Sandokán trató de evadir impuestos usando su colección de esculturas

Rafael Sánchez Sandokán se sentará este lunes en el banquillo de los acusados con sus cuatro hijos. El empresario y expolítico se enfrenta a 44 años de prisión por 11 delitos de impago del impuesto de sociedades y del IRPF en las empresas vinculadas a su Grupo Arenal. En el escrito de calificación del fiscal se muestra el complejo sistema que este antiguo pastor de cabras tornado en platero y máximo exponente de la burbuja inmobiliaria usó con sus cuatro hijos -también acusados como él- para evadir impuestos. Triquiñuelas en las que llegó a usar su famosa colección de esculturas kitsch como parte de la maquinaria para no pagar tasas.

En su mecanismo para evitar el impuesto de sociedades sobre Arenal 2000 y Arenal 2001, ambas entidades registraron contablemente en 2006 diversas “dotaciones para la constitución de provisiones por depreciación de existencias que motivaron su correspondiente gasto fiscalmente deducible con la consiguiente minoración de la base imponible del impuesto”. Y entre esas dotaciones para ahorrar en el impuesto de dotaciones se encontraron diversas “existencias de esculturas de granito”, así como terrenos de la constructora Tremón, otros en La Tablada, junto a créditos de dudoso cobro de la empresa Larios 2000.

Además, la Fiscalía Provincial también pide una pena de 22 años de cárcel para cada uno de los cuatro hijos de Gómez, a los que acusa de haber participado junto a su padre en un megafraude a través de las empresas por el que dejaron de pagar impuestos a la Hacienda Pública. El fraude está valorado en 58,1 millones de euros. Por eso, la Fiscalía también reclamará durante el juicio a Gómez el pago de una indemnización que es el séxtuplo de lo supuestamente defraudado, lo que sumaría la astronómica cifra de 348 millones de euros. Sus cuatro hijos estarían condenados a pagar cinco veces lo defraudado: 290,5 millones de euros.

En conjunto, la principal anomalía detectada por el fiscal en la gestión de Rafael Gómez radica en la “existencia de multitud de operaciones intragrupo en los que la supuesta voluntad individual de cada persona física o jurídica quedaba diluida en la voluntad única del grupo de empresas”. En este sentido, el fiscal detecta “múltiples operaciones” entre las entidades del grupo “que no están debidamente soportadas en documentos contractuales”, así como “divergencias relevantes” entre a quiénes van destinados y afectan realmente esas operaciones. Y todo ello, junto a una constante “deslocalización arbitraria de rentas y patrimonios entre las distintas sociedades del grupo”.

Este complejo tejemaneje es extensible “a las operaciones económicas entre los socios, las personas físicas y las sociedades del Grupo Arenal”. Así, se produjo lo que el fiscal califica como “una confusión evidente entre los intereses y voluntades patrimoniales de las sociedades y las rentas y patrimonios personales”.

Es decir, “no había una línea divisoria” entre los activos ligados a las empresas con aquellos ligados a satisfacer las necesidades particulares. En este sentido, el Ministerio Público recoge que “las personas titulares del grupo” retiraron “en efectivo de diversas cuentas bancarias unos 60 millones de euros (habitualmente en billetes de 500 euros), si bien los acusados manifestaron que el destino de ese dinero era el ”consumo“. El fiscal, en cambio cree que con estas retiradas de fondos se engrasaba un complejo engranaje que usaba sociedades prestamistas -y otras del propio grupo- para repartir finalmente el dinero sin dejar documentación de préstamo alguno.