Las obras de la sede judicial de Aguilar de la Frontera comenzarán el próximo lunes
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha anunciado este jueves en el Parlamento que “la reforma en profundidad” de la sede judicial de Aguilar de la Frontera (Córdoba) comenzará el lunes 11 de noviembre y durará seis meses. Se trata de uno de los principales proyectos del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 en la provincia, con un presupuesto de 407.895,35 euros (IVA incluido) y, por primera vez, se destinarán fondos europeos a actuaciones en un edificio judicial.
En una respuesta a preguntas de la parlamentaria del PP cordobés Beatriz Jurado, Nieto ha defendido que “esta obra es un ejemplo del compromiso adquirido con este Plan de actuar en el 100% de los partidos judiciales de Andalucía y no sólo en las capitales y grandes ciudades con proyectos como la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que será la segunda más grande de España cuando esté completada”.
“Sería un gravísimo error dejar de lado los partidos más pequeños por esos grandes proyectos”, ha subrayado el consejero, tras incidir en “la importancia de vertebrar el territorio garantizando los mismos servicios a los vecinos del mundo rural que a quienes viven en las capitales”.
Aguilar de la Frontera es cabeza del partido judicial que presta también servicio a las localidades de Moriles y Monturque. El edificio de los juzgados es un palacio barroco catalogado como de interés arquitectónico con un grado de protección estructural, por lo que, con esta actuación, además de adecuarlo a las necesidades de la Administración de Justicia del siglo XXI, “conservamos un bien patrimonial valiosísimo” en el que no se ha intervenido desde 1990.
Las obras, que realizará “una empresa andaluza, Construcciones Goruiz”, se centrarán en garantizar la accesibilidad y sostenibilidad del inmueble, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y sensoriales, así como el tratamiento en la fachada y cubiertas y en el sistema de ventilación para mejorar la eficiencia energética y resolver los problemas de humedades que presenta. También se reordenarán los espacios para adaptarlos al nuevo modelo de Oficina Judicial y los futuros tribunales de instancia.
Proyectos
La reforma de los juzgados de Aguilar de la Frontera es uno de los principales proyectos del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 en la provincia junto a la nueva sede de Lucena, que ya está en funcionamiento desde el mes de septiembre, y la rehabilitación de la sede de Montilla, que cuenta con una partida de 977.325 euros en los presupuestos de la Consejería para 2025.
Para ello, además del esfuerzo inversor por parte de la Junta --37,5 millones de euros en los presupuestos de 2025 para infraestructuras judiciales--, la Consejería ha desplegado fórmulas alternativas de financiación, como la colaboración público-pública con ayuntamientos y diputaciones, la colaboración público-privada mediante la concesión de obra pública, la venta de edificios que quedarán en desuso cuando se construyan las nuevas sedes previstas y el uso de fondos europeos que, por primera vez, se emplearán en la reforma de los juzgados de Aguilar de la Frontera.
Por su parte, Jurado ha destacado que “Andalucía avanza no sólo en el presupuesto o en las mejoras de las condiciones de los andaluces, sino que avanza de forma decidida en ámbitos donde nunca lo había hecho o donde llevaba demasiados años abandonada”, elogiando a tal efecto el Plan de Infraestructuras Judiciales, “una decisión valiente” y que “después de su ejecución en el año 2030 supondrá un antes y un después en infraestructuras fundamentales”.
Además, ha recordado que “hace pocas semanas el presidente, Juanma Moreno, inauguró la sede judicial de Lucena”, después de “más de 20 años prometida”, a lo que ha agregado la cuantía que se destina por la Junta de Andalucía a la sede judicial de Montilla y ha remarcado que “una de las necesidades reivindicadas durante muchos años es también la sede judicial, muy abandonada”, de ahí que se haya interesado por “las actuaciones previstas y las mejoras que va a suponer”.
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