del personal docente por las provincias, ya que, “hasta el momento, solo existen estimaciones que hablan de unos 450 docentes de refuerzo para Córdoba, casi un centenar menos que el año pasado”.

La parlamentaria andaluza ha subrayado la “oportunidad que la llegada de fondos extraordinarios por parte del Gobierno central y la Unión Europea (UE), y la bajada de la natalidad habría supuesto para bajar ratios en la escuela pública y mejorar la convivencia en las aulas y la calidad educativa”, criticando, precisamente, que Educación haya “renunciado” a tal oportunidad “y siga optando por su agenda privatizadora de servicios básicos”.

Además, ha recordado que Andalucía “es la comunidad que más fondos ha recibido por parte del Gobierno de España para invertir en educación pública”, a pesar de lo cual “no estamos viendo una inversión a la altura en infraestructuras educativas, ni una apuesta por la escuela rural, como ha demostrado el cierre del CEIP Quercus de Venta del Charco, o el estado en el que se encuentran colegios como el Monte Albo, en Montalbán”.

En este sentido, Naranjo ha señalado que el Gobierno andaluz de PP y Cs debe “asumir sus competencias” en Educación y no “delegar en los ayuntamientos la responsabilidad de garantizar la seguridad en las aulas, tanto a nivel de infraestructuras, como en medidas de prevención contra el Covid-19”.