El PP pide dimisiones por el caso de la Fundación Guadalquivir

Miguel Ángel Torrico, en una imagen de archivo.
IU asegura que no tolerará que desde la Junta de Andalucía se dé "carpetazo" al caso de supuestas irregularidades en el Plan Emple@ 25

A raíz de una noticia adelantada por ABC Córdoba, en la que han salido a la luz unas supuestas "donaciones voluntarias" realizadas a una fundación afín al PSOE, Guadalquivir Futuro, por trabajadores acogidos al plan Emple@ 25, el parlamentario andaluz del PP por Córdoba, Miguel Ángel Torrico, que forma también parte de la comisión de investigación del fraude de los cursos en el Parlamento andaluz, ha destacado que se trata de una "situación grave e irregular" sobre la que se deberá pedir responsabilidades e, incluso, dimisiones. Por su parte, la diputada andaluza de IULV-CA por Córdoba, Elena Cortés, también se ha sumado a las críticas y ha añadido que es "intolerable que la máxima representante del Gobierno andaluz en la provincia de Córdoba mire hacia otro lado".

Torrico ha adelantado que en la próxima comisión parlamentaria de Empleo, planificada para dentro de 15 días, se planteará en forma de pregunta o de comparecencia pública, que el consejero de Empleo de la Junta, José Sánchez Maldonado, arrojé luz a si se va a investigar o no estas irregularidades. "Si la respuesta es sí, tendría que cesar la delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Rafaela Crespín, ya que ella afirmó que hacerlo no era competencia de la Junta, sólo 24 horas después de que el delegado de Empleo dijera que se tendría que investigar este caso. En el caso contrario, el que tendría que cesar es el propio Carmona", ha ratificado Torrico.

Ante la postura de Crespín, IU también se ha posicionado, calificándola de inaceptable y cuestionando la gestión del Gobierno Andaluz. "Lo que esto pone de manifiesto es que el PSOE y el Gobierno andaluz sigue siendo fuerte con los débiles y débil con los poderosos. No es de recibo que a personas que se encuentran en situación de desempleo y de especial dificultad se les plantee, desde la administración autonómica, que lo que tienen que hacer es irse a magistratura de trabajo si consideran que se han podido ver lesionados sus derechos", ha indicado Cortés.

Por último, el PP no tomará, de momento, cartas en el asunto, ya que están estudiando las opciones políticas, parlamentarias y judiciales. "Le daremos la oportunidad al consejero de que responda sobre este tema. Aún así, solicitamos la recopilación de los documentos del caso y todavía no hemos recibido respuesta por parte de la Junta de Andalucía", ha concluido Torrico.

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