Piden mejoras laborales en el sector de la seguridad privada

El PSOE ha pedido al Gobierno, mediante una proposición no de Ley registrada en el Congreso de los Diputados, que se tomen medidas para evitar la explotación y precariedad laboral en el sector de la seguridad privada como consecuencia de las condiciones en las que realiza la adjudicación de las contrataciones por parte de las administraciones públicas.

Así lo ha explicado a través de un comunicado la diputada del PSOE por Córdoba María Jesús Serrano, que ha señalado que los clientes de la seguridad privada, tanto en el ámbito público como privado, establecen, en la mayoría de los casos, como único criterio de adjudicación, las ofertas económicas más bajas.

De este modo, la adjudicación de las licitaciones de los servicios de seguridad es “absolutamente ajena a la intención de que las empresas garanticen unas condiciones laborales dignas y una prestación del servicio empresarial de calidad suficiente, lo que ha favorecido el intrusismo en el sector”, según recalca el grupo socialista.

Todo esto, apunta Serrano, ha supuesto para el sector “un horizonte de desregulación, principalmente por el abandono del convenio del sector, con el objetivo de aumentar su facturación fomentando las malas prácticas, perjudicando de forma sistemática los derechos de los trabajadores e incluso con incumplimientos en materia contributiva y con fraude fiscal”.

Además, según Serrano, a esto se suma la proliferación de las denominadas “empresas multiservicios con una clara política de intrusismo para el sector de la seguridad privada y que supone que trabajadores con categoría de auxiliares ejerzan funciones propias de vigilantes de seguridad privada en peores condiciones laborales”.

Como problema añadido, estos trabajadores presentan “menos derechos reconocidos y bajos niveles salariales, todo con el único objetivo de abaratar costes sin buscar la calidad del servicio”. Serrano ha recalcado, además, que “estamos hablando de empresas de seguridad de varios ministerios, como es el caso del Ministerio de Defensa, el de Empleo, y también en Correos”.

A esta problemática, según la diputada socialista, se suma la reforma laboral del PP, ya que “los trabajadores han experimentado recortes en sus sueldos de entre un 40 y un 50 por ciento y que llevan más de 30 años en la misma empresa, y han visto su sueldo reducido debido a la prioridad aplicativa del convenio de empresa”.

Por todo ello, el PSOE ha reclamado al Gobierno que recupere la prevalencia del convenio sectorial ante los convenios de empresa mediante la derogación de la reforma laboral. También que se adopten medidas para “garantizar el respeto del convenio colectivo sectorial de aplicación por parte de los adjudicatarios de contratos públicos, haciendo efectiva su integración de forma taxativa en los pliegos de cláusulas administrativas particulares para que se rescindan los contratos a las empresas de vigilancia que incumplan la normativa laboral”.

Igualmente, el PSOE ha pedido que se impulse una contratación pública “socialmente responsable” mediante la creación de órganos de seguimiento en los que participen las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Por último, piden que se impulse una contratación pública socialmente responsable en la ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, tal como disponen las directivas europeas.