Asaja cree “inaceptable” la propuesta de la PAC que Planas debate con las autonomías

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha considerado “inaceptable” la propuesta de la reforma de la PAC que el ministro de Agricultura, Luis Planas, debate este miércoles con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial convocada para abordar este tema de forma monográfica.

Según ha indicado Asaja en una nota, el ministro “pretende llegar a un acuerdo con las autonomías para ver cómo será la nueva PAC en España, tras los acuerdos cerrados en Bruselas el pasado 28 de junio”. Así, desde la asociación han valorado “positivamente el rechazo a la misma que ha expresado la consejera de agricultura, Carmen Crespo”.

Por ello, han pedido “firmeza en su posición a la Junta de Andalucía, pues tiene el aval para ello de Asaja y el resto de las organizaciones más representativas del sector agrario andaluz”.

Entre los principales puntos de la propuesta del ministerio y las demandas de Asaja se encuentran, entre otros, los derechos individuales. Así, “la propuesta del Ministerio es mantener derechos individuales de pago para la Ayuda Básica a la Renta, asignados al finalizar la campaña 2022, sin definir cómo se hará esa asignación ni cómo se calculará el valor de los mismos. A partir de ese momento, los que no tengan derechos y quieran tener acceso al sistema, deberán acudir a la reserva nacional”.

Frente a ello, Asaja apuesta por “mantener los derechos al ser la única forma de que no se disparen las superficies admisibles y esto reduzca el valor unitario de los mismos”. Además, considera que esa asignación “debe realizarse en base al valor actual de los derechos históricos que ya tiene asignado cada agricultor o ganadero y debe definirse el porcentaje que se destinará a la Reserva Nacional”.

En lo que respecta a la regionalización, el ministerio “tiene potestad para mantener las actuales regiones que definen y diferencian la gran diversidad productiva de España”, pues “Bruselas no obliga a reducir regiones ni a aplicar una tasa plana”. En este contexto, la propuesta del ministerio es que “haya un máximo de 20 regiones, en las que se diferenciarán las superficies de pastos permanentes, cultivos herbáceos de secano, cultivos de regadío y cultivos permanentes”.

Asaja afirma que es un “grave e injusto error reducir las regiones sin que Bruselas obligue a ello”, pues sería “no reconocer la realidad productiva de España”. Por ello, apuesta por mantener “las actuales regiones, para que no pierdan productividad las explotaciones que más empleo y riqueza generan”.

En relación a la convergencia interna de las ayudas, Asaja ha comentado que “el ministerio tiene potestad para hacerla gradual, progresiva y con limitaciones dentro de cada región de las mencionadas anteriormente”. La propuesta del gobierno es que “el valor nominal de cada derecho convergerá hacia el valor medio de cada región en cinco años, comenzado en la campaña 2022 y finalizando en la 2026, hasta que éstos alcancen, al menos, el 85 por ciento de ese valor medio”.

Así, Asaja considera que “nunca debe superarse ese 85 por ciento en 2026, y que deben limitarse las pérdidas individuales para no perjudicar a aquellos que han hecho las cosas mejor”.

Por su parte, en lo que se refiere a la ayuda básica a la renta (actual pago básico), la propuesta del ministerio es que “sea el 60 por ciento del presupuesto total de los pagos directos, el máximo que permite Bruselas, y se cobre en base a los derechos individuales que se asignen a finales de 2022”.

Asaja ha manifestado que “debe concretarse cómo se hará la asignación de los derechos y cómo se calculará el valor de los mismos”. Además, ha resaltado “que esta propuesta vinculada a la del pago redistributivo (20% propone el ministerio), da lugar a que ese 60 por ciento quede realmente reducido a solo un 48 por ciento real de los pagos directos”. Asaja considera que el pago redistributivo debe ser “el mínimo que permite Bruselas y no más”.

Con relación al pago redistributivo, la formación agraria ha expresado que la idea del Gobierno “es subir el mínimo de Bruselas del 10 al 20 por ciento --esto implica un 12 por ciento del presupuesto total de pagos directos--, mediante un pago a las primeras hectáreas por un importe que no podrá ser superior al 50 por ciento del valor medio regional, hasta un límite igual al valor del pago medio nacional por hectárea de las ayudas directas”. Asaja solicita que se destine a este pago el 10 por ciento de los pagos directos en vez del 20 por ciento, pues supondría reducir de forma significativa, un 6 por ciento, la Ayuda Básica a la Renta.

Igualmente, acerca de los Ecoesquemas, Asaja propone que “sean sencillos y fáciles de aplicar, para lo cual tiene mucho margen el ministerio”, pues, “aunque van a suponer un importante incremento de costes, no pueden implicar que ese 23 por ciento de las ayudas puedan perderlo las explotaciones porque se impongan requisitos más allá del buen hacer de los agricultores y ganaderos y que conlleven gastos adicionales inasumibles”.

Entre otros puntos, Asaja también ha mostrado su disconformidad y posibles mejoras a las propuestas acerca de la figura del agricultor activo/genuino, el techo por explotación; las ayudas acopladas; el pago complementario a jóvenes; el programa sectorial para el olivar tradicional; las ayudas de desarrollo rural; o la condicionalidad social.