Un Pleno dividido aprueba posicionarse en contra del uso del superávit decretado por el Gobierno

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha sido escenario este jueves de un debate cruzado entre las fuerzas de la derecha y de la izquierda sobre el decreto del Gobierno en relación al acuerdo alcanzado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el uso de los remanentes de los ayuntamientos ante la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.

Los votos del gobierno municipal -PP y Ciudadanos- con el apoyo de Vox, han sacado adelante la proposición que llevaban al Pleno para “mostrar el profundo rechazo a cualquier medida tendente a apropiarse de los ahorros de los vecinos”, en referencia al decreto del Gobierno que establece que, voluntariamente, los ayuntamientos den al Ejecutivo sus remanentes y este los devolverá en plazos, en paralelo a las ayudas previstas por el Covid-19.

La forma de llevar este debate al Pleno ya ha sido objeto de posturas encontradas entre las bancadas de los ediles: PSOE, IU y Podemos han pedido la retirada del punto del orden del día, señalando que se discriminaba a sus grupos para presentar otras propuestas, si bien el secretario del Pleno ha amparado con un informe la legalidad de la sesión plenaria para que se celebrara y se debatiera este asunto.

Así las cosas, las posiciones encontradas se han escenificado en el debate de la propuesta presentada: PP, Ciudadanos y Vox en contra de la decisión del Gobierno sobre el uso del superávit del ayuntamiento, calificándola como “un chantaje” a las entidades locales para hacerse con sus remanentes a cambio de las ayudas frente al Covid-19.  Y, enfrente, PSOE e IU -con voto en contra- y Podemos -con su abstención-, del lado de la solución que ha presentado el Gobierno para sortear la Ley Montoro que “asfixia” a los ayuntamientos y no les permite usar su supéravit directamente y que, se podría hacer con la vía presentada por el Gobierno pasando el dinero antes por sus manos.

“Apropiarse de los remanentes de los ayuntamientos”

Por parte del gobierno municipal, el proponente de la propuesta, el teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, ha calificado como “barrabasada” lo que el Gobierno “pretende hacer, apropiarse de los remanentes de los ayuntamientos, de sus ahorros”. Ha señalado que este decreto es “claramente inconstitucional” y seha cuestionado “dónde las competencias de los ayuntamientos” con este escenario. “Es un chantaje intolerable que atenta, en este caso, contra el esfuerzo de los cordobeses”, ha dicho para reiterar la posición en contra del PP, posición que también ha recordado que han expresado alcaldes de otros colores políticos, como el socialista Óscar Puentes, alcalde de Valladolid.

Su socio de gobierno municipal, Ciudadanos, por boca de su portavoz, Isabel Albás, ha pedido a los grupos de la izquierda que pidan a sus representantes en el Gobierno que “rehagan ese documento para que cuente con el apoyo de todos los alcaldes de todo el país. Si hacen eso, veremos que ese Gobierno defiende la igualdad real de todos los españoles, si hacen lo contrario, seguirán fomentando la desigualdad entre ayuntamientos de primera y de segunda”.

Por parte de Vox, el concejal Rafael Saco también se ha mostrado en contra de la propuesta del Gobierno central, que supone “un chantaje a los ayuntamientos”. “El Gobierno cree que el dinero -de los ayuntamientos- es suyo y está a su libre disposición” y, a su juicio, “persigue crear municipios de primera -los que lo acepten-, de segunda -los q teniendo remanentes no lo van a aceptar- y de tercera -lo que no tienen remanentes”. “Este acuerdo es un truco para engañar a Bruselas, para blanquear las cuentas del Gobierno antes del 15 de septiembre y entregar un documento para evitar un rescate que se va a producir. El dinero de Bruselas irá después a devolver la deuda de los ayuntamientos”, ha vaticinado.

“Resolver y gestionar los recursos”

En la bancada de la izquierda, desde el PSOE, su portavoz, Isabel Ambrosio, ha afeado reiteradamente la convocatoria de “esta bronca y este circo” para tratar el decreto del Gobierno “que puede ser mejorable en su tramitación parlamentaria, pero va a ser un decreto para la flexibilización de la Ley Montoro que asfixia a los ayuntamientos”. “Esto va de resolver, buscar y gestionar todos los recursos que nos permitan que muchos cordobeses dejen de pasar esta situación dramática que estamos padeciendo”, ha dicho, para señalar que la propuesta del Gobierno permitiría que 11 millones de euros “pueden llegar a Córdoba”.

En su turno de intervención, por IU, la concejala Alba Doblas ha recordado que la “asfixia” de los ayuntamientos provienen de la modificación en 2011 del artículo 135 de la Constitución y la posterior Ley Montoro. “Tengan la honestidad de señalar que ahí está el problema”, ha pedido al gobierno municipal. “La fórmula que ha buscado este Gobierno -el decreto para el uso de remanentes-  es una arquitectura para soventar el límite de los ayuntamientos para disponer del dinero de los remanentes sin perderlo. Si un ayuntamiento se acoge, no percerá un céntimo de sus excedentes”, ha dicho y ha criticado que PP y Ciudadana “no han planteado una alternativa. El problema es real y no han aportado una solución”. “Si de verdad les preocupa la financiación municipal, la solución es cambiar la Constitución, reformar el artículo 135 reponiendo el texto que se aprobó en 1978”.

Por parte de Podemos, la portavoz, Cristina Pedrajas, ha señalado también la modificación de la Constitución que hizo que se priorice el pago de la deuda por encima de las necesidades de inversión de los ayuntamientos y a la Ley Montoro, “el mayor atentado municipalista”. Desde su grupo, ha señalado que no estaba de acuerdo con la propuesta del gobierno local pero tampoco iban a bloquear la posición de los ayuntamientos en esta crisis. Por eso, ha pedido “llegar a acuerdos para usar los remanentes y el superávit y, a la vez, ejercer un acto de solidaridad con los ayuntamientos que no los tienen”.