CCOO y UGT salen a la calle para denunciar “el estado crítico” de la Dependencia

Las Federaciones y Uniones de Pensionistas y Jubilados de UGT y CCOO de Córdoba han vuelto a salir a la calle hoy para denunciar el estado crítica en el que la Junta de Andalucía mantiene la gestión de la dependencia y para reclamar el cumplimiento íntegro de la Ley de Dependencia, así como de las medidas incluidas en el Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía.

Según los datos facilitados por la propia Junta, a cierre de 2023 había en Córdoba más de 2.600 personas pendientes de evaluación de su solicitud, llegando el tiempo de espera a los 557 días de media, lo que sitúa a Andalucía como la comunidad autónoma con mayor lista de espera tras Canarias, triplicando los 180 días máximos que establece el derecho administrativo. Además, hay unas 3.000 personas con resolución que no cobran la prestación y hay un número alto de personas que fallecen con la prestación concedida pero sin haberla recibido.

El secretario de Política Social de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Córdoba, Juan Puerto, señaló durante la concentración que “se requiere más personal técnico para las valoraciones y reconocimientos, más fondos para actualizar los precios de la ayuda a domicilio y del coste/plaza en centros de atención a personas dependientes y voluntad política, porque estamos ante una situación explosiva, teniendo en cuenta la proyección de envejecimiento de la población”. Además, “no podemos olvidar que el 60% de las personas beneficiarias de la dependencia son mujeres, con lo que el incumplimiento de la ley está abriendo otra brecha más de género”, recalcó Puerto.

El secretario general de la Unión de Pensionistas y Jubilados (UPJ) de UGT de Córdoba, Francisco Figueroba, resaltó la necesidad de que “en el día de hoy salimos a reclamar el cumplimiento de la Ley de Dependencia en las ocho provincias andaluzas porque en Andalucía no se está cumpliendo y existen listas de espera de más de 550 días, cuando en la Ley de 2009 ponía que debían ser, como mucho, 180 días, algo inadmisible”. Figueroba incidió en que la media de edad de las personas que demandan estos servicios es de 80 años y que en Córdoba esta necesidad “es más de atenciones que económica, por lo que necesitamos más medios y que la Ley se cumpla” y denunció que “el Gobierno central liberó el pasado año muchos millones para la dependencia y nosotros queremos saber en qué se han usado”.

El responsible de CCOO también llamó la atención sobre el déficit de plazas en residencias públicas. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra la ratio de plazas en residencias en un 5% de las personas mayores de 65 años, lo que significa que en Córdoba necesitaría más de 2.600 plazas en residencias”. Precisamente esta es una de las medidas contempladas en el Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía que “no está dando resultados”, dijo Puerto.

Por su parte, el secretario general de la UJP de UGT Córdoba señaló que en la provincia habría más de 5.000 demandantes de este servicio y denunció que “en el año 2023, en Andalucía, han muerto más de 8.000 personas con la prestación reconocida pero sin disfrutarla, algo que es muy grave, ya que si a una persona le reconocen sus prestaciones y se muere su familia no lo cobrará tampoco a pesar de que en muchas ocasiones han tenido que correr con sus gastos, en algunas ocasiones las costosas residencias, lo que es inaceptable”.